El 62,5% de familias de TGN llega con apuros a final de mes

¿Cuánto gastan las administraciones más cercanas en paliar las necesidades de su población vulnerable? En el caso de los ayuntamientos de la demarcación de Tarragona, la respuesta es 89 euros por habitante (36 menos que en la media de Catalunya) cuando se trata de la atención de carácter «benéfico-asistencial», es decir, a grupos con necesidades especiales como jóvenes, tercera edad y personas con discapacidad.

En lo que se refiere al otro gran gasto en esta materia, el de «servicios sociales y promoción social», el gasto por habitante es de 66 euros (42 menos que la media de Catalunya). En este capítulo entran, entre otros, la asistencia social primaria, la promoción de la igualdad de género, la promoción y reinserción social de personas en riesgo de exclusión y las transferencias a las entidades que se dedican a atender a estos colectivos.

Así se desprende del barómero publicado por la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya y que este año, por primera vez, estudia la realidad territorio por territorio. Anna Albareda, gerente de la Taula del Tercer Sector, explica que uno de los datos que más le llamaron la atención de los resultados en Tarragona es que los porcentajes de inversión de los ayuntamientos son, independientemente del número de habitantes de los municipios, más bajos que en la media de Catalunya.

El estudio, que recopila datos del Instituto Nacional de Estadística(INE), el Institut d’Estadistica de Catalunya (IDESCAT), el Departament de Treball Afers Socials i Famílies de la Generalitat y el Ministerio de Hacienda, tampoco deja mejor parados a los Consells Comarcals.

En la demarcación trabajan 309 entidades; el 27% se dedica a las personas mayores

Estos entes supramunicipales en la demarcación de Tarragona gastan, de media, 31euros por habitante en atención benéficoasistencial. Es evidente, además, la diferencia entre el que menos gasta -el del Tarragonès- que destina 18 euros por habitante, y el que más -el Priorat- con 85 euros. En este caso, no obstante, los autores del estudio advierten que las diferencias tendrían que ver también con que algunos consejos están asumiendo todas las competencias sociales porque tienen municipios pequeños que no prestan directamente servicios sociales.

En el caso de la Diputació de Tarragona el gasto en atención benéficoasistencial es de 4 euros por habitante y en servicios y promoción social, de 0,60.

Sin poder llegar a fin de mes

Pero, si por una parte a Albareda le llama la atención la poca inversión de los entes locales de Tarragona, también lo hace la realidad social. En el Camp de Tarragona, por ejemplo, un 62,6% de las familias dice tener dificultades para llegar a fin de mes (la media catalana está en el 49,7%).

Además, en el Camp de Tarragona el procentaje de las familias que necesita ayuda para bienes básicos (16,5% ) dobla la media catalana, mientras que en Terres de l’Ebre es aún mayor y llega hasta el 24,4%.

Explica Albareda que la intención del estudio es conseguir que los entes locales y las entidades del sector social sepan cómo y dónde concentrar sus esfuerzos. Pone el ejemplo de la comarca de la Conca de Barberà, donde en la mitad de los hogares se ha cobrado una prestación por desempleo a lo largo del año. Hay que aclarar, no obstante, que el dato se refiere a las familias donde uno de sus miembros ha cobrado el paro al menos un día en este período, no a que la mitad de la población esté en situación de desempleo.

La labor de las entidades

El estudio también se fija en la realidad de las entidades sociales. En el caso de la demarcación de Tarragona, la Taula cuantifica 309. El colectivo más atendido es el de los mayores (27%), seguido de la infancia (21%), las personas con discapacidad (18%) y la pobreza y exclusión social (13%).

Anna Sabaté, coordinadora de Creu Roja Tarragona, explica que los datos del estudio no le sorprenden y «nos sirven a las entidades locales para para hacer evidente que se necesitan más recursos para atender a las personas vulnerables. Esto ya lo vemos las entidades».

Señala que hace unos dos años existía cierto optimismo al pensar que algunos colectivos que habían comenzado a recibir ayuda durante la crisis estaban mejorando su situacion, pero lo cierto es que tienen muchas «recaídas».

Un dato clave, señala, tiene que ver con que muchas de las personas que atienden ya no están desempleadas, sino que tienen un trabajo precario «y resolver esto es algo que va más allá de los entes locales».

También Marta Tutusaus, directora de la Fundació Onada, cree que «los resultados del barómetro ponen en evidencia la necesidad de un trabajo de diseño conjunto de políticas sociales de proximidad».

Desde la fundación reclaman «mayor compenetración entre administraciones y entidades para garantizar una equidad en los recursos y la igualdad de oportunidades y proyectos dirigidos a la población más vulnerable».

Por su parte, Salvador Grané, director de Cáritas Diocesana de Tarragona, considera que, en lo que se refiere a la comparación de Tarragona con el conjunto de Catalunya, ésta no es tarea fácil, puesto que no es igual lo que puede invertir un municipio pequeño o mediano en gasto social que una gran ciudad y, de estas últimas, no hay ninguna en Tarragona. Recuerda, además, que los municipios solo están obligados a ofrecer servicios sociales a partir de los 20.000 habitantes.