ERC y Pimec piden excluir a empresas que incumplan los plazos de pago

Esquerra Republicana y la delegación territorial de la Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (Pimec) piden al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tarragona (PSC, PP y Unió) que dé «un paso más» contra la morosidad y firme con los partidos de la oposición un pacto de ciudad para proteger a las pymes y los autónomos.

La polémica surgió a raíz del pleno municipal que se celebró el pasado 19 de febrero, en el que el voto del nuevo equipo de gobierno impidió que se tirara hacia adelante la moción presentada por la formación independentista, y que estaba avalada por la patronal de las pequeñas firmas catalanas y los partidos de la oposición. En el documento se quería aprobar que el Consistorio tarraconense pudiera obligar a las empresas adjudicatarias de los concursos públicos a «garantizar el cumplimiento de los plazos de pago con las firmas que subcontraten».

Asimismo, el texto, que no vio la luz, quería «adoptar medidas» para excluir de las licitaciones municipales a las compañías «que no cumplan con los plazos legales» y establecer un certificado conjuntamente con el Col·legi d’Auditors i Censors de Catalunya que «garantice el cumplimiento real de las condiciones de morosidad legalmente establecidas por parte de las empresas adjudicatarias».

PSC: ‘Ya se hace’

El concejal de Hisenda, Pau Pérez (PSC), aseguró que «si ERC quiere hacer un pacto de ciudad sobre los autónomos y las pymes, lo que deberíamos hacer es negociar cinco o seis puntos nuevos, ya que lo que piden ya se está haciendo de una forma mejor».

En esta línea, el máximo responsable económico de la corporación local expresa que «ya estamos haciendo un control exhaustivo de los proveedores, con medidas que hemos implementado desde hace más de un año».

Desde la administración municipal se enfatiza que, desde principios de 2015, en los pliegos de cláusulas de los concursos hay una condición de «especial ejecución» que supone que los contratistas y proveedores municipales de obras, servicios y suministros que contraten con terceros tienen la obligación de pagarles dentro del plazo que marca la ley. La condición que se pone en el contrato establece que el Consistorio puede sancionar a la empresa con el importe equivalente a los intereses de demora si ésta incumple sus obligaciones con la tercera firma. Asimismo, en caso de que el Consistorio reciba una queja de un subcontratista, podría rescindir el contrato con el adjudicatario.

ERC: ‘No hay obligatoriedad’

El portavoz de ERC, Pau Ricomà, lamenta que «los argumentos del PSC son falsos». A juicio del edil independentista, «los pliegos de cláusulas sólo contemplan la posibilidad de solicitar los comprobantes de pago y la posibilidad de sancionar a las empresas incumplidoras, pero en ningún caso se establece la obligatoriedad por parte del Consistorio de realizar esta demanda ni la obligación de las empresas adjudicatarias de certificarlo». Asimismo, el político de Esquerra Republicana añade que «tampoco se prevé excluir automáticamente de futuros concursos a las empresas morosas con las pymes subcontratadas».

Por su parte, Pimec manifestó mediante un comunicado de prensa que si el gobierno tarraconense hubiera aprobado la moción «habría establecido medidas para excluir de los procesos a las empresas que no cumplen», por lo que «las pymes mejorarían su competitividad y el acceso a la contratación pública, ya que los proveedores del Consistorio no demorarían los pagos a sus compañías subcontratadas».