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El Ayuntamiento de Tarragona planea limitar «en alguna época del año» y «en determinadas situaciones metereológicas que lo requieran» el acceso al centro de la ciudad a los vehículos más contaminantes y que no cuenten con distinción medioambiental. Así lo anuncia en declaraciones al Diari el segundo teniente de alcalde, Jordi Fortuny (ERC), después de que el pasado viernes el Saló de Plens aprobara –por unanimidad– una moción presentada por el PSC para impulsar la creación de Zonas de Bajas Emisiones en la ciudad.
«Pondremos en marcha iniciativas para bajar la carga contaminante. Tenemos elementos de contraste, como son los datos que proporciona la estación que hay instalada en el Parc de la Ciutat, que muestran que hay contaminación por combustión de fuentes no renovables. A todo esto, también hay que apostar por implantar medidas de circulación adecuadas para reducir la contaminación, las cuales se están estudiando y valorando», afirma el responsable municipal, quien recuerda que «no solo estamos alineados con reducir las emisiones contaminantes en la ciudad, sino que vamos más allá. Por primera vez en los presupuestos municipales hay una partida sustancial –200.000 euros– destinada a analizar la calidad del aire», añade Fortuny, quien recalca que este estudio medioambietal será «independiente».
Asimismo, el también presidente de la Empresa Municipal de Transports (EMT) indica que «tenemos claro que debemos ir hacia la electrificación de los vehículos, como los autobuses, pero debemos hacerlo progresivamente». En este sentido, el edil republicano afirma que «ya hemos iniciado la compra de vehículos eléctricos para diferentes servicios del Ayuntamiento de Tarragona y de empresas municipales, como Ematsa, donde el 40% son eléctricos». Concretamente esta empresa acabará el año 2020 «con 21 vehículos eléctricos de los 35 vehículos que forman parte de la flota», asegura el edil, quien avanza que «también tenemos la intención de adquirir autobuses híbridos para incorporar a la flota de la EMT en futuras licitaciones».
TGN y Reus, obligadas
La apuesta por restringir la entrada de los vehículos más contaminantes no es una iniciativa solo de Tarragona, sino que vendrá obligada a partir de 2023 por el Gobierno Central, cuando entre en vigor la nueva Ley de Cambio Climático que prepara el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Según anunció recientemente el ejecutivo liderado por Pedro Sánchez (PSOE), el Gobierno obligará a los 150 municipios con más de 50.000 habitantes del Estado a establecer Zonas de Bajas Emisiones, con restricciones al tráfico rodado más contaminante. E n Catalunya son 23 las ciudades que deberán adaptarse a la medida. Aparte de Tarragona, también deberán limitar la circulación de vehículos al centro urbano Reus, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Badalona, Sabadell, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Girona, Sant Cugat del Vallès, Cornellà de Llobregat, Sant Boi, Manresa, Rubí, Vilanova i la Geltrú, Castelldefels, Viladecans, El Prat de Llobregat, Granollers, Cerdanyola del Vallès y Mollet del Vallès.
Velocidad a 30km/h
En la linea marcada por el Gobierno Central, el pasado viernes el pleno municipal aprobó una moción en la que se insta al Ayuntamiento a «realizar un mapa de la contaminación ambiental de los espacios públicos», con el objetivo de «poder llevar a cabo un seguimiento».
Asimismo, en el texto presentado por el PSC –que fue avalado por Esquerra Republicana y Comuns porque no exigía la implantación del bus gratuito– se acordó «que se coordinen los departamentos de Medi Ambient y Urbanisme», así como que «se creen Zonas de Bajas Emisiones para descongestionar el núcleo de la ciudad de los vehículos de combustión interna, potenciando el transporte público y los vehículos sin emisiones», a la vez que «ampliar los espacios para los peatones y las zonas verdes».
Finalmente, el texto avalado por los siete partidos con representación en la Plaça de la Font exige que «se reduzca la velocidad de todos los vehículos a 30km/h en toda la ciudad», así como que esta sea de 20km/h «en los puntos negros mediambientales».
