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El acuerdo entre Aparcaments Municipals de Tarragona y los administradores concursales de Sistemas Alem es avalado, como mínimo, por 22 de los 27 concejales del Saló de Plens de la Plaça de la Font. Esto es lo que se desprende del hecho de que el pacto lo aprueban, públicamente, los integrantes del equipo de gobierno municipal (ERC y Comuns), así como del PSC, Ciutadans y el PP. La CUP, sin embargo, se opone a la operación y Junts per Tarragona no se moja, pese a que el Diari ha intentado conocer su opinión al respecto. Los neoconvergentes se abstuvieron en la votación del consejo de administración del jueves.
«El acuerdo es la mejor opción para cerrar el proceso mercantil y poder iniciar la liberación del espacio, para que pueda tener un uso público», indica la portavoz del PSC, Sandra Ramos, quien resalta que «en estos momentos, la concursal de Sistemas Alem no tiene ningún ingreso para poder hacer frente a los acreedores, solo la deuda de Aparcaments». En este sentido, la edil socialista remarca que el pacto «no significa ninguna renuncia al caso penal».
En la misma linea se expresa Sonia Orts, integrante del consejo de administración de Aparcaments por el grupo municipal de Ciutadans. «La operación respecto a Jaume I permite desbloquear la situación y, en principio, poder disponer del espacio en un futuro no muy lejano», resalta la edil de la formación naranja. De hecho, recientemente el magistrado del Juzgado Mercantil número 3 de Madrid ha autorizado a que una empresa pueda entrar al espacio para estudiar el sistema y el coste para sacar la maquinaria y las torres metálicas que Sistemas Alem tiene aún en el interior del agujero de la Part Alta. La administración concursal de la firma ha vendido por unos 27.000 euros sus activos en el equipamiento para poder hacer frente a las deudas que arrastra. Se trata de la primera ocasión en más de una década que el juzgado permite entrar en la instalación para poder analizar el mecanismo para retirar parte de los elementos que hay en su interior, después de que las obras se paralizaran el 20 de febrero de 2008. De manera casi calcada al resto de representantes políticos lo valora José Luis Martín (PP). «Nos parece una decisión acertada, avalada por los servicios jurídicos», afirma el concejal de la formación conservadora.
En la reunión del pasado jueves, la CUP se abstuvo en la votación del pacto con Sistemas Alem. «Es inaceptable normalizar un acuerdo con la empresa que contribuyó a malbaratar 30 millones de euros. Deben depurarse responsabilidades, y el Ayuntamiento debe personarse como acusación particular», afirmó la edil cupaire Eva Miguel.
