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El magistrado de Familia que fue expedientado en TGN, apartado del Juzgado

El Tribunal Supremo no acepta su petición de seguir en su puesto mientras se resuelve su recurso contra los tres años de suspensión

ÀNGEL JUANPERE

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El Juzgado de Familia de Tarragona tiene ámbito provincial. FOTO: PERE FERRE/DT

El Juzgado de Familia de Tarragona tiene ámbito provincial. FOTO: PERE FERRE/DT

Manuel Arce Luna, el magistrado que desde el 2 de julio de 2019 estaba al frente del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Tarragona (Juzgado de Familia) ya ha dejado su puesto. El Tribunal Supremo no ha aceptado su petición de seguir ocupando su sillón mientras el alto tribunal no resuelva el recurso de casación que presentó contra la suspensión de tres años que le fue impuesta por una infracción muy grave de desatención de sus deberes al frente del mencionado Juzgado. Se trata del juez más expedientado de España. Ha llegado a contabilizar hasta 15 procesos disciplinarios, tanto por su falta de consideración hacia los funcionarios y abogados –con insultos incluidos– como por su poco trabajo.

La llegada del magistrado al Juzgado de Familia de Tarragona levantó ampollas. Los funcionarios veían con muchas reticencias a su nuevo jefe. Y él no tardó en darles la razón. El Col·legi d’Advocats y los propios funcionarios buscaron el amparo del presidente de la Audiencia Provincial. Una inspección determinó que hasta el 30 de septiembre de dicho año –prácticamente durante dos meses– acumulaba 56 sentencias por dictar y 14 autos –seis de ellos de medidas cautelares que debían acordarse por diligencias realizadas en julio–. Se determinó que los casos pendientes de resolución habían aumentado un 17 por ciento, la mayoría divorcios y modificación de medidas cautelares como consecuencia de separaciones.

Cuando se hizo cargo del Juzgado había 199 casos pendientes y a finales de septiembre habían ascendido a 272, el tiempo medio de respuesta dada había aumentado de 6,09 meses a 7,59, y el número de sentencias pendientes de dictar había pasado de 10 a 56. Y es que durante dos meses no dictó ni una sentencia.

Esa inspección conllevó que se suspendiera al magistrado, de forma cautelar, durante seis meses, según acuerdo unánime de la Comisión Disciplinaria del CGPJ. Pero el 28 de julio del año pasado, el pleno acordó dictar «una sanción de tres años de suspensión como autor disciplinariamente responsable de una infracción muy grave de desatención prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial». En el mismo se recoge que se consideran faltas muy graves «la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales». Y el CGPJ le impuso la sanción máxima.

Seguía en su sillón

Pasaron los meses y él seguía en el Juzgado. Presentó ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo un recurso de casación contra la decisión del CGPJ, después de que se le agotara la vía administrativa. Paralelamente, y como medida cautelar, solicitaba que mientras no hubiese una decisión en firme, pudiera continuar en su puesto de trabajo. Pero el TS no lo ha aceptado, por lo que tuvo que marcharse de Tarragona. Ahora, su puesto es ocupado por un sustituto, al igual que el juez de refuerzo que se puso para desatascar la acumulación de casos y trabajo.

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