Los desahucios de la crisis agravan la degradación de los barrios vulnerables

Barrio de Sant Salvador, julio de 2012. Una concentración de vecinos convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, PAH, conseguía paralizar temporalmente el desahucio de Abdelliah, su mujer y sus cuatro hijos.  Desempleado de la construcción, él no había podido seguir pagando la hipoteca que había contratado siete años atrás, cuando había trabajo y las cosas iban bien.

Su caso no fue único en el barrio, aunque, con los meses, dejaron de ser noticia. Eso sí, en aquellos momentos era imposible saber exactamente en qué zona de la ciudad, en qué barrio, se estaban produciendo las ejecuciones hipotecarias. Las cifras de los juzgados sólo hablaban de partidos judiciales. 

Aaron Gutiérrez, profesor de la Escuela de Geografía de la URV, decidió entonces que era necesario poner todo aquel fenómeno en un mapa. Fue así como decidió, junto a otros compañeros, recurrir a los portales de las inmobiliarias de los bancos donde publicitaban para la venta los pisos provenientes los desahucios. La idea era saber exactamente su ubicación. Posteriormente pudieron completar el mapa con los datos de viviendas vacías que manejaba la Generalitat en 2016.

Dos tercios en Ponent
Con aquella ingente cantidad de datos estudiaron el conjunto de municipios Catalunya y en particular las ciudades de más de 100.000 habitantes y el  resultado fue siempre el mismo: los desahucios se concentraron en los barrios más vulnerables. Basta con ver el mapa de Tarragona que acompaña esta noticia. «Más de dos terceras partes de los desahucios en la ciudad se produjeron en Ponent», explica Gutiérrez. También se ven concentraciones de puntos negros en la zona más humilde de Sant Salvador, la parte antigua de Sant Pere i Sant Pau y algunos en la Part Baixa.

Todas estas zonas están consideradas como vulnerables debido a sus cifras de paro, inmigración y el porcentaje de población con bajo nivel educativo. 

El triple negocio de los bancos
Además de conseguir un mapa social de los desahucios, el estudio sirvió para saber a qué manos habían ido a parar aquellas viviendas. El investigador es contundente: los bancos rescatados con dinero público estuvieron detrás de dos terceras partes de los desahucios. 
Fue un negocio triple, explica: primero se quedaron con los pisos aunque  seguían cobrando la deuda, luego fueron rescatados y, finalmente, acabaron vendiendo las viviendas de las que no pudieron deshacerse a fondos buitre. 

Los resultados de la investigación, que posteriormente ampliarían al conjunto de España, los han volcado Gutiérrez y Antoni Domènech en un libro que acaba de ser editado por la Societat Catalana de Geografía. «Paisatges després de la Batalla: geografies de la crisis immobiliaria».
Consultado al respecto Manel Sosa, secretario de la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona, recuerda que las viviendas ejecutadas primero las fueron vendiendo las entidades bancarias que crearon sus propias inmobiliarias y vendieron pisos al 50% o 60% de su valor. 

«Luego quedaron las más difíciles de vender y sin demanda, puesto que hay muchos ciudadanos que no pueden acceder a los créditos hipotecarios. Éstas las adjudicaron a grandes fondos de inversión, los llamados fondos buitre, puesto que compran hasta a un 30% del valor e, incluso, en algunos casos, a pérdidas, con tal de sacarlas de sus balances como  invendibles», señala Sosa.

El camino de la degradación
Volvemos a Sant Salvador. En 2019, la zona de donde era desahuciado Abdelliah, es hoy un ejemplo de cómo los barrios en general y los edificios en particular donde se produjeron las ejecuciones hipotecarias están pagando todavía hoy las consecuencias.

Toni García, presidente de la Asociación de Vecinos de Sant Salvador, recuerda que «los desahucios nos afectaron mucho. Había vecinos de los de toda la vida, que vinieron a vivir hace hoy 40 o 50 años, así como inmigrantes que llegaron en la primera oleada de finales de los noventa y principios de los dos mil y que ya estaban bien integrados en el barrio». 

Hoy una buena parte de aquellos pisos propiedad de los bancos están ocupados con los consecuentes problemas de convivencia para los vecinos y la degradación. En muchas escaleras de la zona de interbloques son muchos los pisos que quedaron en manos de los bancos y hoy resulta casi imposible hacerles pagar la comunidad, por ejemplo.

Esos mismos pisos son carne de ocupación, alguna bien organizada: «hemos llegado a encontrar casos en que vienen con sus técnicos a pinchar la electricidad para luego alquilar», reconoce García.

Su sensación es compartida por otros vecinos: aquellos pisos no le duelen a nadie. Apunta que tienen reuniones periódicas con Mossos d’Esquadra y Guàrdia Urbana donde dan aviso de las ocupaciones (cuando lo saben, porque muchos vecinos no denuncian por miedo) y los bancos no se dan por enterados «no responden, no les interesa». 

Cristina Berrio, presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT) reconoce que la situación se repite en el resto de barrios más golpeados por los desahucios. Abundan las comunidades que no saben dónde ir para hacer pagar a esos nuevos vecinos que son los bancos. 

Por otra parte, y aunque abundan los pisos vacíos, paradójicamente, «hay familias en Ponent que no encuentran piso en alquiler». En su opinión falta voluntad política para regular un sector en el que el alquiler social es prácticamente inexistente.

Aaron Gutiérrez, por su parte, cree que se perdió un oportunidad de oro para conseguir un parque de viviendas de alquiler social justamente en las zonas más vulnerables. Esta posibilidad todavía podía contemplarse cuando los pisos estaban en manos de los bancos, pero ahora que están en manos de los fondos buitre es impensable. 

La otra parte de la historia, apunta, está por venir y tiene que ver con lo que harán estos fondos con esas propiedades y cómo jugarán sus cartas. De momento, asegura, «no tienen prisa».