Girona pondrá el martes «a disposición de TGN» el parqué del Palau cedido a Fontajau

El parqué del Palau d’Esports cedido «temporalmente» al pabellón gerundense de Fontajau estará en condiciones de poder volver al Anillo Mediterráneo de Campclar la próxima semana. Así lo aseguran al Diari fuentes del Ayuntamiento de Girona, las cuales afirman que el Consistorio de la capital de la Costa Brava pondrá el martes «a disposición de Tarragona» el suelo que el pasado mes de febrero se trasladó al equipamiento municipal de Girona para compensar las consecuencias ocasionadas por el temporal Gloria, que impedían que sus conjuntos profesionales de baloncesto –tanto el de categoría masculina de la Liga LEB Plata como el de la Liga Endesa Femenina– pudieran competir como locales.

En su momento, antes de la crisis sanitaria del coronavirus que estalló el pasado 14 de marzo, el gobierno municipal de la Plaça de la Font (ERC-Comuns) justificó la decisión «en un acto de solidaridad», debido al hecho de que en Tarragona no se podía usar el parqué debido a la falta de acuerdo con la Generalitat de Catalunya para cerrar el traspaso de la gestión del Palau d’Esports a manos municipales. «En la situación inversa también nos hubiera gustado que lo hicieran con nosotros», afirmó el 5 de febrero la concejal de Esports del Ayuntamiento de Tarragona, María José López (ERC).

Ayer, desde el ejecutivo local se reconoció a este periódico que el parqué volverá de forma «inmediata» a la instalación del Anillo Mediterráneo, que justo ahora cumple dos años de su puesta en marcha tras la inauguración oficial que sirvió como previa del inicio de los Juegos del Mediterráneo de 2018. Asimismo, desde la Secretaria General de l’Esport se confirmó el próximo traslado.

Críticas de la oposición

La cesión hace ya cuatro meses del parqué a Girona ha generado malestar entre las formaciones de la oposición. «Es un tema que empieza a ser grave. La Generalitat debería pensar en la utilidad que puede tener el parqué en Tarragona este verano, sobre todo en los campus y actividades para jóvenes», indica el concejal del PSC Berni Álvarez, quien valora que el suelo vuelva a la ciudad en una época en la que el Palau «puede tener un papel importante debido a las normas de distanciamiento obligatorio». En este sentido, el edil socialista considera que la apertura del equipamiento este mismo verano «permitiría tener un primer contacto de cara a la gestión definitiva».

Por su parte, José Luis Calderón (Ciutadans) denuncia que la situación que se vive desde hace más de cien días, con un equipamiento sin parqué, «es una prueba más de la pérdida de valor de la capitalidad y peso específico de Tarragona en el conjunto de Catalunya». El edil de la formación naranja critica también que el gobierno municipal «no ha sabido gestionar ni liderar» la negociación para desencallar la instalación deportiva.

Igual de crítico se muestra el teórico socio del equipo de gobierno, Junts per Tarragona. «Lo único que sabemos es que, tras dos años desde la finalización de los Juegos, ni la ciudadanía ni ninguna entidad de la ciudad ha podido usar un equipamiento que no es propiedad de Tarragona», indica el portavoz Dídac Nadal, quien añade que la cuestión del parqué «ha sido un nuevo menosprecio a nuestra ciudad». En este sentido, el líder del grupo municipal de Junts recuerda que «se nos aseguró que volvería antes de verano, pero oficialmente tampoco sabemos nada».

Desde la CUP, Laia Estrada recalca que «el problema no es si el parqué está en Girona o vuelve ya, sino que dos años después de los Juegos la ciudad sigue sin poder utilizar el Palau d’Esports de forma regular por culpa del caos jurídico con la Generalitat». A juicio de la portavoz de la formación anticapitalista, la cesión el pasado mes de febrero del suelo a la capital de la Costa Brava «fue un gesto de solidaridad, pero no podemos obviar que si lo hicimos fue debido al desuso de un equipamiento inútil que costó una morterada». Pese a ello, la cupaire tiene claro que el parqué «debe volver», pero «cuando podamos usar las instalaciones de una vez por todas».

Finalmente, José Luis Martín (PP) recuerda que «ya habíamos advertido que sucedería, pero es la humillación habitual a la que la Generalitat tiene sometida a Tarragona, unido a un alcalde que en su primer año no ha defendido los intereses de la ciudad que gobierna».

Pleno en julio sobre el Palau

Precisamente, a lo largo del próximo mes de julio el alcalde de Tarragona –Pau Ricomà (ERC)– convocará un pleno extraordinario para aprobar las bases que servirán para proponer a la Generalitat que el Consistorio pase a gestionar el equipamiento en las próximas semanas.

El pasado 15 de junio técnicos de ambas administraciones sellaron el acuerdo jurídico definitivo para que el pabellón, con capacidad para 5.000 espectadores y que costó 18,4 millones de euros, pueda pasar a ser gestionado por el Patronat Municipal d’Esports. La fórmula acordada comportará que el Ayuntamiento, que es el propietario del solar sobre el que se construyó el equipamiento, aprobará en el pleno una «mutación demanial» en favor de la administración autonómica. Esto significa que el consistorio cederá la titularidad para que, posteriormente, sea el Govern el que haga lo mismo con la construcción en favor de la administración municipal, que una vez inscrita la finca en el registro de la propiedad será la encargada de llevar sine die el día a día de la instalación, sin pagar ningún canon a la Generalitat por el uso del espacio.

La opción definitiva se logró tras la modificación de dos leyes autonómicas –la de Règim Local y la de Patrimoni– que se incorporaron en la Llei d’Acompanyament de los presupuestos autonómico que se aprobaron en el Parlament de Catalunya el pasado mes de abril, y que abren la puerta para que la Generalitat pueda ceder a otra administración pública la gestión de parte de su propiedad siempre que se mantenga el dominio público del recinto.

El alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, aseguró ayer que su objetivo es «nutrir de actividad regular» el Palau d’Esports «de manera inminente» y poner el punto y final, de esta manera, a dos años «con la instalación cerrada y prácticamente sin ninguna utilidad».