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Los primeros pasos del alcalde Ricomà

Crónica. Una semana En apenas siete días el nuevo gobierno ya ha tomado algunas medidas polémicas

A. Saldaña

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Imagen de la pimera reunión del nuevo equipo de gobierno de Tarragona, el lunes.  FOTO: alba mariné

Imagen de la pimera reunión del nuevo equipo de gobierno de Tarragona, el lunes. FOTO: alba mariné

Ha transcurrido una semana desde que el republicano Pau Ricomà cogió la vara de mando de la alcaldía de Tarragona y ya ha tomado algunas decisiones que permiten, si no todavía apuntar hacia dónde girará su gobierno, sí al menos esbozar algunas líneas de actuación. Es verdad que, como a todo nuevo mandatario, es de recibo otorgarle esos cien días de gracia de rigor para que tanto él como todos sus colaboradores se familiaricen con los cargos a los que acaban de acceder y comprueben cuál es el estado de las cosas, por lo que no se trata aquí de realizar un balance. Pero no es menos cierto que sus primeras medidas y anuncios han dado pie a muchos comentarios y no pocas polémicas –las redes sociales, siempre tan quisquillosas y dadas a las discusiones, están que echan humo–.

La primera medida, y posiblemente la que menos ruido ha generado –lo que en esta ciudad se puede entender como aceptación–, consistió en retirar la licencia para el macroparque acuático de colchonetas y toboganes hinchables que preveía instalar en la playa el camping de Tamarit, una postura que ERC defendió recurriendo a la necesidad de proteger una zona especialmente sensible. Es un argumento de peso al que poco hay que objetar, aunque no faltó –aquí nunca falta– quien criticó la decisión.

También en estos primeros días de gobierno Ricomà ha rechazado la propuesta socialista de ofrecer el autobús municipal de forma gratuita para todos los tarraconenses. No fue una sorpresa, aunque en este asunto ha sobrado demagogia y ha faltado un análisis serio. Cada vez son más las ciudades que se plantean medidas de este tipo para evitar los colapsos y reducir la contaminación. Claro que esta medida por sí misma no supondría una gran mejora de la movilidad, pero acompañada de otras tendentes a reducir el uso del vehículo privado en nuestras calles y a potenciar el transporte público podría contribuir a mejorar sensiblemente nuestra calidad de vida. Quizá en esta decisión haya pesado más cómo y de dónde venía la propuesta que el estudio de su posible idoneidad.

Mucho más controvertido ha sido el anuncio de contratar a un gerente para revisar el Plan General de Ordenación Municipal (POUM) en su totalidad. Parece normal actualizar algunos puntos que hayan quedado desfasados y obsoletos por el tiempo transcurrido y la cambiante situación con respecto a la época en que fue aprobado, que explicarían la renuncia a determinados desarrollos urbanísticos. Pero realizar una enmienda a la totalidad a un documento que costó más de diez años de intensos debates que desembocaron en un amplio consenso –también estaba ERC– se antoja, cuando menos, una tremenda osadía sólo explicada por el afán revisionista. Por no hablar de la inseguridad jurídica que puede conllevar cambiar las reglas de juego a mitad de partido. Un POUM es una herramienta que se basa en la planificación a largo plazo, un tema demasiado serio como para cuestionarlo cada vez que llega un alcalde nuevo a la ciudad. De ahí el consenso que se buscó en su día y todas las trabas que tuvo que superar para su aprobación definitiva.

En lo que no es revisionista el nuevo gobierno de Tarragona es en lo referente a los sueldos de los ediles y a la controvertida figura de los «asesores políticos», tan denostada por tantos por entender que es más una forma de colocar a afines y de pagar favores que una gente experta que de verdad aconseje en los temas más complicados a los dirigentes. Y es que no sólo no se han reducido, sino que su sueldo se ha elevado un 6% –nada que ver con la inflación y con la subida de los salarios del resto de los mortales–, para suponer un gasto anual que supera el medio millón de euros al año. Claro que aquí ningún partido ha respirado. Nada nuevo bajo el sol, por otra parte. 

Pero, sin duda, lo que más polvo ha levantado en esta primera semana de gobierno republicano es el reparto de representantes en las empresas municipales, donde, no está de más decirlo, se juegan unos muy jugosos emolumentos. Aquí no ha habido el menor recato: premio a quien está conmigo y castigo a quien no lo está, pasándome por el arco de triunfo los votos y la representatividad que la ciudadanía ha otorgado a cada formación. Todo, por supuesto, en aras de la gobernabilidad. Faltaría más. 

Mal hará Pau Ricomà si no entiende que está donde está para ser el alcalde de todos los tarraconenses, de los que le han votado y también de los que no lo han hecho, de los que le apoyan e incluso de quienes le critican. Cuenta con la ilusión y el ímpetu del recién llegado y con las esperanzas de la gente de tener una Tarragona mejor. Apenas ha dado sus primeros pasos, siendo muchos más los que aún le quedan por andar. Ojalá acierte. Por el bien de todos.

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