La comisión de Iqoxe se iniciará tras la negociación de los presupuestos

La esperada comisión de estudio del Parlament de Catalunya sobre la explosión del pasado 14 de enero en la industria del polígono sur Iqoxe se iniciará una vez queden resueltas las negociaciones del presupuesto de la Generalitat de Catalunya. Así lo aseguran al Diari fuentes de los partidos, las cuales afirman que en los últimos días se han intensificado los contactos, con la intención de que la puesta en marcha del organismo parlamentario sea una realidad este mes de marzo. «Esta próxima semana tenemos las comisiones de enmiendas a la totalidad a las cuentas. El objetivo es que la comisión sobre la seguridad en la industria sea justo después», afirman las fuentes en declaraciones al Diari.

De hecho, la comisión podría llevar a cabo su primer encuentro antes del pleno de presupuestos, que está previsto para el 18 de marzo, a no ser que las previsiones económicas deban ir al Consell de Garanties Estatuàries, lo que retrasaría un mes su tramitación.

«Esta próxima semana se ha convocado una sesión de la comisión de Interior, que es la que aprobará la constitución de la de la Química tarraconense. Por ello, lo más probable es que la primera sesión se lleve a cabo a principios de marzo», afirman otras fuentes. A día de hoy los grupos están negociando la composición que tendrá la comisión, que está por ver si contará con uno o dos representantes de cada formación. Asimismo, tampoco se ha decidido aún quien la presidirá ni los integrantes. Por parte de Ciutadans se da como seguro de que estará Matías Alonso, mientras que por parte de Junts per Catalunya estará Teresa Pallarès y, si hay dos plazas, también Eusebi Campdepadrós. En ERC todo apunta a la participación de Raquel Sans, mientras que Carles Castillo (PSC) y Yolanda López (Catalunya en Comú) tienen también muchos números para ser designados por sus partidos.

Lo que sí que se da como hecho por la mayoría de formaciones es que la gran parte de las sesiones se desarrollarán en el Parc de la Ciutadella. En el último pleno, la CUP solicitó que la comisión se desarrollara en Tarragona, pero las dificultades técnicas –como la retransmisión en streaming o el traslado de los funcionarios– provoca que la descentralización sea complicada. Pese a ello, lo más probable es que, como en la comisión de investigación del 17A, alguna sesión se lleve a cabo en el territorio. En la de los atentados se trasladó un día a Ripoll, pero en la de Iqoxe no se ha hecho público ningún emplazamiento, si bien todo parece indicar que se organizará en la sede de la Delegació del Govern del Camp de Tarragona, en la calle Sant Francesc de la capital tarraconense.

«Una legislación más restrictiva»

Paralelamente, los partidos con representación en el Ayuntamiento de Tarragona también negocian la fecha en la que el Saló de Plens llevará a cabo una sesión extraordinaria para debatir la seguridad en la industria química y los hechos ocurridos en Iqoxe. Lo más probable es que este pleno se convoque para el próximo mes de marzo, coinciendo con la comisión de estudio de la cámara legislativa catalana.

En la declaración institucional que se aprobó el pasado 30 de enero se instó a que el Parlament «redacte una nueva legislación más restrictiva en lo referente a las medidas de control ambiental, así como de seguridad para el sector de la industria química», y que, a la vez, «se realicen controles y una fiscalización de la legislación más garantista».

Asimismo, el Consistorio insta al Govern «para que Inspecció de Treball realice, con carácter inmediato, una campaña específica en relación a todas las empresas petroquímicas sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, la formación de trabajadores, la temporalidad de los empleados y sus ritmos de trabajo». En este sentido, el acuerdo municipal establece que el Consistorio «requerirá, de forma trimestral, a las empresas del Complex Petroquímic la relación y el detalle de los diferentes expedientes sancionadores en materia ambiental, laboral y de seguridad que se les hayan interpuesto».

Críticas de empleados

Paralelamente, ayer un grupo de empleados de Iqoxe criticó que las condiciones laborales que tienen los trabajadores de la empresa «son las que están pactadas en la negociación de los convenios, tanto por la propia compañía que lo propone como por los propios sindicatos que han permitido que así sea».

Estos empleados recuerdan que el convenio «fue firmado por UGT en 2014 y que CCOO tambien llegó a acuerdos», lo que «permitió que la empresa impusiera unas condiciones muy por debajo de las que teniamos con IQA», entre ellas: «la eliminación de puestos de producción; más tareas de mantenimiento para producción; pérdida de antigüedad; horas extras no remuneradas como tal; beneficios sociales (plan de pensiones) durante dos años con reducciones del 75% y del 50%...». Los trabajadores, que prefieren mantener el anonimato pero que acreditaron documentalmente a este periódico ser profesionales de la fábrica, denuncian que dicho convenio «infringía el Estatuto de los Trabajadores, al tener artículos como una doble escala salarial para los operadores, y otros apartados que no solucionaron hasta el 2018, cuando quedo registrado en el BOE»

Ayer, CCOO rechazó la decisión de Iqoxe de volver a plantear un ERE, después de que el Departament de Treball rechazara el primero, en el que se alegaba «causa de fuerza mayor». El sindicato asegura que, en estos momentos, la ocupación es «plena» debido a los trabajos de reactivación.