La inmigración sube un 60%: ¿hay que dar más recursos o frenar el efecto llamada?

La inmigración se acelera en Tarragona y viene a maquillar la crisis demográfica por la falta de nacimientos. Los extranjeros recalan de nuevo en la provincia, otra vez tierra de acogida, a rebufo del mayor optimismo, al menos en términos macroeconómicos, y como derivada de la situación convulsa en muchos países. Todo ello supone también un reto político para gobierno y administración. 

Los últimos datos del INE confirman una tendencia que se ha acentuado. En el primer semestre de 2018 se alcanzó un saldo migratorio positivo (la diferencia entre entradas por migración y salidas por el mismo motivo) de 2.582. Es un incremento de casi el 60% respecto al anterior semestre, el segundo de 2017, cuando el dato se quedó en 1.617. 

Al mismo tiempo, es un notable punto de inflexión respecto al mismo periodo del año anterior, cuando ese saldo resultó negativo en la provincia (-273). Esas 2.582 personas configuran un número que no era tan alto desde antes de la crisis. Hay que tener en cuenta que 2017 se cerró con un saldo anual de 1.344 personas, ya positivo, pero muy inferior al dato sólo de este primer semestre.

La lucha contra las mafias
Con ello, el debate está sobre la mesa: ¿cómo abordar el desafío no sólo de la inmigración sino de la llegada de los refugiados? Las posturas son muy diversas. Todos los partidos, a través de sus cabezas de lista por Tarragona, coinciden en la urgencia de luchar contra las mafias que operan tras el tráfico de seres humanos, que golpea con especial drama la inmigración en el Mediterráneo. No hay tanto acuerdo a la hora de encarar el proceso de llegadas, que va desde las restricciones y las regulaciones a los brazos abiertos y la reclamación de más recursos. 

En Comú Podem, a través de su candidato, Ismael Cortés, ve en el fenómeno migratorio «un motor económico», aboga por planes integrales de integración y reivindica Tarragona como tierra de acogida, a la vez en que considera necesaria la inversión en recursos humanos y materiales. 

Desde el PP, el candidato Jordi Roca explica que «cualquier simplificación es errónea y cualquier maximalismo es irreal porque las políticas de levantar barreras o las de barra libre son un peligro».

A partir de ahí, reivindica la «seguridad» como condición indispensable para la integración y convierte la inmigración en un arma para culpar al presidente Pedro Sánchez (PSOE) de contribuir al aumento de foráneos: «Ya vimos cómo Pedro Sánchez, después de acusarnos e insultarnos gravemente, tuvo que rectificar y reconocer, como siempre había hecho el resto de miembros de la Unión Europea, que la gestión de la inmigración que hizo España hasta la moción de censura, fue eficiente y justa». 

«Políticas del efecto llamada»
Añade Roca: «Desgraciadamente, lo coalición social-populista tiende a políticas que generan efecto llamada, quizá porque persigan que la inmigración se convierta en un problema porque supongo que obtienen algún tipo de rédito».

Los populares acaban llevando la cuestión migratoria al conflicto político en Catalunya: «De todas maneras, el problema más grave de xenofobia que sufrimos en España es el de la hispanofobia de los nacionalismos periféricos». 

ERC y Junts per Catalunya coinciden, en buena parte, en el diagnóstico y las reclamaciones. Los republicanos apuestan por una regulación de los flujos migratorios en función del marco europeo y Junts per Catalunya habla de procurar «condiciones dignas» a refugiados y asilados, pero ambas fuerzas, en un nexo común, reclaman al Estado, como han hecho en otros frentes, «los recursos necesarios» para acoger a los menores extranjeros no acompañados. ERC mantiene que tanto la Generalitat como los ayuntamientos están haciendo los deberes.

Ciudadanos, a través de su diputado y candidato por Tarragona Sergio del Campo, asume que hay que «promover una inmigración regular y ordenada que contribuya al crecimiento económico del país». También ve fundamental que estas políticas se armonicen y se unifiquen con la UE. 

Por su parte, el PSC aboga por impulsar «un Pacto de Estado por la inmigración que atienda las necesidades del mercado laboral», según relata Joan Ruiz, el candidato tarraconense. Otra de las medidas es reforzar los programas de acogida de refugiados y, en términos de inmigración, «agilizar los procesos de arraigo, reagrupación familiar y nacionalidad».