Más de una década para aprobar un POUM gafado

La tramitación del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Tarragona fue el último dolor de cabeza de Joan Miquel Nadal (CiU), el primero de Josep Fèlix Ballesteros (PSC) y el enésimo del primer annus (y medio) horribilis de Pau Ricomà (ERC) en la Plaça de la Font, quien ahora suma el mazazo urbanístico a los tsunamis de la explosión de Iqoxe del pasado mes de enero y a la crisis sanitaria y económica del coronavirus que se arrastra desde marzo.

El alcalde nacionalista entre 1989 y 2007 impulsó la redacción del nuevo Plan General a finales de 2000 para «lograr una ciudad más compacta». Para ello, contrató a la consultora Aguirre-Newman para realizar los primeros estudios, que se vieron afectados por completo en el verano de 2004, cuando el Parlament modificó sustancialmente la Llei d’Urbanisme, que pasó a exigir auditorías medioambientales, un plan de movilidad o reservar un 20% de la vivienda para protección oficial.

Todos estos cambios retrasaron la redacción del nuevo POUM, cuya aprobación inicial no se llevó a cabo hasta el 15 de mayo de 2007, a solo 12 días de las Municipales. CiU, junto al PP, tiraron hacia adelante un plan que solo días después generó una psicosis general por las 1.500 expropiaciones previstas.

Manifestaciones, alegaciones...

Ballesteros tomó la vara de alcalde el 15 de junio de 2007. Ese verano estuvo marcado por las manifestaciones y negociaciones con los vecinos afectados, que se constituyeron en una plataforma y presentaron 4.387 alegaciones contra el plan, con varios actos de protesta incluidos.

Inicialmente, fue Josep Lluís Navarro (PSC) quien comandó el proceso, pero su repentino fallecimiento el día de la Mercè de 2007 situó a Xavier Tarrés (PSC) como responsable. A partir de entonces se iniciaron más de 400 reuniones con los afectados y, exactamente 18 meses y seis días después, el pleno del 21 de noviembre de 2008 avaló –por unanimidad– volver a tirar adelante la aprobación inicial. Pero esto era solo el primer peldaño.

Se inició entonces una ardua negociación con Protecció Civil, que no aceptaba la franja de protección de la química propuesta por el Consistorio e impedía el crecimiento de la ciudad. «Llegué a entregar al conseller Saura las llaves de la ciudad y le dije que, según él, debíamos cerrar porque no éramos viables», ha indicado recientemente Ballesteros. Tras unas polémicas negociaciones, el pleno lo aprobó provisionalmente el 31 de enero de 2011.

Parecía, pues, que poco a poco el POUM iba cogiendo músculo, pero nada más lejos de la realidad: el 30 de junio de ese año el conseller de Territori, Lluís Recoder (CiU), dio el OK al documento, pero con la exigencia de que se llevaran a cabo más de 600 modificaciones al texto, más la incorporación de 22 consideraciones de informes sectoriales. Todo un contratiempo para el entonces edil de Urbanisme, Carles Castillo (PSC). Además, con la crisis económica se redujo a la mitad el número de técnicos –6–, por lo que los cambios se alargaron mucho más de lo deseado, un hecho que encendió la polémica con el Govern. Finalmente, la Comissió d’Urbanisme avaló el 24 de enero de 2013 un plan que vio aprobado su Text Refòs por el pleno el 15 de abril de 2013, y que entró en vigor el 20 de agosto de 2013. Siete años después ha llegado el gran mazazo de esta pesadilla llamada POUM.