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El Supremo limita las declaraciones políticas de los plenos municipales

El tribunal sentencia que los consistorios solo pueden opinar sobre cuestiones de su competencia

Octavi Saumell

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Imagen reciente de un pleno municipal. Foto: Alfredo González

Imagen reciente de un pleno municipal. Foto: Alfredo González

El Tribunal Supremo considera que los plenos de los ayuntamientos solo pueden mojarse sobre cuestiones que son de su competencia directa. Así se pone de relieve en una sentencia dictada el pasado 26 de junio, en una resolución que viene a consecuencia de dos recursos presentados a raíz del proceso soberanista en Caldes de Montbui y Cercs. Los plenos de estos dos municipios declararon que sus localidades se encontraban «en territorio catalán libre y soberano», a la vez que pusieron de manifiesto «que la voluntad mayoritaria de los ciudadanos es que esta soberanía sea ejercida por un nuevo Estado libre y soberano».

Después de años en los tribunales –el caso ha pasado por el juzgado número 13 de Barcelona y el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)–, el Supremo ha concluido que la declaración es «nula» de pleno derecho y ha creado jurisprudencia sobre el alcance de lo que pueden aprobar los municipios, ya que hay dos sentencias en el mismo sentido.

El alto tribunal resuelve que Caldes de Montbui no podía pronunciarse sobre una cuestión que traspasara su competencia municipal y, «aún menos», plantear una «modificación total» de la organización territorial del Estado «sin tener en cuenta ni siquiera la reforma de la Constitución», aunque fuera a través de una declaración política. «Es procedente anular un acuerdo del pleno de un Ayuntamiento que consista en una declaración de naturaleza política, siempre que la misma se encuentre al margen de las cuestiones de interés municipal y de las competencias que corresponden a la entidad local», reza la sentencia.

«Degradan el poder municipal»

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Tarragona están «analizando» la sentencia, pero a primera vista consideran que, de entrada, la resolución se limita solo a los dos municipios afectados directamente, por lo que no ven problema en que se sigan aprobando mociones de carácter político o general. «Se abre la puerta a posibles impugnaciones, pero éstas llegarían varios años después de que fueran aprobadas», indican las fuentes consultadas. En este sentido, el alcalde Pau Ricomà (ERC) afirma que su formación hará «lo que digan los técnicos municipales».

Los partidos del Saló de Plens, a excepción de Ciutadans y Partido Popular, critican el posicionamiento del Tribunal Supremo. «El Estado está aprovechando la judicialización de la política sobre el Procés para limitar el poder municipal. Quiere degradar la capacidad democrática de los Consistorios», se lamenta desde En Comú Podem.

En la misma linea se expresa Pau Pérez (PSC), quien no cree que la sentencia tenga repercusión. «Solo se abre la puerta a impugnar, pero poco más. Seguiremos presentando todas las mociones que consideremos que interesan a la ciudadanía de Tarragona», indica el edil socialista.

Cristina Guzman (JxTGN) lamenta que la decisión del tribunal «busca silenciar a la ciudadanía», y reivindica que «pese a que la inmensa mayoría de nuestras mociones son de carácter municipal, hay cuestiones relevantes en las que debemos posicionarnos».

Desde la CUP, Laia Estrada se muestra contundente: «No acataremos una sentencia que es el enésimo apuñalamiento de la deriva antidemocrática y autoritaria del Estado español», afirma la concejal cupaire, quien añade: «Cumplir esta sentencia significa aceptar que la ciudadanía de Tarragona no puede opinar sobre temas que le condicionan su día a día, como son la sanidad o los derechos laborales».

Cs y PP la acatarán

En el otro lado de la balanza, el portavoz de Ciutadans, Rubén Viñuales, cree que «esta sentencia simplemente afirma lo que la mayoría de ciudadanos pensamos: que los Ayuntamientos deben dedicarse a sus competencias propias y dejarse de perdidas fútiles de tiempo en temas de los que carece competencias».

Finalmente, José Luis Martín (PP) considera que «cada administración pública debe resolver las cuestiones derivadas del ámbito de sus competencias». A su juicio, el representante de la formación conservadora añade que «durante años ha habido partidos que han usado las mociones, sabiendo que no tenían ningún efecto vinculante, con objetivos claramente políticos».

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