La falta de suministros perjudica a la obra pública en TGN

Las obras del nuevo carril bici educacional acabaron al límite del calendario porque, entre otras razonas, la empresa tuvo dificultades en el suministro de un componente eléctrico para las farolas. No es un hecho aislado. Lo que empezó como la crisis de los chips ha acabado convirtiéndose en un tsunami, al que hay que sumar una inflación del 5,6% por el incremento del precio de la electricidad y unos costes de los combustibles que se han disparado. Todo esto esta teniendo una incidencia directa en el sector de la construcción y en el caso concreto de la obra pública está generando graves problemas, tanto para las empresas como para la administración.

«La obra pública siempre ha sido muy garantista y esto ha sido bueno, pero ahora mismo ya hay concursos que están quedando desiertos porque las empresas no quieren arriesgar, ya que te expones a una penalización o que al final tengas que poner dinero de tu bolsillo», expone Joan Romeu, presidente del Gremi de Constructors de Tarragona. Prueba de ello la encontramos en qué ha pasado con algunos de los últimos contratos que han salido a concurso desde el Ayuntamiento de Tarragona. Es el caso de la licitación para la urbanización de la calle Canyelles, en la que tan solo se han presentado tres empresas, o la reforma de la Plaça Catalunya, con tan solo una. Fuentes municipales aseguran que la cifra está muy por debajo de lo habitual en proyectos de estas características, en los que podían llegar a presentarse media docena de ofertas o incluso más.

«El problema es que nos estamos encontrando con expedientes que están quedando desiertos, porque están infradimensionados económicamente y los licitadores no se presentan, lo que obliga a revisar de nuevo el proyecto técnico e inevitablemente acaba demorándose», explica Elvira Vidal, concejal de Contractació del Ayuntamiento de Tarragona. Uno de los principales problemas es el de la desactualización de los costes. Según el Gremi de Constructors, en el último medio año los precios de algunos materiales se han disparado entre un 15 y un 20%, un aumento que ya venía desde primavera del año pasado, a causa de la Covid-19, y que ahora se ha acentuado.

En el caso de la obra pública, los precios se basan a partir de cálculos que hacen organismos como el Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya (ITEC) y, aunque los actualizan periódicamente, estos se fijan en el momento de la redacción del proyecto. Esto hace que, cuando tiene que pasar por una licitación, hasta que no se adjudica y empiezan a ejecutarse las obras puede pasar prácticamente un año y el propio mercado hace que queden obsoletos. «Con los contratos públicos es muy complicado porque acaba repercutiendo en el precio final y aquí no hay revisiones de precios, por lo que la empresa tiene que asumirlo a cuesta del margen o asumiendo que en un determinado proyecto tan solo moverás dinero», sigue explicando Romeu. Así lo confirma una de las grandes empresas del sector, que prefiere mantenerse en el anonimato, la cual asegura que «la subida de precios y materiales nos está obligando a pagar costes mucho más elevados que aquellos que se presentaron en las licitaciones de los proyectos, lo que supone una amenaza de cara a la ejecución y en algunos casos implica la paralización de los trabajos ya iniciados».

Desde la Subdelegación del Gobierno en Tarragona se confirma que dificultad en los suministros está afectando a proyectos como el túnel del Coll de Lilla, en la A-27, y aunque las obras «siguen avanzando», reconocen que «hay problemas» para poder seguir el ritmo previsto.

Este escenario se vive con «preocupación» desde el sector. «La gente va con mucho cuidado para no pillarse los dedos», añade el Romeu. Revisar un contrato público para actualizar los costes no es sencillo. En el caso del Pla Parcial 10 –en de Ten Brinke– han tenido que hacerse dos modificaciones en el contrato. Este se firmó el 12 de marzo de 2020, el día siguiente se declaraba el estado de alarma por la pandemia, lo que ha acabado comportando un sobrecoste en las obras de urbanización que, por otro lado, también se han retrasado.

«La ley de contratos permite que, para que no haya un desequilibrio económico, puedan revisarse los precios, pero el problema está que no se presentan empresas», añade Elvira Vidal. Y, uno de los principales motivos es que las constructoras quieren evitar ser sancionadas si no pueden cumplir con lo estipulado. «Si no llega el material y no se cumplen los plazos por causas sobrevenidas hay un riesgo», añade la edil juntaire. Cuando la demora es de quince días se considera una falta leve, mientras que si se alarga un mes está calificada de grave y si supera los treinta días pasa a ser muy grave, y en función de las cláusulas del contrato en cada caso estamos hablando de un importe diferente. Con todo, Elvira Vidal asegura que «estamos atados de pies y manos».

Un «riesgo» para las empresas

Esta misma empresa expone que «los proveedores de materiales sí incluyen cláusulas de revisión de precios en sus contratos de suministro con las constructoras. ¿Por qué no se hace lo mismo con los contratos de construcción? Este desequilibrio pone en riesgo la viabilidad económica de decenas de empresas».

Algunos de los materiales que han subido son el acero corrugado, el cobre, el aluminio y la madera, lo que, según dicen, representa un «efecto cascada» sobre el resto de productos. Las empresas justifican que países como Italia y Francia han creado herramientas para el reequilibrio de los contratos. Por este motivo, exigen al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana que «debe tomar las medidas para que el sector siga adelante y favorecer la viabilidad económica de las empresas».

Qué pasará en los próximos meses es un interrogante. «Estamos expectantes. Normalmente a finales de año siempre había un incremento de precios que podía ser de un 2 o un 4%, nada que ver con lo de ahora», manifiesta Joan Romeu. De momento, se prevé que este escenario convulso siga, como mínimo, durante todo el primer trimestre del año que viene.