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El juez obliga a Airbnb a retirar 2.700 anuncios de pisos ilegales en Tarragona

Una sentencia del TSJC establece que la plataforma de alquiler tiene estructura local y debe acatar la norma catalana. En Catalunya debe eliminar 12.000 casas que carecen de registro

Raúl Cosano

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Zona de Salou donde abundan los pisos turísticos. FOTO: Pere Ferré

Zona de Salou donde abundan los pisos turísticos. FOTO: Pere Ferré

Cerco a Airbnb. La plataforma de pisos turísticos debe retirar en la provincia 2.706 anuncios ilegales que están colocados en su web. O no tienen el Número de Registro de Turisme de Catalunya (NRTC) o bien figura uno erróneo. Es la estadística de la Agència Catalana de Turisme después de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) haya dado la razón a la Direcció General de Turisme por exigir que el gigante del alojamiento cumpla la normativa catalana.

Así, debe dejar de anunciar las viviendas sin número de registro, que acredita su legalidad. La medida afecta a 12.000 anuncios en Catalunya. El 22% de los anuncios irregulares están ubicados en la provincia, donde Airbnb y otras plataformas tienen un peso específico importante como intermediarios en el alquiler turístico.

El enfrentamiento en los tribunales se ha prolongado cinco años. En marzo de 2014, Turisme inició actuaciones administrativas contra Airbnb Ireland (ABBI) y Airbnb Online Services Spain SL –ahora Airbnb Marketing Services– (AMS) para que eliminara publicidad de viviendas sin registrar.

La compañía recurrió. Alegaba que la sede barcelonesa solo se encargaba del marketing local y que no realizaba una actividad turística sino de operaciones tecnológicas. También argumentaba que la normativa catalana vulneraba la directiva 2000/31/CE de comercio electrónico y la ley de servicios de la Sociedad de la Información. Sostenía, asimismo, que los servicios eran de conector, no de intermediario. La sentencia del TSJC, a la que ha tenido acceso el Diari, sostiene que la plataforma «no es meramente un tablón de anuncios electrónico en el que operan los usuarios negociando y cerrando transacciones».

La resolución judicial también alude al registro como «instrumento» para la «protección de los derechos de los destinatarios de los servicios» y también para «la lucha contra el fraude». En ese sentido, el fallo judicial dice que «existen pronunciamientos que reflejan el problema que genera la oferta como viviendas turísticas de aquellas que no tienen esa condición» y alude al «subarriendo de viviendas sin el conocimiento del propietario y el consiguiente fraude a los consumidores».

Papel activo en el entramado

El juez acaba aceptando la resolución «que obliga a la sociedad irlandesa y a la española, ambas del grupo Airbnb, a retirar de la web aquellas viviendas que se oferten como turísticas y no tengan tal condición». En suma, la sentencia viene a concluir que la sede barcelonesa de Airbnb tiene un papel activo en el entramado empresarial y, por tanto, debe acatar las reglas territoriales. El fallo del TSJC reconoce el papel activo de la firma en la contratación: «La captación de los ofertantes (o «anfitriones») se hace en España a través de la sociedad Airbnb Marketing Services, cuyo único accionista es la empresa matriz, de manera que sin la actividad de esta difícilmente se podrían ofertar viviendas situadas en España».

Finalmente, la sala contenciosa-administrativa, sección quinta, del TSJC desestimó las demandas presentadas desde Barcelona e Irlanda, confirmando las resoluciones recurridas por ambas y dando la razón a Turisme.

La propia Generalitat sostiene que no está en contra del modelo ni de los nuevos formatos del negocio turístico. Así lo expone la sentencia: «No niega a la parte actora que pueda ejercer la actividad de intermediación, sino que considera que no puede ofertar como viviendas turísticas aquellas que no lo son, entendiendo que únicamente las que están registradas tienen esa condición».

La legalidad influye en el precio

En una línea similar se expresa el sector turístico. «Todo lo que sea perseguir lo que no está legalizado es muy positivo. Si pones en una plataforma un piso legal y uno ilegal, el factor precio decanta», explica Joan Calvet, presidente de la Associació d’Apartaments Turístics Costa Daurada.

Calvet ve en Airbnb un formato bienvenido siempre que se cumpla la normativa: «No puede ser que alguien esté publicando algo ilegal en el mercado. Tenemos asociados que trabajan con Airbnb. Es un factor positivo, siempre y cuando los anuncios que se pongan sean todos legales, con su número de registro».

La Generalitat no se opone a ese modelo de negocio pero reclama legalidad en los registros

En Catalunya, Airbnb deberá retirar 5.343 pisos sin número y otros 6.478 con número no coincidente con los registros oficiales, sumando ese total de 11.821. Airbnb ha tejido alianzas en el sector turístico, mientras desde hace tiempo está cada vez más en duda su papel como empresa emblemática dentro de la llamada economía colaborativa. Los expertos inciden en que estos modelos distan mucho de los patrones que se entienden así. «Hay que distinguir entre la economía de plataforma, que no es más que el negocio de empresas que viven de internet, y los soportes de intercambio, que suelen ser gratuitos o de ‘quid pro quo’, y con un alcance más limitado», cuenta Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil y director de la Cátedra de Vivienda de la URV.

Mayo Fuster, directora de investigación sobre economía colaborativa en la UOC, insiste en esa línea: «La labor de estas plataformas no se puede calificar como algo colaborativo, porque se actúa más como una gran empresa. No entra una lógica de compartición de un recurso, no predominan las relaciones ‘peer to peer’ y ni siquiera se basa en el conocimiento abierto». Para Fuster, sólo una parte de las ofertas generadas en estas plataformas pueden catalogarse como economía colaborativa: «No se trata de ir contra la innovación pero lo colaborativo tiene que cumplir requisitos como una responsabilidad social por los impactos o el ‘open source’. No se facilitan los datos, a no ser que se hagan técnicas de ‘scrapping’ para obtenerlos y el usuario no puede hacer portabilidad de esa información, está como encerrado».

A pesar de que hay acercamientos con el sector, las patronales hoteleras han acusado a la plataforma de ser el nido de apartamentos ilegales que eluden sus obligaciones fiscales, con lo que logran ofrecer precios más competitivos al quedarse fuera del marco normativo. La compañía admite haberse movido desde el inicial espíritu colaborativo a la profesionalización.

En un comunicado reciente, Airbnb ha dicho que este año reforzará las normas de comportamiento entre viajeros, anfitriones y ciudades de todo el mundo donde opera, para evitar el ruido excesivo, los huéspedes no autorizados, el estacionamiento no permitido, fumar y la suciedad que requiera limpiar después del pago. Además, durante 2020 concretará un tipo de comunicación directa «donde los alcaldes y funcionarios municipales podrán conectarse con los representantes apropiados de Airbnb», sobre estas nuevas políticas, según el comunicado de la plataforma. El invitado que incumpla las nuevas normas recibirá una primera advertencia y «cualquier otra posterior violación de las normas puede resultar en la suspensión o eliminación de la cuenta».

Para determinar incumplimientos, Airbnb aceptará información directamente de los anfitriones o de los vecinos, a través de la herramienta para vecinos de Airbnb o la próxima línea directa de vecinos de la plataforma. La web no prohíbe eventos autorizados (hay huéspedes que reservan anuncios para acoger reuniones que respeten sus normas y a los vecinos), pero se prohíben fiestas de «invitación abierta» en casas privadas y residencias multifamiliares (para las unifamiliares, los anfitriones fijan las reglas de la casa en coherencia con la comunidad). La excepción se hará con los anuncios de alojamiento tradicional que figuran en Airbnb (como hoteles boutique y lugares para eventos profesionales), que pueden establecer sus reglas en fiestas abiertas, aunque también se atenderán quejas. 

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