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"Les di 500 euros para que se fueran. Era más barato que ir a la justicia"

El promotor Diego Reyes tiene okupas en un piso de Salou desde finales de 2015. Ha padecido el problema en varios inmuebles

Raúl Cosano

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Una mansión valorada en un milón de euros que fue ocupada en Vilafortuny, una de las zonas con más problemas. Foto: Cedida

Una mansión valorada en un milón de euros que fue ocupada en Vilafortuny, una de las zonas con más problemas. Foto: Cedida

El promotor inmobiliario tarraconense Diego Reyes se reconoce una víctima de las ocupaciones ilegales, básicamente las urdidas por bandas o mafias que se han instalado en Tarragona. «No quiero aparecer como un antiokupas, pero la situación es escandalosa. No hablamos de ocupación por no tener a dónde ir, por necesidad. Hay una red de ocupación ilegal por parte de gente en plan delictivo. Se conocen todas las pautas legales al 100%, todos los tempos, cómo recurrir en los juzgados y dilatar los temas. Están especializados», denuncia.

Diego, que se dedica a la compra y al alquiler, ha padecido el problema en varias propiedades: «Tenemos un piso en Salou en el que se metió gente. Lo detectamos a finales de 2015. Pusimos la demanda. Intentamos negociar pero nos daban largas. Entre la demanda y el juicio, que fue en noviembre de 2016, pasaron 11 meses. Al final han recurrido la sentencia de desahucio, los okupas dicen que son insolventes y siguen ahí».

Pagar para que se vayan

Reyes, presidente de los promotores inmobiliarios en el Tarragonès, se queja de la demora y del perjuicio que sufre: «Compro una vivienda para destinarla al alquiler. La reformamos y a veces se nos meten dentro antes de que podamos sacar un rendimiento. Es un calvario».

Eso lleva a algunos propietarios a negociar directamente con los okupas para que se marchen: «Una vez les di 500 euros para que se fueran. Me salía más barato que emprender todo el proceso judicial.

Reyes también denuncia otras prácticas sufridas: «En Bonavista tenía un piso alquilado. El inquilino dejó de pagar y estuvo tres meses sin hacerlo. Antes de que se le desahuciara vendió las llaves a otros, que se metieron en el piso y se lo llevaron todo. Puertas, ventanas… Nos lo destrozaron, y acabaron ellos revendiendo la llave a otros por 100 euros».

El constructor condena la impunidad para los okupas. «Algunos pueden estar viviendo durante años de ocupación en ocupación. Y no les pasa nada», admite.

Una proposición de ley ‘light’

Por eso, Diego Reyes también reivindica un cambio en la normativa que proteja más a los propietarios. Para él, la proposición de Ley en el Congreso, que permite al dueño recuperar la vivienda en el momento en que presenta la demanda, se queda muy corta: «Es muy light, porque las empresas no están catalogadas como el particular. Se habla siempre de personas físicas y no de jurídicas. Los bancos y las empresas quedan fuera. Es un parche».

Y culmina Reyes la crítica:«No puede haber una distinción porque al fin y al cabo todos somos propietarios. Un particular que no vive en esa vivienda ocupada está dejando de ganar dinero de un alquiler, pero nosotros también como empresa».

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