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Los desvíos en los contratos públicos, una sangría insostenible

Competencia critica la falta de transparencia y reconoce la indignación social ante las adjudicaciones cuyos sobrecostes alcanzan los 47.500 millones de euros al año
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El nuevo Hospital de Sant Joan de Reus ha sido la mayor obra pública realizada en un municipio.  Foto: Alba Mariné

El nuevo Hospital de Sant Joan de Reus ha sido la mayor obra pública realizada en un municipio. Foto: Alba Mariné

El derroche de dinero que puede tener la construcción de una determinada autovía, el servicio de basuras de una ciudad o la gestión de algún hospital, entre otros casos, puede llevarse por delante en España hasta 47.500 millones de euros al año del erario público. Es el ajuste que las Administraciones tienen que pagar a las empresas que han ganado esos concursos públicos cuando se registra una desviación presupuestaria, según un estudio de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC).

Casos lacerantes en las comarcas de Tarragona están en la mente de todos por las polémicas que han suscitado proyectos cuyo coste de ejecución ha hacabado multiplicándose sobre el presupuesto inicial, o cuando este encarecimiento desmesurado ha implicado que la obra tuviera que detenerse, demorarse o incluso ha hecho inviable su finalización.

El parking Jaume Iy el Mercat Central de Tarragona, el trazado del AVE por nuestras comarcas o equipamientos como el Teatre Auditori de Cambrils o la Escola de Música del Vendrell son los ejemplos más recurrentes. El Hospital de Sant Joan y la nueva Fira de Reus fueron las grandes obras civiles que menos se desviaron y una infraestructura como el Raval de Mar de Vila-seca, construida durante lo más duro de la crisis, acabó saliendo a menor coste del presupuestado.

El impacto de estos sobrecostes para la economía española podría suponer hasta un 4,6% del PIB, según calcula la CNMC en su análisis sobre la contratación pública en el país. El informe carga duramente contra estos procesos, a los que critica por su «falta de transparencia, competencia e ineficiencia». El conjunto de adjudicaciones públicas equivalen el 18,5% del PIB español, unos 4.100 euros al año por cada ciudadano.

El de los sobrecostes es uno de los problemas que más suspicacias levanta entre los ciudadanos. Porque, en la mayoría de las ocasiones, un caso de corrupción política suele estar ligado a algún tipo de adjudicación desde la Administración de turno con alguna empresa cercana sobre la que recae la sombra de la sospecha y que tanta crítica social han provocado en los últimos años. El regulador recuerda que existe «una mayor sensibilidad debido a la larga crisis económica», por la reducción de otras partidas presupuestarias que han afectado a familias y empresas, al mismo tiempo que las desviaciones siguen protagonizando muchas adjudicaciones oficiales.

La CNMC critica tanto el sistema de contrataciones como la normativa que las vigila. Sostiene que es una parcela «proclive a la existencia de prácticas irregulares desde el punto de vista de la competencia»

Además, critica «las elevadas barreras de entrada» que impiden participar a un gran número de empresas por los requisitos previos que se les imponen; «la multiplicidad de órganos de contratación» que intervienen; o los «problemas de información asimétrica» que afectan indirectamente al contribuyente a través de los gastos extraordinarios.

 

Bajas temerarias para ganar

También se alerta sobre otras prácticas que afectan a los presupuestos y que no pasan necesariamente por los sobrecostes. Por ejemplo, las «bajas temerarias». Es decir, cuando una empresa ofrece un precio mínimo, incluso menor al coste medio de mercado, para hacerse con un contrato.

Se trata de una práctica que, según advierte la CNMC, no tiene por qué ser más eficiente para las cuentas públicas, sino al revés. Una reducción drástica de la oferta de la empresa, para ganar un concurso, puede salirle cara a la Administración a largo plazo.

Otras vías que el regulador insta a vigilar son el encargo de la gestión de un servicio determinado a una compañía o los convenios suscritos entre Administraciones y empresas. En ambos casos, «deben valorarse las ineficiencias económicas» que registran, por la ausencia de ofertas de diferentes compañías en estos de procesos.

Aunque el regulador reconoce algunos «avances» en los últimos años, aún califica de «ambiguos» los criterios de selección escogidos por las Administraciones que contratan. También reconoce que existen sistemas de valoración «subjetivos». O acepta que los procedimientos no reúnen «suficientes garantías» a la hora de hacerlos públicos. Incluso señala que una de las carencias de la contratación pública en España es la «escasa utilización de las vías establecidas para detectar desviaciones» de la norma. Todo una casuística para proponer la modificación del actual sistema.

La propuesta de la CNMC se detiene en medidas como la modificación de las leyes que rigen las UTE (uniones temporales de empresas), para dotarlas de «una mayor transparencia a la hora de acudir a una licitación y clarificar los mecanismos de supervisión de las subcontratas».

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