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Viene de: El Ayuntamiento pide al juez que no amplíe la investigación del Jaume I
El próximo 27 de junio se cumplirán 16 años desde que el pleno municipal del Ayuntamiento de Tarragona aprobara, con los votos a favor de CiU, PSC y PP, el pliego de cláusulas para adjudicar las obras del párking Jaume I. Casi un año después, el 28 de mayo de 2001, el consejo de administración de Aparcaments Municipals acordó, por unanimidad, la constitución de la Unión Temporal de Empresas con Sistemas Alem, y el 26 de marzo de 2002 se adjudicaron las obras a esta UTE por un valor de 3,9 millones de euros. Pocas semanas después, el 11 de junio de 2002, se iniciaron unas obras que se convirtieron en una auténtica pesadilla para los vecinos de la Part Alta.
Después de cinco años y medio de catas, problemas, sorpresas y sobrecostes, el 22 de febrero de 2008 el Ayuntamiento de Tarragona decidió suspender sine die las actuaciones. El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), motivó la decisión en la «incertidumbre», la «indefinición» y la «desconfianza» de los estudios de viabilidad.
Ballesteros también anunció ese día que las obras ya sumaban un coste de 25, 7 millones de euros, más de seis veces el presupuesto inicial. Una de las primeras medidas fue prescindir de los servicios del hasta entonces responsable de la obra, Jesús Trasobares (ya fallecido), que también ejercía como gerente de la Empresa Municipal de Transports (EMT) y fue un hombre de confianza del exalcalde Joan Miquel Nadal (CiU). Ballesteros también aseguró que una ingeniería externa decidiría «en quince días» el futuro del equipamiento. Sin embargo, la respuesta se retrasaría siete meses. El 28 de agosto de 2008, el informe determinó que el párking Jaume I no sería «inteligente», y que debería ser remodelado para convertirse en uno convencional.
El administrador de Sistemas Alem, Rafael León –también desaparecido–, respondió que «nuestro proyecto para construir el párking Jaume I no es éste. Por lo poco que hemos podido ver, hemos constatado que se han hecho barbaridades por apropiarse indebidamente de la tecnología», afirmó. Seis días después, el Ayuntamiento anunció que llevaba el caso a la Fiscalía.
Comisión de investigación
Posteriormente, la comisión de investigación del caso, formada por varios técnicos municipales, señaló en verano de 2009 que el expresidente de Aparcaments Municipals de Tarragona (AMT), Xavier Magriñà, y el gerente de la misma compañía, Jesús Trasobares, serían los responsables del despilfarro.
El documento constataba también que se produjo «una alarmante falta de reacción» por parte del anterior equipo de gobierno, formado por CiU y PP.
En febrero de 2011 el Consistorio rediseñó el espacio para adecuarlo a un aparcamiento convencional. El proyecto preveía una instalación para 319 plazas, cuyo coste de construcción sería de 5,6 millones de euros.
En septiembre de 2012 la administración municipal sacó a concurso la obra y construcción del párking. Sin embargo, esta licitación quedó desierta, ya que las compañías interesadas querían sacar a la venta más del 30% de las plazas previstas en el pliego de cláusulas. Entonces, en enero de 2013 el Ayuntamiento inició negociaciones con tres empresas que sondearon a la corporación local, pero que no se presentaron al concurso. Pese a ello, en noviembre de ese año un informe jurídico advirtió al equipo de gobierno que debía convocar un nuevo concurso para construir el Jaume I, ya que el principio de acuerdo con alguna firma vulneraba las cláusulas de la licitación.
Entre marzo y abril de 2015 se llevó a cabo la encuesta ciudadana para decidir el uso del agujero. Cabe descatar que en esta consulta sólo participaron 239 personas, y que la opción favorita fue destinar el equipamiento para ser utilizado con fines «culturales, sociales y de ocio». Por ello, poco después el PSC anunció su voluntad para que la instalación se conviertiera en la nueva Casa de la Festa, una opción que no fue bien vista por el resto de partidos del pleno.
