El ejemplo de Manel, trabajador de 69 años en el Ayuntamiento del Vendrell, puede cundir a partir de ahora. Él se podía haber jubilado a los 60 pero pretende hacerlo el año que viene, a los 70. «Es una situación que responde a querer estar activo. No porque haya una ley que me obligue a jubilarme lo voy a hacer. Hago un trabajo que me gusta y por eso decidí seguir en él hasta que pudiera. No es como estar en una mina o en otro trabajo en que cuando llegas a los 65 años estás hecho polvo», cuenta Manel.
Él lo hace por gusto. En cambio, otras personas verán alargarse por obligación su vida laboral, a raíz de la reforma aprobada hace tres años y que retrasaba la jubilación a los 67, de manera escalonada. La revisión del sistema que se llevó a cabo en 2013 estableció retrasar progresivamente la edad de retiro hasta alcanzar los 67 años en 2027.
Así, los que acumulen una larga vida laboral podrán seguir retirándose con la pensión íntegra a los 65 siempre y cuando tengan cotizados 36 años o más. Por cada ejercicio se aumenta ese periodo en tres meses hasta llegar a 2027, cuando quien desee retirarse a los 65 deberá contar con una cotización de, al menos, 38 años y seis meses.
La generación que ahora se jubila comenzó a trabajar muy joven y acumula muchos años de aportaciones al sistema. Más problemas para saltar el listón tendrán los jóvenes actuales, que han empezado más tarde a trabajar, y las mujeres que hayan sufrido lagunas en la cotización.
En cualquier caso, los efectos de esas reformas ya se están notando y lo harán aún más en los años venideros. Según registros del Idescat, en la provincia hay 2.673 personas dentro del grupo de la población activa con más de 65 años. Esa tipología de trabajador, hasta ahora con presencia residual, se triplicará en la próxima década, según las proyecciones estadísticas. En 2017, ese dato crecerá hasta las 3.093 personas. En 2026, tras unos años de crecimientos constantes, habrá en Tarragona 9.925 personas como población activa, resultado de una realidad inevitable y, a partir de ahora, cada vez más común.
Una reforma insuficiente
Esa reforma de hace tres años no es, ni mucho menos, suficiente, sobre todo porque fue diseñada para tener efectos a largo plazo. Las cuentas continúan sin cuadrar. Cada vez hay más pensionistas y menos trabajadores. Ni siquiera la recuperación del mercado laboral, todavía lastrada por la precariedad, sirve para maquillar los datos. Los números de la Seguridad Social llevan tiempo teñidos de rojo, pero este 2016 se va a llevar la palma. Desde 2010, el gasto en pensiones supera a las cotizaciones sociales generadas por los trabajadores en la provincia.
El déficit se ha ido agrandando anualmente, hasta alcanzar ese saldo negativo de 316 millones relativo a 2015, el último año cerrado por parte de la Seguridad Social. La ecuación es insostenible: 1,8 millones de gasto total en pensiones por 1,5 de cotizaciones en las comarcas tarraconenses, según los registros del año pasado. Tan preocupantes cifras se enmarcan en el debate sobre el futuro de las pensiones públicas, uno de los retos más importantes del nuevo Gobierno, en tanto que pieza clave del estado del bienestar. Hay más datos elocuentes. En Tarragona, el número de jubilados ya supera los 100.000, una cifra récord que ha ido en aumento. Según datos de octubre de la Seguridad Social, en Tarragona hay 100.608 pensionistas que cobran 103.221 prestaciones por jubilación. Diez años antes, en 2006, la cifra era sólo de 83.172. El registro se pulveriza en Tarragona al tiempo en que el Gobierno ha admitido ante Bruselas el agotamiento de la caja de la Seguridad Social. De hecho, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ha marcado su fecha de defunción para diciembre de 2017. Esa coloquialmente denominada ‘hucha’ se ha convertido en los últimos años en el último recurso al que agarrarse, sobre todo para abonar las dos pagas extra anuales de las prestaciones.
Pese a la crítica situación en la que se encuentra la popular hucha, el Gobierno, mientras estudia la reforma, insiste en que las pensiones «están totalmente aseguradas». En cualquier caso, confían en alcanzar los 20 millones de ocupados para volver a llenar la caja. La última ocasión en la que se recurrió al fondo fue el pasado mes de julio, cuando se sacaron 9.700 millones de la hucha dejándola en 24.167 millones de euros. Teniendo en cuenta esta cifra y los datos enviados a la Comisión Europea, el Gobierno retirará todavía otros 9.200 millones de euros hasta final del presente año.
