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La lista de espera por un piso público se triplica y ya es de 12.000 familias

De 4.165 solicitudes en la provincia se ha pasado a 12.283 por la crisis y el difícil acceso a un hogar. La construcción de vivienda social en Tarragona es nula. El Govern reconoce el déficit

Raúl Cosano

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La escasez de vivienda social ha dificultado en los últimos años el acceso a un piso, sobre todo por parte de los jóvenes, debido a la subida del alquiler. Foto: Lluís Milián

La escasez de vivienda social ha dificultado en los últimos años el acceso a un piso, sobre todo por parte de los jóvenes, debido a la subida del alquiler. Foto: Lluís Milián

En Tarragona faltan pisos públicos. La Generalitat admite «déficit de viviendas de protección pública de alquiler» y las últimas cifras muestran que se ha disparado en la provincia el número de solicitantes de alojamientos de protección oficial. Según los últimos datos del informe del registro de solicitantes, al cierre del año pasado, había en Tarragona 12.283 personas o familias en lista de espera, lo que supone un incremento de un 4,3% respecto a 2017. 

El aumento es más notorio si se toma perspectiva. La cifra se ha triplicado respecto a 2011, cuando el número de tarraconenses alistados para entrar en un piso protegido se quedaba en 4.165. Se trata, así, de un incremento   –ubicado, en concreto, en un 195%– coincidente no sólo con los años de la crisis y las estadísticas disparadas de desempleo sino con el problema habitacional de las principales ciudades y la subida sin freno del precio del alquiler. 

De esos más de 12.200 casos en la demarcación, 79 solicitudes están en trámite, una cifra que más o menos se ha ido manteniendo estable en los últimos años y que ilustra el embudo con el que se topan las peticiones. En Catalunya hay más de 125.000 familias en esta situación. La cifra se ha duplicado respecto a 2011, cuando se quedaba en 61.721. 

Construcción insignificante
La espera para las familias será larga, porque el incremento de las solicitudes no se corresponde con la construcción de estos alojamientos, que ha ido a la baja hasta colocarse bajo mínimos y ser prácticamente nula. El batacazo en la construcción también acabó afectando a este tipo de casas y pisos. Si entre 2005 y 2010, en plena época de la burbuja del ladrillo, el número de viviendas iniciadas en la provincia rondaba las 1.000, a partir de entonces se redujo hasta la insignificancia. En 2017 no se comenzó ninguno y, en 2018, sólo dos, al menos de enero a septiembre. 

Algunos de los ayuntamientos más importantes de la provincia como Tarragona, Reus o El Vendrell reconocen la necesidad de ampliar el parque de vivienda social, que resulta escaso después de varios años de contracción. 

En los últimos cinco años, se han iniciado 43 viviendas públicas en la provincia, mientras que se finalizaron 88; son, en cualquier caso, cifras insuficientes para absorber las miles de peticiones que se solicitan y que se amontonan, sin darles salida, en el registro.

«Incremento notable»
Desde Territori, se admite el «incremento notable» a causa de varios factores. «La crisis ha impactado en la capacidad económica de muchas familias. Presentan solicitudes a una vivienda protegida porque no tienen acceso al mercado libre por la escasa oferta asequible y las dificultades de acceder al crédito financiero», explican fuentes del Departament. A eso se ha añadido que las administraciones públicas y los promotores «han dispuesto de menos recursos para promover vivienda protegida, hecho que ha contribuido al crecimiento del número de inscritos», según reconoce Territori. 

La situación es tan delicada que el Govern acaba de aprobar el decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. La norma recién impulsada establece que todos los pisos protegidos de nueva construcción deben ser en régimen de arrendamiento para que las administraciones públicas puedan conservar la propiedad de este bien y disponer, de una vez por todas, de un parque público de vivienda.

El nuevo decreto establece que los ayuntamientos y la Generalitat puedan adquirir suelo mediante el derecho de tanteo o expropiación forzosa y prevé que los municipios con demanda residencial fuerte impulsen, en dos años, la construcción de VPO para el alquiler. 

La Generalitat prevé que la provincia de Tarragona cuente con unos 4.000 nuevos pisos de protección oficial en los próximos cinco años. Así se pone de manifiesto en el anteproyecto del Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge que la administración autonómica diseñó hace pocos meses, y que es la base sobre la que trabajan los consistorios de la demarcación en sus planificaciones a corto y medio plazo. Se trata de un plan que sale al rescate de una situación de escasez de vivienda social. 

Así, según este informe, Tarragona será la ciudad que verá más aumentada su actual oferta, ya que se prevé que en un lustro tenga 1.076 pisos protegidos más que en la actualidad. Le seguirá Valls, con 953 nuevos, y Reus, con 818. También se apuesta por construir 309 nuevas viviendas sociales en Cambrils, otras 298 en Salou y 102 en Tortosa, entre los principales municipios. En El Vendrell esta cifra se quedará en los 102 nuevos, ya que a día de hoy es la localidad de la provincia –junto a Tortosa– que cuenta con un índice más alto de vivienda social. 

El propio conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, califica el decreto como «urgente» y «prioritario» para «dar respuesta inmediata a las necesidades de vivienda», ya que la legislación actual en esta materia «no sirve lo suficiente en muchos casos y hay que ampliarla y reforzarla por la realidad actual». 

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