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El portavoz del grupo municipal de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Ayuntamiento de Tarragona, Pau Ricomà, no descarta llegar ante los tribunales para evitar lo que la formación independentista ha catalogado como de «pelotazo» urbanístico de los Juegos de 2017, como es la posible privatización de la gestión del Anillo Mediterráneo.
Desde hace semanas, el equipo de gobierno está analizando un propuesta presentada por parte de la empresa Santagadea para construir varios equipamientos del entorno de Campclar, a cambio de gestionar posteriormente los equipamientos durante cuarenta años, a cambio de un canon anual de unos 2,7 millones de euros.
Esta circunstancia ha generado una fuerte polémica entre gobierno y ERC, hasta el punto de que la portavoz del ejecutivo municipal, Begoña Floria (PSC), aseguró en una entrevista publicada en este periódico el pasado domingo que «si ERC ve algo ilegal en los Juegos, que acuda al juzgado».
Ayer, Pau Ricomà aseguró que «se trata de un expediente que está viciado desde el inicio, ya que no existe ningún informe favorable por parte del interventor», a la vez que lamentó «la deuda» que generaría la operación, ya que denuncia que supondría una mochila de más de 140 millones de euros.
«El PSC está llevando a cabo una política de completa desesperación. Deberían explicar qué extraños motivos les llevan a estudiar esta propuesta y si detrás de todo esto está la voluntad de asegurarse los nueve millones de euros que faltan para cubrir el presupuesto operativo de los Juegos», indicó ayer Ricoma en declaraciones al Diari. El líder soberanista calificó, asimismo, esta posibilidad como «la hipoteca más peligrosa que puede tener la ciudad de cara a las próximas décadas».
