«Se ha judicializado una cuestión estrictamente política y los poderes del Estado han forzado el ordenamiento jurídico, con la aplicación abusiva y punitiva de la prisión preventiva y la condena por sedición, aplicando el castigo reservado para delitos como homicidio»... «Lo que está amenazado no es solo el soberanismo catalán. La amenaza gravita sobre la integridad de las libertades y derechos fundamentales como los de manifestación y expresión».
Esas contundentes afirmaciones que suscribe la URV como institución al aprobar, en reunión del claustro, el «manifiesto de rechazo a las condenas de los presos políticos y de la judicialización de la política» han dividido a la comunidad universitaria. El debate está latente, aún más en plena huelga indefinida en las aulas de los diferentes campus. ¿La URV como institución ha de pronunciarse en una cuestión que genera tanta división social o ha de ser estrictamente neutral dada la pluralidad ideológica de sus profesores, personal de administración y servicios y alumnos?
Victòria Forns, profesora de Trabajo Social de la URV y firmante del manifiesto del colectivo ‘Universitats pels Drets Civils’, sostiene que «ni la Universidad ni nadie pueden mantenerse al margen de lo que sucede. Sería una actitud irresponsable. Como institución la Universidad ha actuado correctamente».
Sigue Forns: «El Estado nos maltrata. La sentencia ha sido injusta. Tenemos presos políticos en la cárcel y exiliados. Hay jóvenes de Tarragona en prisión preventiva. No podemos mirar hacia otro lado. Es un hecho objetivo que hay una situación que lamina los derechos civiles. La excesiva neutralidad y la equidistancia no son la respuesta en este momento».
El doctor en Ciencias de la Educación y profesor de la URV ya jubilado Luis Fernando Valero disiente. Valero, firmante del manifiesto del colectivo ‘Universitats per la Convivència’, dice «estar totalmente en contra de que la Universidad, un lugar donde se pueden explicar todas las ideología del mundo, el territorio de las ideas, se pronuncie políticamente como institución».
«El claustro está para organizar la universidad, no para cuestiones políticas. Me parece perfecto que un profesor se pronuncie a nivel personal y cuelgue un manifiesto. Pero si yo cuelgo otro manifiesto, que lo respeten, como yo debo respetar el suyo», afirma Valero.
«La imagen de la rectora hablando con unos encapuchados no le ha hecho nada bien a la URV», lamenta Valero, en alusión a la reunión que mantuvo María José Figueras con un grupo de estudiantes a las puertas del rectorado el jueves 18 de octubre. Los estudiantes exigieron, y consiguieron, que la URV ‘cerrase’ al día siguiente durante la huelga general del viernes 19 convocada en protesta por la sentencia.
Uno de los estudiantes que participó en esa protesta, Jorge Bolet, del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), asegura que el grupo de jóvenes primero quiso reunirse con la rectora a cara descubierta en la calle, pero que esta les reclamó que dos de ellos pasasen a sus despacho. «Pretendía estar en una posición de poder», critica. Ante esa actitud decidieron volver horas después encapuchados.
«Mayoría aplastante»
Bolet defiende que «la Universidad no puede mantenerse neutral de ninguna manera. La política está en nuestro día a día. En el claustro hubo una mayoría aplastante a favor de apoyar el manifiesto. Fue un acto democrático».
De las 79 personas presentes en el claustro, 58 votaron a favor del manifiesto y 18 en contra. Es decir, hubo un 73,41% de ‘síes’.
El SEPC va más allá y exige que María José Figueras acate «personalmente» el contenido del manifiesto. «No hace ni una semana que la rectora estaba rajando de los estudiantes que ocupamos el rectorado», recuerda Bolet.
La visión de Nacho Miret, uno de los responsables del colectivo estudiantil ‘S’ha acabat. Joves per la defensa de la Constitució’ es muy distinta: «Todas las instituciones, pero en especial la Universidad tienen que ser neutrales. Los trabajadores y estudiantes tienen una gran pluralidad ideológica. Nosotros no entramos a valorar si la sentencia es justa o injusta. En todo caso, hay que respetarla como todas las sentencias».
Consultada por el ‘Diari’, la URV no quiso pronunciarse concretamente sobre la pregunta «¿la URV debe ser siempre neutral? y emitió un comunicado del «equipo de dirección» en que asegura que «la comunidad universitaria se caracteriza por su pluralidad.
En esta línea el Estatut de la URV contempla que la Universidad debe favorecer el pensamiento crítico, la cultura de la libertad y el pluralismo, así como la transmisión de los valores propios de una sociedad democrática, abierta y solidaria. El claustro es y ha sido siempre el espacio donde nuestra comunidad puede expresar libremente sus posiciones, haciendo uso de su libertad de expresión».
Más allá del puro análisis sobre la neutralidad o no, todas las personas y colectivos consultados coincidieron en descartar que haya tensión social en la comunidad universitaria de la URV. Sí que hay discrepancias, expresadas con mayor o menor vehemencia, pero no la tan cacareada ruptura entre amigos o compañeros de trabajo.
Anna Santo, delegada de la UGT en la URV, recuerda que la Universitat se ha sumado a otros manifiestos vinculados «a la realidad social, política o cultural», como el apoyo a las investigaciones de Garzón contra las dictaduras militares de Chile y Argentina, el rechazo a «la explotación laboral por las ETT», contra el PHN, contra la intervención de España en la guerra de Irak... «Es peligroso que llegue un día en que alguien le diga a la universidad de qué puede hablar y de qué no. No podemos vivir aislados de la realidad», advierte.
Su homónimo de Comisiones Obreras, Joel Fernández, asegura que el claustro «es un espacio de debate en el que la URV, como institución del territorio que fomenta el pensamiento crítico, debe poder debatir ideas políticas. Esto no so pasa ahora en que vivimos un conflicto político con posiciones enfrentadas. Por ejemplo aprobamos una declaración contra la emergencia climática o a favor de la acogida de inmigrantes, dos cuestiones también políticas».
El profesor de la URV y miembros de Ustec Albert Blas defiende que la URV se posicione dada «la deriva autoritaria del Estado y los ataques a la escuela catalana y nuestros jóvenes. Esto va más allá de cualquier opinión política. Es una cuestión de dignidad».
