El ACA controla 9.682 pozos legales en Tarragona para evitar riesgo de caídas

No es infrecuente encontrarse con uno de esos pozos como el que se tragó al pequeño Julen en un paseo por los montes y los campos de la demarcación de Tarragona. Suelen ser, por lo general, estructuras que sobresalen en el terreno de forma muy visible, pero también hay agujeros más o menos ocultos, mejor o peor tapados, que suponen un riesgo.   

Y es que en nuestra geografía abundan este tipo de construcciones, realizadas para extraer agua del subsuelo. De hecho, sólo en la provincia de Tarragona la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) tiene contabilizados un total de 9.682 pozos legalizados –en toda Catalunya la cifra asciende a 33.619-.

La  legislación actual establece una serie de obligaciones genéricas al concesionario para mantener las infraestructuras de captación en buen estado. Pero el problema surge cuando se dejan de explotar. Consciente de ello, el ACA ha elaborado una guía de criterios técnicos para la reposición del dominio público hidráulico en los supuestos de extinción, abandono y clausura temporal de aprovechamientos de aguas subterráneas, de modo que queden perfectamente sellados. Incluso indica a los propietarios la forma de proceder y el material que deben utilizar para que el cierre del pozo no represente un riesgo para personas o animales. 

Con esta medida el ACA pretende eliminar el riesgo de accidentes por la presencia de un espacio abierto en el terreno, impedir actos vandálicos y que el pozo pueda utilizarse como depósito de materiales contaminantes o escombros, evitar la entrada de contaminantes desde la superficie, evitar modificaciones en el comportamiento hidráulico de las aguas subterráneas y prevenir la mezcla de agua entre diferentes acuíferos. 

Los pozos ilegales

Y es que los pozos abandonados representan un gran peligro para las personas, sobre todo para los niños, que pueden caer en su interior. Además, un pozo que no esté debidamente protegido puede favorecer la caída de algún animal o de otros contaminantes que pueden afectar a la calidad del agua.

Pero más complicado resulta el control sobre los pozos ilegales, que también los hay. Fuentes del ACA informan que «en el caso de que nos llegue una denuncia por un pozo o perforación en deficientes condiciones de seguridad se da traslado al ayuntamiento correspondiente, en tanto que es el ente competente en materia de protección civil».

Pero además, la Agencia realiza la tramitación que proceda si se trata de un aprovechamiento de aguas subterráneas (se investiga la captación y si está debidamente legalizada, la cantidad de agua que se propone extraer y se procede a tramitar la legalización en caso de que sea viable o bien su clausura). «En caso de recibir denuncia o detectar un pozo que ha sido abierto de un modo ilegal, se lleva a cabo una inspección para determinar el responsable y, a partir de aquí, analizar y determinar la posible infracción y ver si se debe legalizar o clausurar la captación». 

Pero el problema persiste con esos pozos ilegales de los que ninguna administración tiene conocimiento y cuyo cierre, en el caso de que se halle cerrado, carece de las condiciones que garanticen cierta seguridad.