El dilema con el IBI de la TAP

Pau Ricomà tiene una nueva patata caliente sobre la mesa. El Ayuntamiento de Tarragona debe decidir en pocos días si acepta la propuesta de la Diputació de Tarragona –presidida por Noemí Llauradó (ERC)– para mantener la bonificación que, desde 2015, tiene la corporación provincial en el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de la Tarraco Arena Plaça (TAP), cuyo recibo asciende a unos 20.000 euros.

Hace cuatro años, el pleno municipal avaló conceder a la administración supracomarcal una rebaja del 90% del tributo en la parte del gravamen correspondiente al incremento del recibo «en relación a ejercicios anteriores como consecuencia directa del aumento del valor catastral por las nuevas obras y construcciones», que en el caso de la antigua plaza de toros supuso una inversión de más de 25 millones de euros para reformar, por completo, el equipamiento.

Por ello, en una carta que el vicepresidente primero del ente del Passeig de Sant Antoni, Quim Nin (Junts), ha enviado al Consistorio solicita que «se continúe aplicando la bonificación», ya que considera que «continúan existiendo las mismas circunstancias» que motivaron la rebaja impositiva, que era para cinco años y que finaliza este 31 de diciembre.

En el documento, al que ha tenido acceso el Diari, el gobierno de la Diputació expone que, por sus características «singulares», la TAP «permite la realización de eventos de gran formato, se desarrollan actividades económicas de especial interés o de utilidad pública en las que concurren circunstancias sociales o culturales».

Asimismo, en la misiva Nin resalta que el emplazamiento situado entre las calles Jaume I, Mallorca, Sevilla y Eivissa es usado «por las fiestas de Sant Magí y de Santa Tecla», así como «para la celebración del Concurs de Castells y otros eventos como los Juegos del Mediterráneo», los cuales asegura que «han tenido y tienen una gran y extraordinaria repercusión social para la ciudad».

Asimismo, la Diputació va más allá en su petición. En la carta de Nin se plantea que, si no se puede prorrogar la rebaja actual, «se establezca una nueva regulación en la bonificación potestativa de la que pueda gozar el inmueble de la TAP».

«Allí se venden hamburguesas»

La propuesta ya está ahora en los despachos de la Plaça de la Font. Tras los desencuentros por la Savinosa, el pago del IBI puede ser ahora un nuevo motivo de división entre las dos principales administraciones comandadas por ERC en la provincia. Debe tenerse en cuenta que la petición llega en un momento en el que las arcas municipales ya han notado un descenso de 6,5 millones de euros en ingresos por tasas e impuestos, una cifra que a final se teme que pueda doblarse, llegado a los 12 ó 13 millones.

Por si fuera poco, Esquerra, y especialmente el ahora concejal de Serveis Centrals –Jordi Fortuny–, se mojó sobre el tema solo cinco meses antes de Municipales. El 21 de diciembre de 2018, cuando el pleno de la Plaça de la Font debatió si en la TAP «se llevan a cabo actividades económicas de especial interés o de utilidad pública», el edil de ERC manifestó que «la propiedad pública del equipamiento queda desvirtuada por la gestión privada. La Diputació no ejerce la propiedad pública, ya que la TAP la gestiona una empresa con ánimo de lucro», afirmó ese día el ahora segundo teniente de alcalde, quien criticó que «los organizadores del Concurs de Castells tuvieron que pagar 3.000 euros por cada día de actuación para usar el espacio». Fortuny justificó el «no» a bonificar el IBI porque «en ese emplazamiento se venden hamburguesas. Ahora podríamos estar incurriendo en una competencia desleal con los establecimientos del entorno que también lo hacen». ¿Donde dijo digo, dirá Diego?.