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Agentes del Departamento de Asuntos Internos de los Mossos d’Esquadra registraron la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social en Tarragona para recabar información sobre posibles irregularidades en las subastas de vehículos embargados. Los agentes, que se personaron en el edificio gubernamental situado en la Rambla Nova 84 por dos veces en el período de un mes, investigan la posible conexión de una serie de automóviles que fueron destinados a subasta pública y que, finalmente, podrían haber pasado a manos de agentes o familiares de estos.
La investigación, al frente de la cual se encuentra un juez y que está bajo secreto de sumario, intenta esclarecer por qué algunos automóviles que fueron embargados no llegaron al depósito de vehículos que la Tesorería General de la Seguridad Social tiene en Tarragona para que los posibles pujadores pudieran ver su estado.
Se trataría de unos siete u ocho automóviles que habrían sido embargados en Tortosa y que nunca llegaron al depósito de Tarragona y que, en cambio, podrían estar en el depósito de la policía autonómica en la capital del Baix Ebre y, en algunos casos, incluso, en poder del deudor, que ejercería como depositario.
Posible fraude de ley
Los vehículos embargados proceden de empresarios y también de personas que están dadas de alta en el régimen de autónomos que habrían contraído deudas con la Seguridad Social. Este organismo, tal y como ocurre con Hacienda, tiene la potestad de realizar embargos ejecutivos para poder cobrar los impagos. Así, la Seguridad Social embarga los bienes del deudor, entre los que suele haber un automóvil. Cuando se procede al embargo, los Mossos son los encargados de precintar el vehículo, que se traslada, mediante una empresa contratada por la Seguridad Social, a un depósito donde puede ser visto por aquellos interesados en hacerse con sus servicios mediante subasta pública.
En algunas ocasiones y por diversas razones, los vehículos no se trasladan al depósito central, sino que es el propio deudor quien ejerce de depositario –con el coche precintado– hasta que el automóvil es adjudicado. Esto fue lo que, al parecer, sucedió en Tortosa. El responsable de decidir quién es el depositario mientras el proceso de subasta está abierto es el Recaudador Ejecutivo. En casos como el de Tortosa y para evitar gastos de desplazamiento –se utiliza una grúa que lleva el vehículo hasta el depósito–, el Recaudador Ejecutivo puede decidir no trasladar el automóvil para ahorrar dinero. Los agentes de los Mossos d’Esquadra investigan también la posible relación del Recaudador Ejecutivo con el no traslado de los vehículos a Tarragona y si este hecho se hizo de forma injustificada o para favorecer a alguien en concreto.
El hecho de que un automóvil no pueda ser visto en directo en el depósito puede restar pujadores en la subasta. Se establece una lista con todos aquellos vehículos que han sido embargados y los potenciales postores se desplazan al depósito para ver su estado. Si el automóvil no se encuentra en el depósito es muy probable que no haya nadie que puje por él porque no se puede comprobar en qué estado se encuentra. La puja no se hace en el depósito, frente a los vehículos, sino que se presenta mediante un documento. Los coches que se quedaron en este caso en Tortosa fueron adquiridos por ciudadanos de aquella zona. El hecho de que no hubiera pujas desde Tarragona podría facilitar que el adjudicatario final se hiciera con el vehículo por solo un 60% –como máximo– de lo que sería su valor de tasación por la falta de postores, quizás incluso menos.
En todo caso, no se trataría de grandes sumas de dinero por dos motivos: no es una gran cantidad de vehículos que no son, a su vez, de altísima gama. Las subastas son completamente abiertas al público y los familiares de los agentes y estos mismos pueden participar sin ningún problema, siendo todo completamente legal.
La investigación se encaminaría, pues, a esclarecer si hay un posible fraude de ley a la hora de favorecer una subasta benigna para algunos ciudadanos al mantener una serie de vehículos «ocultos» a ojos de la mayoría de postores, un hecho que abarataría, pues, su coste a la hora de presentar una oferta para su adjudicación.
Se desconoce el destino final de esos vehículos, es decir, si finalmente fueron adquiridos para el disfrute personal del nuevo adjudicatario o bien para ser revendidos y, de esta manera, obtener unos beneficios económicos gracias a la diferencia entre el precio de compra en la subasta y el precio de venta a una posible tercera persona.
La investigación sigue abierta mientras el caso continúa bajo el secreto de sumario. De momento no se han producido detenciones a la espera de los resultados de las pesquisas llevadas a cabo por los investigadores. Unas investigaciones que revelarán si, finalmente, hay delito o no en este caso de automóviles embargados por impago a la Seguridad Social y que fueron puestos a subasta.
