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La Fiscalía de Tarragona ha decidido finalmente archivar las diligencias abiertas a raíz del acto proreferéndum que se hizo en la Tàrraco Arena Plaça (TAP) el pasado 14 de septiembre y que algunos consideraban ilegal después de que el Tribunal Constitucional prohibiera la consulta del 1 de octubre. Para el Ministerio Público, el acto se enmarca dentro de la libertad de expresión y de reunión reconocido por la Constitución.
El decreto de la Fiscalía, al que ha tenido acceso el Diari, señala que sobre las ocho de la tarde del 14 de septiembre de 2017 se celebró en las instalaciones de la Tàrraco Arena Plaça el acto inaugural de la campaña a favor del referéndum ‘ilegal’ de autodeterminación del 1 de octubre. Dicho encuentro había sido organizado por la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Òmniun Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que había hecho publicidad del mismo en su red social Twitter, con el siguiente llamamiento: «Vine a l’acte d’inici de campanya del sí».
En el transcurso del acto intervinieron el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras; la diputada en el Parlament y coordinadora del PdeCat, Marta Pascal; la diputada de ERC Marta Rovira; el portavoz del secretariado nacional de la CUP, Joaquim Arrufat; el diputado por JxSí y secretario general de Demòcrates de Catalunya, Antoni Castellà; la diputada de JxSí y miembro del Partit Moviment d’Esquerres Mes, Magdalena Casamitjana; el presidente de la ANC, Jordi Sánchez; la presidenta de la AMI, Neus Lloveras, y finalmente el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. Todos ellos, en sus intervenciones, defendieron el derecho a votar en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre.
Al acto asistieron unas 7.500 personas, según la Fiscalía, y fue objeto de una gran publicidad. En el Diari de Tarragona se recogía la noticia bajo el titular «TGN acoge mañana el primer acto público de desobediencia». Las diligencias de investigación penal incoadas por la Fiscalía se abrieron raíz del escrito enviado por el Cuerpo Nacional de Policía en el que comunicaba la celebración del acto. Quien también envió un informe al Ministerio Público sobre el acto fue el intendente mayor de la Guardia Urbana, donde relataba el dispositivo que había preparado dicho cuerpo policial para garantizar la seguridad de las personas asistentes a un acto cuyo formato suponía, según el escrito, la afectación de la vía pública, al esperarse la asistencia de unas 7.000 personas.
En su razonamiento del porqué se archivan las diligencias, la fiscal recuerda que la celebración de actos públicos en defensa de ideas u opciones de tipo político no constituyen más que una manifestación del derecho a la libertad de expresión y de reunión, reconocidos por la Constitución española. «El derecho a la libertad de expresión y la libertad ideológica son pilares de una sociedad libre y democrática, quedando proscrita cualquier actividad de poderes públicos tendente a controlar, seleccionar o determinar gravemente la mera circulación pública de ideas o doctrinas».
A pesar de la participación en el acto de diputados en el Parlament de Catalunya, esta acción no está comprendida en aquellas que expresamente fueron prohibidas por la resolución del Tribunal Constitucional, al estar amparada por el derecho a la libertad de expresión.
La condición de aforados en el momento de su participación en el acto de campaña no impide que se proceda directamente al archivo de las diligencias, «por cuanto la acción es claramente atípica».
Millo: «Es delito»
El delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, el mismo día del acto, avisó al Govern, entidades y partidos independentistas de que podrían incurrir en un «delito» si celebraban el acto. «Vamos a esperar a que haya una rectificación», señaló. Millo recordó que las órdenes de la Fiscalía «han sido muy claras» y avisó a los independentistas de que debían ser conscientes de que se saltaban la ley y de las consecuencias que ello suponía.
La Delegación del Gobierno español trasladó al subdelegado en Tarragona, Jordi Sierra, que el acto en la TAP era ilegal. El edificio de la Tarraco Arena Plaça es propiedad de la Diputació, aunque su actividad la gestiona una empresa privada.
