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Un total de cuarenta familias del Institut d’El Morell han pedido amparo al Defensor del Pueblo por las «reiteradas muestras de falta de neutralidad y adoctrinamiento» de la dirección y parte del profesorado del centro con postulados independentistas. Ante la falta de respuesta del departamento de Ensenyament y el Síndic de Greuges, representantes de las familias, asesoradas por la Asamblea por una Escuela Bilingüe, se reunieron ayer lunes con el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, para pedirle que interceda para que las autoridades educativas realicen una investigación que depure responsabilidades.
La encuesta de la discordia
Denuncian que en noviembre de 2019 el centro autorizó la realización de una encuesta a alumnos de 3º y 4 º de ESO, en la que, bajo el pretexto de un estudio sobre usos lingüísticos, se preguntaba a los menores por su identificación con el movimiento independentista, identidad, convicciones ideológicas y creencias religiosas.
«La participación de nuestros hijos en esa encuesta se hizo de manera obligatoria y sin previa consulta a los padres, madres o tutores que no pudieron autorizar la participación de sus hijos en la misma», denuncian en una carta que han entregado a Fernández Marugán.
Además, recuerdan que durante la huelga de estudiantes celebrada en octubre en contra de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el «procés», la dirección del instituto autorizó la entrada en el centro de un grupo de alumnos con esteladas y dirigió al resto al patio para que escucharan un manifiesto en contra de la sentencia y de las instituciones democráticas españolas.
En cambio -denuncian-, prohibió la exhibición de banderas españolas por parte de algunos alumnos, «que las pintaron en sus cuadernos de forma espontánea para dar réplica a la presencia de esteladas y discursos separatistas».
«Estos dos graves incidentes no son aislados y se suman a otros en los que profesionales del referido instituto han divulgado ante los alumnos su ideología independentista, trasladando así a los menores la idea de que la institución educativa se identifica con estos planteamientos y premia a aquellos alumnos que los secunden», lamentan.
Por todo ello, piden al Defensor del Pueblo que inste a las autoridades educativas a que realicen una investigación que depure las responsabilidades de los docentes que han permitido la vulneración de derechos fundamentales de los estudiantes.
