El Gobierno presiona para anular las investiduras independentistas

Así lo argumenta la máxima representante del ejecutivo estatal en el Principat mediante una carta que, el pasado viernes, envió a los altos funcionarios de las corporaciones locales, a la que ayer tuvo acceso este periódico. En la misiva, Llanos de Luna recuerda a los secretarios municipales «el criterio expresado» el pasado 26 de mayo por parte de la Junta Electoral Central (JEC) de que «no debe entenderse como válida» la fórmula ideada por la AMI, ya que pese a que la propuesta independentista respeta, inicialmente, la fórmula tradicional de investidura, sí que incluye una segunda parte que, a juicio de la Junta Electoral Central, «condiciona su sentido propio».

En la fórmula que puso sobre la mesa la entidad soberanista –que concentra a más de 700 de los 947 ayuntamientos catalanes– se instaba a los ediles a mantener, inicialmente, la forma habitual de toma de posesión, por lo que los concejales manifestaron, textualmente, que «juro o prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como la norma fundamental del Estado».

Asimismo, desde la AMI se instó a los políticos para que añadieran una segunda parte, que rezaba que ««asimismo, por expresión democrática de la voluntad ciudadana, anuncio que quedo a disposición del nuevo Parlament, del President y del Gobierno de la Generalitat de Catalunya que surjan de las elecciones del 27 de septiembre de 2015, para ejercer la autodeterminación de nuestro pueblo y proclamar, junto con todas nuestras instituciones, el Estado catalán, libre y soberano».

‘Evitar el fraude de ley’

En la carta firmada por Llanos de Luna se indica que «en la jurisprudencia constitucional se indica que no bastaría solo con emplear la fórmula ritual, sino emplearla, además, sin acompañarla de cláusulas o expresiones que de una u otra forma vacíen, limiten o condicionen su sentido propio, sea cual fuese la justificación invocada para ello».

Asimismo, en el criterio expresado por la JEC –en respuesta a una consulta realizada del secretario del Ayuntamiento de Falset–es que, como mucho, sí que se acepta que se añada la expresión «por imperativo legal» en la fórmula de juramento, pero insiste en que no es válida una expresión que «implique fraude de ley o desnaturalización o vaciamiento del contenido del juramento o promesa» de acatamiento de la Constitución.

La Subdelegación ‘lo estudia’

La iniciativa de la administración estatal podría dejar en vilo –en caso de que se llegara hasta los juzgados y de que estos dieran la razón a los demandantes– las investiduras de un gran número de concejales que, el pasado sábado, optaron por tomar posesión con la fórmula de la AMI. En este sentido, en la ciudad de Tarragona usaron esta opción los cuatro ediles de ERC(Pau Ricomà, Mònica Alabart, Xavier Puig y Jordi Fortuny), así como dos de los tres de Convergència i Unió (Albert Abelló y Cristina Guzmán).

Asimismo, en Reus utilizaron la fórmula independentista los dos concejales de ERC (Noemí Llauradó y Joan Guix), mientras que los de Convergència i Unió la evitaron. En el mismo pleno,el portavoz de Ciutadans, Juan Carlos Sánchez, afirmó que llevaría el acta ante la Junta Electoral y la Subdelegación del Gobierno Central. Fuentes de la administración central indicaron ayer los servicios jurídicos de la corporación estatal estudiarán la vía que llevarán a cabo.

‘Aspiración programática’

Las fuentes del AMI consultadas ayer por el Diari ven «muy poco probable» que la Subdelegación lleve las investiduras ante los tribunales, ya que el polémico texto que interpretaron los ediles «sólo son legítimas aspiraciones que vienen concretadas en los programas electorales de cada formación».

La sectorial de la AMI de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local per la Independència contestó el pasado domingo la misiva de Llanos de Luna. En el documento, los altos funcionarios lamentan «la muestra de desconfianza» realizada por parte de la política del PP, a quien acusan de actuar «a partir de una demanda de la entidad Societat Civil Catalana».

En la carta, los secretarios expresan a Llanos de Luna que «no podemos impedir la investidura de ningún concejal», sea cual sea la fórmula que lleve a cabo. «En todo caso, eso sería competencia de los tribunales», por lo que califican la misiva de la representante estatal como de «coercitiva, completamente inaceptable y sesgada», ya que «los informes de la Junta Electoral Central no tienen ningún valor jurídico».

Asimismo, los altos funcionarios de la AMI consideran que Llanos de Luna «se ha atribuido funciones que no le tocan para intentar condicionar la actuación de los secretarios de Catalunya, generando dudas e inseguridades», por lo que le mostraron su «más enérgica queja».