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La primera fusión empresarial de TGN queda en el limbo legal tras un nuevo choque entre ERC y ECP

La unificación de la EMT y Aparcaments podría retrasarse después de que ayer se aprobara la unión sin acuerdo en la composición de los integrantes del consejo de administración

Octavi Saumell

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Imagen de ayer del nuevo gobierno municipal, ya con los tenientes de alcalde con las varas correspondientes. Foto: Cedida

Imagen de ayer del nuevo gobierno municipal, ya con los tenientes de alcalde con las varas correspondientes. Foto: Cedida

Segundo grave contratiempo en solo dos semanas para el nuevo gobierno en minoría liderado por Pau Ricomà (ERC). Después de que el pasado 18 de junio la oposición –que es mayoría en el pleno municipal– frenara la constitución de los Consells de Districte, ayer se repitió la historia después de que En Comú Podem, que hace dos semanas abandonó el ejecutivo de la Plaça de la Font por discrepancias con la incorporación de Junts en el gabinete, volviera a alinearse con PSC, PP, Cs y no adscritos para frenar otro de los proyectos estrella del alcalde: la primera gran fusión de empresas públicas.  

Menos de dos semanas después de pactar contra viento y marea con Junts y CUP –y de mantener al no adscrito Hermán Pinedo con la cartera de Patrimoni– ayer, de nuevo, Ricomà sufrió en sus carnes las consecuencias de contar con solo 13 de los 27 ediles en el Saló de Plens y volvió a perder una votación trascendente como es el hecho de que la esperada unión entre la EMT y Aparcaments Municipals quede ahora en el limbo legal.  

Ayer estaba previsto que la compañía de transportes –que gestiona unos 15 millones de euros al año– absorbiera a la que se encarga de los parkings –que maneja unos 5,5–, pero esta operación no llegó a buen puerto después de que el Saló de Plens aprobara la absorción sin consensuar la composición del nuevo consejo de administración, que en el acuerdo se preveía que fuera el actual de la Empresa Municipal de Transports (EMT). Esta circunstancia, a juicio del secretario general de la corporación –Joan Anton Font–, implicará presentar al Registro Mercantil «un documento incompleto», ya que «si no se ratifica o designa el órgano gestor no habrá quien administre la empresa resultante», por lo que «a expensas de realizar un estudio más en profundidad, podría entenderse que no se ha aprobado la absorción». 

A juicio de los técnicos municipales, ayer debían tirarse hacia adelante varios puntos en bloque: «el proyecto de fusión»; la «aprobación de los balances cerrados a 31 de diciembre de 2020»; la «ampliación del objeto social»; y, en última instancia, « la designación y ratificación del órgano de administración». Sin embargo, al no haberse podido completar este último punto, el máximo responsable jurídico municipal teme que una vez se presente formalmente la documentación ante el Registro Mercantil «este nos pueda poner problemas» para ultimar la integración. 
Asimismo, el alto funcionario también anunció, a la espera de analizar jurídicamente la situación con más calma, que la votación de ayer pueda significar una paralización de seis meses en el proceso, ya que «hoy (ayer para el lector) era el último día para aprobar la fusión» porque de lo contrario «deberán hacerse nuevos balances y auditorías» con fecha a 30 de junio, ya que una vez estos se cierran hay un plazo máximo de seis meses para ultimar la operación. Desde el PSC y En Comú Podem se defendió que «en el periodo de alegaciones también puede llegarse a un acuerdo que desbloquee la situación». 

PSC: «Cambiar las mayorías»
El punto de la discordia entre gobierno y oposición se debe a la composición de los consejos, una cuestión polémica desde el inicio del presente mandato municipal porque el PSC –que ayer fue la formación que presentó la enmienda que, a juicio del secretario, pone en tela de juicio la fusión– considera que el reparto actual «no es proporcional a las mayorías del pleno», según indicó la portavoz Sandra Ramos. En concreto, los resultados de las municipales de 2019 dejaron 7 ediles para el PSC, otros 7 para ERC, 4 para Ciutadans, 3 para Junts y 2 para En Comú Podem, CUP y PP. Sin embargo, el reparto en los consejos de administración de las compañías 100% públicas (EMT, Aparcaments, Smhausa, Desenvolupament y Mitjans de Comunicació) es de 5 consejeros para ERC, 3 para Junts, 2 para En Comú Podem y uno para PSC, Ciutadans, CUP y PP. Por ello, los Comuns se aliaron con PSC, PP y no adscritos para «consensuar y dialogar» sobre la definición final del órgano de decisión, según indicó la portavoz de los Comuns, Carla Aguilar-Cunill.

El posicionamiento del exsocio de gobierno fue criticado tanto por el alcalde como por el portavoz de ERC. El primero lamentó «el ridículo y el bloqueo inaceptable» que comporta la votación de ayer, y reivindicó que «puede aprobarse la fusión con el consejo actual y modificarlo más adelante», ya que «estamos reventando el trabajo de muchos meses». De manera parecida se expresó el portavoz Xavier Puig. «Es un error que En Comú Podem se supedite al bloque de la derecha del PSC, PP y Cs. Los estados emocionales no deberían perturbar nuestro deber de defender la ciudad con una lógica bien administrada y de izquierdas», ya que «Tarragona es más importante que estas tácticas de partido de corta volada». El traumático divorcio ya ha transformado el «equilibrio inestable» del primer tramo del mandato en dos batazacos en solo 15 días.   

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