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Más de 16.000 familias vulnerables de Tarragona piden ayuda para pagar la luz

Un 5% de los hogares de la provincia sufren pobreza energética. Las últimas subidas de las tarifas aún no impactan pero Càritas y Creu Roja están alerta por si agravan los efectos de la pandemia

Raúl Cosano

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Almacén de alimentos en Creu Roja Tarragona.  FOTO: Creu Roja

Almacén de alimentos en Creu Roja Tarragona. FOTO: Creu Roja

Entidades como Creu Roja y Càritas Diocesana se preparan para que la subida de la tarifa de la luz afecte pronto a familias ya vulnerables. La escalada de los precios de la electricidad no se percibe aún en una mayor necesidad pero lo hará pronto en un contexto en el que la pandemia también ha impactado. Actualmente, más de 16.400 hogares de Tarragona, aproximadamente un 5%, recurren al bono social para poder pagar la luz, según las cifras del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que es quien concede la ayuda.

De ellos, 14.650, casi el 90%, son clientes de Endesa. Hace justo dos años, unos pocos meses antes de la irrupción de la emergencia, la cifra según la compañía era de 13.687 beneficiarios, un 7% menos. El balance del Ministerio entre diciembre de 2019 y 2020 también muestra un incremento de casi el 10%. Desde entonces la cifra ha descendido ligeramente, pero hay que tener en cuenta que el Ministerio, de forma añadida, ha creado un bono específico Covid para atender las situaciones derivadas expresamente de la pandemia.

Una pobreza «creciente»

¿Cuál es el perfil de la pobreza energética en Tarragona? Hay una mezcla de personas atendidas «que ya vivían antes en situación de precariedad laboral sin capacidad de ahorro, con salarios bajos, trabajos de baja intensidad y contrataciones temporales o marginales», como indica Mar Fernández, técnica responsable del programa de necesidades básicas de Càritas Diocesana en Tarragona. A esos roles se añadieron luego los de nuevas familias que hasta ese momento no habían necesitado apoyo. Mar Fernández indica una «situación de pobreza energética creciente», con «una percepción de una pérdida constante de poder adquisitivo, bienestar y derechos sociales», por una dinámica «inversa», en la que los precios de la energía y las facturas suben mientras bajan «los salarios e ingresos en el hogar».

En concreto, la factura de la electricidad ha aumentado un 28% en el último año en Tarragona según el INE, ha disparado la inflación y ha incrementado los precios de la cesta de la compra. La Covid-19 ha generado «la cobertura urgente de necesidades básicas como la alimentación y el alquiler», explica Fernández. Durante este 2021, el 22% de las ayudas económicas de Càritas son para pagar facturas de la energía.

En ocasiones, las cifras de ayudas no muestran la realidad de las necesidades, por diversos factores. La renovación del bono social eléctrico o la prohibición de cortar suministros básicos a familias en situación de exclusión económica han tenido que ver pero también el propio perfil del usuario. «Aproximadamente un 57% de las personas atendidas en Càritas son inmigrantes, muchos de los cuales se encuentran sin permiso de residencia ni de trabajo. Esa situación empeora las dificultades de acceso a una vivienda y, además, las personas en situación irregular no pueden optar a ayudas oficiales», cuenta Mar Fernández.

A eso hay que añadir casuísticas concretas como que un sector de estos hogares atendidos tienen el suministro de la luz enganchado ilegalmente, sin contrato, lo que constata la situación de vulnerabilidad pero bloquea la petición de cualquier ayuda.

«Las franjas de edad con más riesgo de padecer una situación de exclusión son los jóvenes de entre 16 y 24 años, las mujeres, las personas mayores y los inmigrantes. Las familias con hijos a cargo también están más expuestas a la precariedad material y ven limitadas sus opciones de mejora socioeconómica generacional, especialmente las monomarentales», dice Mar Fernández desde Càritas.

Talleres y kits de eficiencia

Los técnicos de Creu Roja en Tarragona también pronostican que con la reciente subida del coste de los suministros puede haber en breve un incremento de la demanda. «Para las familias en situación de vulnerabilidad llueve sobre mojado, ya que muchas personas ya tenían problemas antes de los últimos aumentos», explican desde la entidad, que se esmera en el combate de la pobreza. Creu Roja organiza talleres de ahorro energético y asesora a familias. Además del pago directo de recibos de suministro, entrega kits de eficiencia energética, como bombillas de bajo consumo, temporizadores o difusores de grifo. También se dan ayudas a pequeñas rehabilitaciones de domicilio o cambios de electrodomésticos.

Por su parte, Càritas ha ampliado los recursos dentro del programa de necesidades básicas con la creación de un fondo Covid-19 para 2020 y 2021, con ayudas en la cobertura de gastos del hogar, como el alquiler o los suministros.

Ante las escaladas de la tarifa de los últimos meses, es vital la concienciación y la implicación para fomentar un ahorro al máximo. «Solo pagando las facturas de luz, gas y agua no es suficiente para hacer frente a la situación de pobreza energética. A finales de 2020 y hasta el primer trimestre de este año, hemos colaborado con la entidad Combinats en un proyecto de puntos de asesoramiento energético para personas vulnerables», narra Mar Fernández. El objetivo es que las personas «estén formadas en cuestiones de consumo energético a nivel doméstico, con temas como las facturas, la potencia contratada, las tarifas, los servicios de suministro, los hábitos de consumo, el bono social o la auditoría en el domicilio». Càritas está impulsando un proyecto de formación similar en lugares como la Conca de Barberà.

Preocupación en las entidades

La preocupación cunde entre los trabajadores de estas entidades benéficas, sobre todo por la nueva emergencia que en estos meses puede provocar la subida de la tarifa eléctrica, que acumula en Tarragona seis meses consecutivos de incrementos. «La denuncia y la sensibilización es fundamental para que consideremos que la energía eléctrica debe ser un derecho social, en la línea de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes. Hay que garantizar el suministro de forma segura, eficiente y a un precio asumible para todos los consumidores», admite Mar Fernández desde Càritas, que añade: «Hay que evitar las actuaciones especulativas basadas en adquirir derechos de emisión, con criterio de inversión a largo plazo, fundamentadas en que el cambio climático obligará a incrementar su precio en el futuro».

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