Dos años de cárcel por lanzar un cóctel molotov contra una mezquita

El acusado de lanzar un cóctel molotov contra una mezquita del polígono Entrevies de Tarragona en agosto de 2014 aceptó ayer una pena de dos años de prisión y el pago de una multa de 1.260 euros. Antes del inicio de la vista oral en la Audiencia de Tarragona, la Fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo que evitará su ingreso en prisión. El hombre ha sido condenado por un delito de daños por incendio y otro contra la libertad de conciencia, concurriendo en ambos casos el agravante de discriminación religiosa. El acusado deberá indemnizar a la Asociación Cultural Islámica con 2.625 euros por los daños ocasionados por el fuego.

Según la sentencia dictada in voce ayer jueves por los magistrados de la Sección Cuarta, en el momento de los hechos el acusado estaba vinculado y consideraba como «referentes ideológicos» las plataformas La España en Marcha y Acción Nacional Revolucionaria, con pretensiones como el cese de la inmigración, entre otros.

Además, el individuo mantenía una conducta «xenófoba» en sus expresiones y rechazaba al colectivo musulmán con manifestaciones como «son unos vagos, huelen mal y nos invaden, son escoria de este planeta y no respetan nada», o «el Islam es y será la peor religión del mundo y la gente que la sigue, una mierda de basura».

La sentencia recoge que, a primera hora de la mañana del 22 de agosto de 2014, el hombre llenó una botella de vidrio con gasolina y colocó una bayeta en la parte superior, «con conocimiento de que estaba fabricando un artefacto inflamable conocido como ‘cóctel molotov’, apto para causar daños». Posteriormente, tiró el artefacto por una ventana abierta de la mezquita, «con el propósito de entorpecer el culto de los viernes en la llamada a la oración». Como consecuencia de estos hechos, el hombre ocasionó un incendio en el recinto que tuvo que ser sofocado por los bomberos.

Inicialmente, el procesado se enfrentaba a una pena de siete años y medio de prisión, dado que la Fiscalía también le acusaba de un delito de fabricación de artefacto explosivo, por el que solicitaba cinco años. Finalmente, este delito ha quedado excluido de la condena a raíz del acuerdo.