La URV es la universidad de España con más profesores precarios

El 55% de la plantilla son asociados, figura ‘low cost’ y temporal extendida por los recortes. El centro rebaja al 36% las horas de docencia de este perfil, admite el abuso y prevé mejoras

11 enero 2020 20:40 | Actualizado a 20 enero 2020 12:49
Se lee en minutos
Participa:
Para guardar el artículo tienes que navegar logueado/a. Puedes iniciar sesión en este enlace.
Comparte en:

Una profesora trabajó en la Facultat d’Economia i Empresa de la URV entre 2008 y 2017; nueve años en los que encadenó 10 contratos temporales a tiempo parcial. Percibía un salario de 563 euros. Llevó su despido a los tribunales que, aunque no le dieron la razón, han argumentado en varias ocasiones el abuso universitario del rol del asociado, abundante como síntoma de la precarización laboral que se va instalando en la educación.

Los centros públicos españoles dependen cada vez más de los profesores asociados. Algunos ya hablan de ‘uberización’ de la universidad. «Es un problema real. La URV está más allá de lo que marca la ley. La figura del asociado es la de alguien, de reconocido prestigio, que presta sus servicios prácticos como segundo trabajo y hace un par de asignaturas para aportar su experiencia como profesional», explica Joel Fernández, de CCOO en la URV.

«La realidad no es así», continúa. Para Fernández, «son profesores muy explotados» y maltratados: «A todos los asociados se les exige un contrato fuera de la universidad. Son personas que quieren hacer carrera académica pero como no pueden tener una beca, lo único que se les ofrece es de asociado. Otros se dan de alta como autónomos y dedican su tiempo al trabajo de asociados».

El espíritu del asociado

Este representante sindical denuncia que acaban asumiendo mucho más trabajo del que deberían, como impartir clases troncales o coordinar másters. La estadística muestra que la URV se ha extralimitado especialmente. Los 962 docentes asociados configuran el 55% de los 1.735 profesores de la plantilla.

Es el dato más elevado de España, según las estadísticas del Personal docente e investigador (PDI) del Ministerio de Educación. Son cifras relativas al curso 2017-18, las últimas disponibles en las que se desglosa por universidad. La Rovira i Virgili supera con creces el 24% de la media de centros en España.

Desde el centro se matiza el número. «Tenemos a los asociados muy atomizados. Son contratos muy reducidos. Realmente, no hay que contabilizar los contratos que son asociados sino el número de horas respecto al total, y ahí el dato es del 36% y consideramos que estamos bien», recalca la rectora, María José Figueras. Ella defiende que el 64% de estos contratos son de menos de seis horas, por lo que sirven para hacer coberturas puntuales en las materias y «mantienen el espíritu del asociado», algo que no se respeta en el caso de los contratos de 12 horas, donde se corre el riesgo de pervertir esa filosofía.

El perfil del asociado se creó en la Ley Orgánica de Universidades (2001) como una vía para que todo tipo de profesionales aportaran en la formación universitaria. Esa normativa establece que «el personal docente e investigador con contrato temporal no podrá superar el 40% de la plantilla». En 15 años, la norma ha acabado convertida en un recurso del que se ha tirado en exceso, corrompiendo así su naturaleza para convertirse en un profesor ‘low cost’ que saca adelante una gran cantidad de docencia por poco dinero. «Muchos profesores asociados hacen trabajo de investigación también y todo él es gratis. No tienen ningún reconocimiento, no les sirve para participar en proyectos», añade Joel Fernández, que incide en cómo, además, «tienen contrato sin garantía de continuidad que se va renovando cada cierto tiempo, pero nunca saben si van a seguir».

Anna Santo, delegada de UGT en la universidad tarraconense, también alerta de la situación: «Las universidades han abusado mucho de los asociados. Les sale más barato. No se cubren las bajas, no salen plazas y por lo que vale un profesor titular contrato a cuatro asociados». Santo admite que «es una derivada de la crisis que ha estrujado al máximo las plantillas» que, «en Catalunya tiene su causa en el descenso de la financiación de la Generalitat de los últimos años», aunque matiza: «También hay que tener en cuenta que cada universidad gestiona el capítulo 1, de personal, como le parece. Se junta todo».

Un número en aumento

El asociado ha pasado de tener un trabajo estable a jornada completa y complementarlo con su experiencia como docente en la universidad al perfil de profesores que se dan de alta de autónomos y, como asociados, viven solo de las clases. Los datos muestran el ascenso en la URV. El contingente ha aumentado en números absolutos y porcentualmente respecto al total. En 2015, eran 884 de una plantilla de 1.673. Suponían el 53%, dos puntos menos que en la actualidad. En el curso 10-11, el número de asociados era de 765, el 43%, 12 puntos menos que los últimos datos.

La propia rectora admite el abuso. «Durante varios años no hemos podido sacar las plazas a tiempo completo, así que la única manera de sobrevivir era contratar a este tipo de personal. Se ha abusado, sí, pero porque no se tenía más remedio», reconoce Figueras. Era la única vía en los años en los que no se podían reponer plazas si había bajas o jubilaciones.

Las diferencias salariales son palpables. «Un asociado puede cobrar entre 300 y 700 euros», detalla Fernández. Las tablas salariales de la URV de 2019 muestran que un catedrático percibe unos 45.000 euros anuales, aproximadamente, ya que la cantidad final depende de un sinfín de complementos. Un asociado a 12 horas percibe, también en Tarragona, unos 8.000 al año, alrededor de 580 al mes. En Tarragona, se ha creado la plataforma Precàries URV, que se ha integrado en diferentes luchas del profesorado asociado en Catalunya.

Uno de los frentes en marcha es la pelea por garantizar la continuidad. «Hemos impulsado una campaña para que los asociados demanden y reclamen que su contrato sea indefinido. Hemos impulsado 36 casos en la Universitat de Barcelona. De momento, tenemos tres sentencias y todas favorables al trabajador», explica Joel Fernández, que pretende extrapolar ahora esas reclamaciones a nivel de la URV. Desde UGT, Anna Santo concluye: «Notamos que con el nuevo equipo de gobierno hay mejor predisposición y más voluntad en empezar a solucionar el problema».

Comentarios
Multimedia Diari