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El caso de un menor de 13 años que fue lesionado por los Mossos d’Esquadra durante una carga policial en la huelga general de 2012 llegará finalmente a juicio el próximo mes de febrero en la Audiencia Provincial de Tarragona. Mientras el fiscal no ve infracción penal en los hechos –sí pide el pago a la víctima de 500 euros de indemnización–, la acusación particular solicita tres años de prisión por un delito de lesiones, además de abonar 1.329 euros.
El escrito de la Fiscalía recoge que sobre las once y media de la mañana del 14 de noviembre de 2012, con motivo de la huelga general convocada, un piquete formado por unas 200 personas se aproximó hasta el centro comercial El Corte Inglés. Dicho establecimiento se encontraba protegido por dotaciones de los Mossos d’Esquadra –cuatro furgonetas de los ARRO– «en prevención y mantenimiento del orden público» y de que se causaron daños en sus bienes.
Los agentes, al ver acercarse al piquete, se desplegaron formando una líneas disuasorias, que hizo que los manifestantes pasaran de largo por la avenida, en dirección descendente, llegando hasta el Hospital Joan XXIII, desde donde regresaron a la avenida President Companys.
Desplazar contenedores
Al llegar a la plaza Generalitat, los manifestantes comenzaron a desplazar contenedores de basura y a atacar a las furgonetas policiales mediante el lanzamiento de piedras, botellas y un hierro de grandes dimensiones, «con el consiguiente peligro para los agentes que se encontraban en su interior». Ante ello, el intendente de la comisaría de Tarragona ordenó a los agentes el desalojo de la zona. Inicialmente, las furgonetas se dirigieron a los alborotadores haciendo uso de los prioritarios acústicos y luminosos, sin éxito. Ante ello, los agentes bajaron para disolver al grupo violento.
Con esta acción, una parte del grupo inicial se desplazó por la avenida Vidal i Barraquer, mientras que el otro se mantuvo en la plaza, continuando en ambos casos con el lanzamiento de objetos contra los agentes, que debieron retirarse al interior de los vehículos policiales, iniciando la marcha por la avenida Vidal i Barraquer. Allí bajaron de nuevo a pie, formando varias líneas, que fueron forzando a los manifestantes a retroceder y a dispersarse.
5 años ha tardado el caso en llegar a juicio. Durante este tiempo ha habido muchos recursos. La instrucción duró más de dos años.
Durante este episodio, una persona –que no ha sido identificada– continuó con su actitud violenta de lanzamiento de objetos que supuestamente llevaba en la mochila. Al verlo, el agente que será juzgado inició su persecución, golpeándole una vez de arriba a abajo con la defensa reglamentaria en la mochila. Al intentar un segundo golpe y para ganar impulso, llevó su defensa hacia atrás, momento en que impactó en la cabeza del menor, que se hallaba detrás del agente, que no se había percatado de su presencia. La víctima necesitó cuatro puntos de sutura bajo anestesia local, antiinflamatorios y analgésicos. Las heridas tardaron diez días en curarse y le queda como secuela una pequeña cicatriz.
Para el fiscal, los hechos serían constitutivos de una falta de lesiones imprudentes. Pero dicha infracción quedó despenalizada por una reforma que se hizo en 2015.
La acusación particular
El escrito de acusación particular se centra prácticamente en el momento de la agresión. Señala que el agente comenzó a correr por la avenida Vidal i Barraquer «con el bastón policial levantado y blandiéndolo de manera no reglamentaria, es decir, de arriba a abajo y dando varios golpes, contra (..)». En uno de estos, al volver a blandir la porra para dar otro golpe, «éste impactó contra la cabeza del menor», que se encontraba en el lugar de los hechos junto con su madre.
Durante el juicio están citados a declarar como testigos agentes y personas que estaban en el lugar.
