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Al circo del no párking Jaume I le crecen los enanos. Por si no fueran pocos los problemas con los que se ha encontrado la instrucción del polémico caso, ahora la investigación ha chocado contra un revés inesperado: los auditores del Estado se niegan a realizar el análisis que, el pasado mes de noviembre, les había solicitado el magistrado para estudiar las cuentas de las empresas implicadas en la construcción del aparcamiento que –en principio– debía costar 3,9 millones de euros y por el que ya se llevan comprometidos más de 25.
En concreto, la petición del juez Antonio Gambón Vilalta solicitaba a los interventores del Estado que llevaran a cabo la investigación «con el fin de determinar los flujos de dinero que se hayan producido entre las sociedades y la UTE», que fueron Aparcaments Municipals de Tarragona y Sistemas Alem. En el texto, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona argumentó su solicitud porque «se trata de un organismo gestor y directivo de la contabilidad pública al que le compete proporcionar información fiable, completa, profesional e independiente sobre la gestión pública».
¿En tres meses?
En su petición, el magistrado quería que se analizaran «los pagos y los ingresos obtenidos por estas sociedades y la UTE y su procedencia (préstamos, rentings, pólizas de crédito, aportaciones, etc) con expresión de todas las circunstancias relacionadas con los mismos (fechas que se hayan realizado, quienes lo hayan realizado, etc) y de los movimientos realizados en las respectivas cuentas bancarias».
El magistrado instó al Cuerpo Superior de Interventores-Auditores del Estado «que designe la delegación provincial conforme a la necesidad de tener el documento listo en tres meses. «En el caso de que previsiblemente no pudiera finalizarse en el expresado plazo deberá informarse a este juzgado sobre las circunstancias que impiden su finalización y el plazo previsible de entrega, sin perjuicio de los requerimientos adicionales de información sobre el estado del dictamen que se solicite por este juzgado», remarcó el juez en el auto.
‘Sólo el sector público’
Pese a la insistencia del magistrado, lo cierto es que el cuerpo de auditores-interventores del Gobierno Central se niega a llevar a cabo el trabajo solicitado desde el juzgado. Así lo pone de relieve en un documento firmado el pasado 2 de diciembre, en el que el subdirector general de Intervención, Fiscalización y Análisis Jurídico en otras áreas económica financieras del Ministerio de Administraciones Públicas, Fernando Rojas, quien asegura que el encargo judicial «se extiende de las competencias atribuidas» al ente.
«La actuación solicitada, consistente en el análisis de los movimientos de tesorería de una Unión Temporal de Empresas es ajena a las competencias, al ser entidades no pertenecientes al sector público estatal y no estar sometidas al derecho administrativo ni tratarse de una relación subvencional».
El alto cargo del ejecutivo estatal añade, asimismo, que «al ser una activa ajena a las funciones de la Intervención General de la Administración del Estado, se carece de personal específicamente especializado en estas actuaciones, más propias de economistas o auditores privados, de la policía judicial o de la inspección tributaria, lo que pondría en cuestión la efectividad de la actuación».
Sin recursos humanos
Por si no fueran pocos los motivos, desde el ejecutivo estatal se asegura que «el único funcionario destinado a la Intervención Territorial de Tarragona está en la actualidad realizando un peritaje encomendado pro un juzgado de la provincia, actividad que compatibiliza con las funciones propias de su destino, por lo que no podría asumir nuevos trabajos sin generar un grave menoscabo de los trabajos en marcha» remarca Rojas.
Por todo ello, ahora el juez que instruye el polémico caso ha enviado un oficio al Il·lustre Col·legi d’Auditors de Comptes de Catalunya para que «designe un perito auditor de cuentas, al objeto de emitir el informe pericial acordado».
