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La decisión de suspender la aprobación del plan parcial 43 en el último suspiro cogía por sorpresa a sus promotores, que esperaban que, después de un largo periodo de negociaciones, el viernes pudiera darse luz verde definitiva al proyecto. El grupo Essentia Costa Dorada afirmaba en un comunicado que el proyecto «es escrupuloso en el cumplimiento de la normativa vigente, siendo respetuoso con el medio ambiente y promueve la recuperación del patrimonio arquitectónico». Asimismo, ponía en valor que este ha recibido «todos los informes favorables, tanto de los servicios técnicos y jurídicos de la Generalitat, como del propio Ayuntamiento».
Los inversores insisten en que la zona de viviendas está fuera del ámbito de la Anella Verde y que este espacio «es limítrofe y da continuidad a otras edificaciones de urbanizaciones ya existentes». En cambio, el único espacio que forma parte de este ámbito de protección es el de Mas d’en Sorder, en el que se prevé que se haga la rehabilitación del viejo edificio. Con todo, los promotores aseguran que esta decisión genera «inseguridad jurídica» hacia los ciudadanos y las empresas. «Cuando una institución no respeta los plazos de aprobación de los proyectos, genera en la sociedad el peligro de que las empresas y los ciudadanos tengan miedo de que sus derechos sean conculcados en cualquier momento», indica la compañía.
Los partidos de la oposición coinciden en este último aspecto. Desde el PSC, Begoña Floria, afirmaba que «es un nuevo ejemplo del caos y las incoherencias de este gobierno». Esta formación, que votó a favor del proyecto, considera que esto «hará que la gente se lo piense mucho antes de invertir en Tarragona».
Por su parte, Rubén Viñuales (Cs) lamentaba que «es una muestra más de la demagogia urbanística de Ricomà y sus socios, y esto afecta a la credibilidad de Tarragona y juega con la opinión pública de todos los ciudadanos».
Desde el Partido Popular, José Luis Martín insistía en que «los propietarios tienen unos derechos adquiridos, porque está recogido en el POUM, y ahora tendrán que indemnizarse». Para la formación conservadora la decisión «es una muestra de que no hay rumbo ni modelo de ciudad». Los promotores esperan que se «reconsidere» la decisión.
