Estafadores, corruptos y ladrones, entre los indultados en Tarragona

Una mujer que entró en casa ajena y causó un incendio. Un falsificador de moneda condenado a cuatro años de cárcel. Varios ladrones que intimidaron con armas y que emplearon la violencia. Delincuentes contra la salud pública. Malversadores de caudales públicos, falsificadores de documentación, conductores temerarios bajo la influencia de bebidas alcohólicas o maltratadores en el ámbito familiar.

Todos ellos son personas absueltas en Tarragona durante los últimos años. En total, el Gobierno ha concedido el indulto a 119 delincuentes de la provincia en las últimas dos décadas. En España, se ha superado la cifra de los 10.000 ‘perdones’, tanto por pequeños hurtos o menudeo de drogas como por corrupción. Bien es verdad que la cifra ha ido descendiendo en los últimos años.

La casuística en Tarragona es muy diversa. Hay delincuentes contra la seguridad del tráfico, robos con intimidación y utilización de objeto peligroso y varias condenas por malversación de caudales públicos, unos de los delitos más recurrentes, según el recuento que se realiza a través de la web y la aplicación ‘El indultómetro’, que aglutina todos los casos en España publicados previamente en el BOE.

Entre ellos, situaciones más o menos variopintas, destaca un condenado por la sección primera de la Audiencia Provincial de Tarragona por malversación de caudales públicos en Ascó. Tuvo que asumir una pena de un año de prisión e inhabilitación absoluta durante seis años y un día. Posteriormente fue indultado y llegó a ser un alto cargo político de la Generalitat de Catalunya.

También es posible encontrar en la lista de absoluciones algún indultado que en su día fue condenado por un delito de omisión del deber de socorro, con una pena de 10 meses de prisión a la que se añade un delito contra la salud pública. Le cayó una pena de cinco años de prisión y una multa de 60 millones de pesetas. El indulto fue de dos años de cárcel.


Se estrecha el cerco
Los indultos, siempre rodeados de polémica, vuelven a la palestra mediática, después de que el Congreso haya dado luz verde para acabar con estas medidas de gracia a los corruptos y a los condenados por violencia de género.

A falta de la votación final, todos los grupos del Congreso manifestaron su apoyo a la toma en consideración de la proposición de Ley del Grupo Socialista, una iniciativa que defiende el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ya anunció en diciembre su intención de prohibir los indultos a los condenados por corrupción. Los grupos han compartido el fondo de la propuesta para «evitar que los corruptos usen el blindaje del indulto» .

La propuesta recoge el guante de las numerosas voces críticas que en los últimos años han surgido en torno a estas medidas. Hay posturas muy contundentes como la de la asociación Jueces para la Democracia. La entidad considera que con los indultos el ejecutivo «usurpa» las funciones del poder judicial. Joaquim Bosch Grau, magistrado y portavoz de la entidad, ha criticado la actitud de los ejecutivos: «Los gobiernos deberían, al menos, fundamentar de manera suficiente los indultos, porque no se entienden en qué casos se conceden y en cuáles no». Añade: «Se puede comprender un indulto en personas con riesgo de exclusión social, con poco margen para no delinquir, pero no en los grandes delitos financieros cometidos desde el propio Estado».

Más allá de la medida, hay otra praxis criticable, como sostiene el fiscal jefe de Tarragona, Xavier Jou: «La experiencia aquí es frustrante. Aunque en la mayor parte de los casos nuestra opinión ha sido desfavorable a la concesión del indulto, como esta valoración no es vinculante, no ha sido muy tenida en cuenta».

Jou es partidario de que sea el propio tribunal el ente que demande el indulto. Para algunos, la figura de esta absolución es un aliado del poder político. También la asociación de jueces Francisco de Vitoria considera que el indulto, nacido como un derecho del monarca absolutista en una época sin división de poderes, tiene hoy en día muy poco sentido. El abogado de Tarragona Francisco Zapater aporta una de las voces más contestatarias. «La ley que regula los indultos es obsoleta y anclada en el siglo XIX. Una ley que genera un pozo negro de arbitrariedades, pues faculta al gobierno para conceder indultos sin necesidad de motivarlos y sin posibilidad de recurrirlos. O sea, porque lo digo yo, y que nadie rechiste», escribía en un artículo. Zapater define la normativa como «una herramienta de poder tan golosa que los gobiernos la han mantenido hasta ahora».

El letrado tarraconense apuesta por que sea una medida excepcional, y además apuntalada sobre una seguridad jurídica que ahora no tiene. «Hay dos ingredientes principales. Que existan razones de justicia, equidad o conveniencia pública para conceder un indulto, y que se motive la decisión», zanja Zapater.