Un hombre que utilizó a otras personas para suplantar ante la Subdelegación del Gobierno a su mujer e hijos mientras estos estaban fuera para que pudieran quedarse en España cuando volvieran ha sido condenado por la Sección Segunda de la Audiencia de Tarragona. La pena impuesta a Raymonds B. es de dos años de prisión por un delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros; 14 meses y ocho días y multa de 790 euros por otro delito continuado de falsedad en documento oficial, además de otra multa de 150 euros por una falta de estafa. Por su parte, a su esposa, Rosemary B., se le impusieron diez meses y 16 días de prisión –que queda en suspenso si no delinque en dos años– y multa de 680 por la falsedad y otra multa de 150 euros por la estafa.
El acusado, el 11 de junio de 2004, obtuvo autorización de residencia temporal por reagrupamiento familiar respecto de su mujer, la también acusada, y sus dos hijos menores de edad –ambos nacidos en Ghana–. En fechas próximas a la caducidad del permiso, y hallándose sus dos hijos y su mujer fuera de España, el acusado, para evitar el vencimiento del mismo, se personó en la Subdelegación. Solicitó una autorización de regreso respecto de su familia. Para ello aportó la tarjeta de identificación con la filiación de sus hijos, pero con la fotografía y huella dactilar de los menores que lo acompañaban. Le fue concedida la autorización de regreso de ambos hijos.
Sobre su esposa, el acusado utilizó idéntica mecánica. Acudió a la Subdelegación con otra mujer, aportando para ella la tarjeta de identificación de ésta, con la identidad de la acusada pero con la foto y huella dactilar de la persona que iba con él.
El duplicado
Una vez que se encontraban en España ambos acusados con sus dos hijos, solicitaron personalmente un duplicado de su permiso de residencia alegando la pérdida del mismo. Los funcionarios se percataron de la discordancia entre las fotografías del permiso extraviado y las que se estaban aportando en ese momento, no coincidiendo ni los rasgos físicos ni la huella dactilar de los hijos y la acusada.
Ante la sospecha de que los acusados podrían haber utilizado anteriormente dicha técnica, el Juzgado de Instrucción autorizó una entrada y registro en su domicilio el 29 de septiembre de 2011. Los agentes encontraron numerosos documentos de identificación de diferentes personas de nacionalidad extranjera, pasaportes, autorizaciones de regreso, todos ellos alterados en algunos de sus elementos esenciales, tales como fotografías o datos personales.
También se encontraron solicitudes de prueba de aptitud del permiso de conducir de dos personas extranjeras. El acusado se ofrecía a tramitar el mismo a cambio de 300 euros. Inducía a las víctimas a engaño, ya que una vez obtenido el dinero no realizaba la actividad a la que se había comprometido, todo ello con pleno conocimiento de la acusada, según la Fiscalía.
Asimismo, se hallaron resguardos bancarios de abonos realizados a favor del acusado como consecuencia de su actividad ilícita y que eran registrados en cuentas bancarias en las que figuraban como titulares los hijos menores de edad de los acusados.
