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Las licencias de VTC se duplican en Tarragona en un año y preocupan al taxi

Las empresas ganan las autorizaciones en los tribunales. De 43 se ha pasado a 94, por los 545 taxis en la provincia. Hay más de la ratio 1/30 que permite la ley. Los taxistas, recelosos

Raúl Cosano

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Taxistas en huelga protestando en la Imperial Tarraco. Foto: Pere Ferré

Taxistas en huelga protestando en la Imperial Tarraco. Foto: Pere Ferré

«Se tramitan licencias VTC vía judicial. Déjanos tu teléfono y te llamamos». El anuncio resume el momento: las autorizaciones de vehículos de transporte con conductor (VTC) proliferan en la provincia contra el recelo del sector del taxi, seis meses después de las últimas movilizaciones y huelgas. «La situación está bastante sosegada. Cada uno tiene su trabajo. Si los dos modelos se respetan no tiene que haber problema, pero cuando acabe la temporada del verano haremos balance», dice Joaquim Olivé, presidente provincial del taxi en Tarragona. 

El sector, sin embargo, no esconde su temor. En Tarragona hay 94 permisos para VTC, según los últimos datos de Fomento. Es el doble respecto al verano de 2018, cuando el número se quedaba en 43. Es un incremento del 118%. En este tiempo también se ha incrementado el número de taxis, aunque en mucha menor medida, pasando de 512 a 545, lo que supone un aumento del 6%. Según Fomento, hay 13 empresas que se dedican al transporte de viajeros con vehículos sin conductor, un número que también ha ido al alza. Tarragona, por tanto, incumple la llamada ley 1/30, esa ratio demandada fuertemente por los taxistas para moderar el crecimiento de los vehículos con conductor que obedecía a una norma que nunca se ha cumplido casi en ninguna provincia: una autorización de VTC por cada 30 taxis. Ahora hay una por cada seis. 

Cuando el mercado se liberalizó
Así, el negocio del VTC arraiga en la provincia obteniendo sus permisos, en ocasiones, en la justicia. Los tribunales están dando la razón a las empresas de vehículos con conductor. La clave de la situación está en las licencias que se solicitaron con la entrada en vigor de la ley 25/2009 de 22 de noviembre, conocida como Ley Ómnibus. Esta es una norma que eliminó la posibilidad de establecer limitaciones y restricciones a las autorizaciones en materia de transporte terrestre. 

Es ahora cuando están llegando a la calle licencias que se pidieron entre 2009 y 2015, cuando el mercado estuvo completamente liberalizado. «He tenido que recurrir a la justicia para obtener las licencias y poder trabajar. Como yo, lo han hecho también otros compañeros y otras empresas», cuenta un empresario tarraconense que, como otros, ha recurrido para obtener estas autorizaciones y poder trabajar conforme a la legalidad. Esos procesos judiciales, que suelen incluir varias licencias de golpe de alguna empresa, se suelen prolongar varios años hasta que hay un dictamen.

El conflicto entre VTC y taxi no se ha diluido. «Algunas veces se ha dado un conflicto, pero lo importante es que el VTC, que ha existido siempre, no le saque trabajo al taxi. Tiene que respetar la precontratación, con toda la documentación del servicio. En todo caso, cuando alguien no hace bien las cosas, es consciente de ello», explica Olivé, que añade: «Está claro que los VTC no son ilegales, pero sí que lo es el trabajo que hacen. Estos coches tienen que estar en garaje y salir ya con la reserva hecha. No pueden parar por la calle como si fuera un taxi. El problema es que con el móvil y las aplicaciones surge la picaresca». 

«No hay confrontación, siempre han tenido dos nichos de mercado completamente diferentes. El VTC ha trabajado más para empresas, con servicios muy especializados. Pero sí hemos notado un incremento de VTC», dicen desde la asociación gremial de taxistas de Tarragona, un organismo que pertenece a la Federació d’Autotransport de Tarragona (FEAT). 

La precontratación es la clave
Tarragona, libre de la competencia feroz de Uber y Cabify, sí ha asistido a episodios puntuales de confrontación en lugares como la estación del AVE, después de movilizarse e incluso ir a la huelga en apoyo a los compañeros de Barcelona. «Hay una frontera clara, que es la de la precontratación. El problema es que, hoy en día, como lo puedes hacer por correo o desde el móvil, la precontratación es muy inmediata. Y algunas veces nos hemos topado con servicios camuflados de taxi», explican desde la asociación tarraconense, que añade: «Antes no se anunciaban como ahora, eran servicios y catálogos más internos». 

El resultado es que, ante la coyuntura, la preocupación cunde entre algunos taxistas. Enfrente, aparece la otra voz, la de los vehículos con conductor, que se amparan en el progreso y la evolución y que denuncian ataques de taxistas. «Recibía insultos cada día, tanto yo como compañeros de la empresa. Incluso me escupían. Cuando llegaba a un sitio, los taxistas me hacían ruido de cuervos y buitres, me llamaban pirata», cuenta Juan Carlos, conductor privado que ha trabajado para empresas de VTC. Él defiende ese modelo: «Trabajamos sobre pedidos, no vamos a quitarle el trabajo a nadie. Tú vas ya precontratado. De hecho, solemos trabajar con varios días de antelación». 

Este conductor sostiene que «al taxi le ha bajado el trabajo desde las huelgas» y que algunos usuarios han preferido cambiar es opción por el VTC. Juan Carlos sostiene que «los precios son similares» y arremete contra algunas prácticas del sector: «A veces hay taxistas que parece que vayan al campo y que se olvidan de que prestan un servicio público. Hay gente que quiere ir en condiciones. Es otro trato distinto». 

Mientras, la justicia continúa posicionándose. Así, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dio la razón a una empresa que había solicitado diez autorizaciones y que se le habían denegado. Primero el Servei Territorial de Transports de Tarragona rechazó el recurso presentado y luego el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Tarragona desestimó también la demanda. Finalmente, el TSJC estimó el recurso contencioso administrativo amparándose en la doctrina de diferentes sentencias. La razón radica en la fecha, el 19 de enero de 2015, antes de noviembre del mismo año, cuando se empezó a desarrollar el Real Decreto que instauraba limitaciones. 

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