El cártel del montaje se enfrenta a indemnizaciones de hasta 250 millones

El cártel del montaje industrial que operó en Tarragona durante más de una década y recientemente sancionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se enfrenta a indemnizaciones de hasta 250 millones. Es la estimación aproximada de la compañía Consultores Técnicos, que ha realizado ese cálculo inicial a raíz de la documentación que las víctimas están aportando y con la ayuda de diferentes herramientas econométricas. 

Se trata, pues, de un nuevo frente abierto, más allá de la multa impuesta por la CNMC, que ha alcanzado los 54,26 millones, a repartir entre las 19 empresas que formaban parte de este entramado. Esta red operó por toda España pero tenía en el potente tejido industrial tarraconense uno de sus epicentros principales. 

La resolución sancionadora de la CNMC, que data de octubre, dejaba la puerta abierta a posteriores reclamaciones: «No corresponde a la CNMC cuantificar para cada licitación la diferencia entre el nivel de las ofertas resultantes de la existencia del cártel y el que habría resultado por el juego de la libre competencia, que se podrá dirimir en una eventual indemnización de daños y perjuicios».

Primeros cálculos
Esta empresa de peritaje y consultoría técnica está trabajando con  compañías afectadas por esta red que incurrió en prácticas prohibidas. «Tenemos algún preacuerdo con clientes que ya nos están facilitando información al respecto. Ahora todas las sociedades mercantiles afectadas tienen la posibilidad de interponer demandas. Estamos cuantificando los sobrecostes para que a partir de ahora se tengan que posicionar las partes jurídicas en los juzgados mercantiles», explica Frank Rodríguez, director general de Consultores Técnicos, que añade: «El primer cálculo es que las indemnizaciones a las empresas afectadas puede alcanzar los 250 millones». 

La firma, que tiene experiencia en procesos similares con otros cárteles, indica que se posicionará de lado de uno o de varios afectados. «La multa impuesta por la CNMC no ha sido excesivamente abultada pero las indemnizaciones sí que pueden serlo más. Por poner un ejemplo: por uno de los contratos de mantenimiento de equipos dinámicos del sector petroquímico se podría haber encarecido el contrato en 500.000 euros más intereses. Estamos ante un proceso complejo que irá para largo», aclara Rodríguez. 

La trama actuó ampliamente en la provincia, amañando al menos 32 contratos entre 2005 y 2007. En la provincia, los afectados son gigantes como CLH, Dow Chemical, Repsol o el Port de Tarragona, en una red que también afectó a trabajos en el almacén de gas –ya fallido– Castor y que alcanzó incluso a obra pública en Reus.  

Hay un total de 744 proyectos y licitaciones afectados en toda España. De esos, 32 están identificados y ubicados en Tarragona, aunque la cifra real y definitiva podría ser mayor, puesto que hay servicios que no están localizados geográficamente. La detección del cártel fue posible gracias a la denuncia realizada por la empresa Navec, que tiene su sede central en La Pobla de Mafumet, junto a la refinería de Repsol. Es algo habitual que una firma que ha participado en un cártel acabe por denunciar su existencia en la CNMC a través del llamado Programa de Clemencia, beneficiándose luego de la exención. En su caso, no tuvo que pagar la multa impuesta y consistente en 9,3 millones. 

Las empresas que formaban parte del cártel eran muy especializadas, estaban vinculadas al montaje y al mantenimiento y se repartían clientes y licitaciones a través de acuerdos. Pactaban y fijaban precios mínimos para encarecer sus servicios a empresas del sector energético y petroquímico y así obtener más beneficios.  

En un comunicado, Navec ha aclarado que «en todo momento ha colaborado con la CNMC para esclarecer y poner fin a posibles prácticas irregulares en materia de competencia». La compañía añade que «llevó a cabo una investigación interna que concluyó con la adopción, en 2017, de diversas medidas, tanto correctivas como preventivas, para la mejora de sus protocolos de control en materia de competencia».