Ricomà retira hasta noviembre la pancarta de apoyo a los presos independentistas

El Ayuntamiento de Tarragona descolgó ayer, a las cuatro de la tarde, la pancarta de apoyo a los presos por el proceso independentista que figuraba en la fachada del edificio municipal de la Plaça de la Font desde el pasado 25 de julio. El equipo de gobierno (ERC–En Comú Podem) llevó a cabo la actuación después de que la Junta Electoral Provincial desestimara el recurso que la administración municipal presentó el pasado lunes, tras recibir la orden de la Junta Electoral de Zona para para retirar el cartel, tras avalar la denuncia presentada por el PP para que el símbolo se retirara, como mínimo, hasta el próximo 11 de noviembre, que es la fecha en la que se dejará de estar en periodo electoral por los comicios generales convocados para el próximo 10 de noviembre. 

En su resolución, la Junta Electoral recuerda la doctrina general expresada por la administración electoral de «tomar las medidas necesarias para retirar de los edificios públicos las banderas esteladas, lazos amarillos u otros de análogo significado que contengan imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas por cualquiera de las entidades políticas concurrentes a las elecciones, así como para que se ejerza una vigilancia permanente para que no se vuelvan a colocar durante el periodo electoral ninguna de estos símbolos partidistas». 

En el texto, la Junta Electoral Provincial resalta que la pancarta que indica Llibertat Presos Polítics «pretende recordar que dirigentes o candidatos pertenecientes a formaciones políticas que se presentan a las próximas elecciones se encuentran en situación de prisión preventiva», y especifica que «también aquí dicho símbolo puede utilizarse legítimamente por determinadas formaciones políticas, pero no por las autoridades públicas que deben respetar la neutralidad política durante los procesos electorales». 

Asimismo, en su denuncia, el PP solicitaba a la Junta Electoral que instara al alcalde de Tarragona –Pau Ricomà (ERC)– para «vigilar el cumplimiento del principio de neutralidad del personal sujeto al Estatut de la Funció Pública», en una clara referencia al hecho de que hay empleados de la corporación local que trabajan on lazos amarillos en la solapa. Sobre ello, la Junta Electoral se limita a «hacer un simple recordatorio al alcalde de su obligación por vigilar el cumplimiento del principio de neutralidad».  

El portavoz del equipo de gobierno, Xavier Puig (ERC), indicó que el ejecutivo acata la directriz porque «es vinculante», si bien recordó que «se impone contra nuestra voluntad». Pese a ello, el representante del gabinete de la Plaça de la Font anunció que la pancarta «se volverá a colgar después de las elecciones del 10 de noviembre», ya que en el pleno del pasado lunes obtuvo «toda la legitimidad democrática que le da una mayoría absoluta del pleno», ya que las mociones de Ciutadans y PP para retirarla chocaron con la oposición de ERC, Junts per Tarragona, CUP y Comuns. 

Aval del secretario general
El posicionamiento del equipo de gobierno se decidió –en gran parte– por el informe jurídico que realizó el secretario general del Ayuntamiento de Tarragona, Joan Anton Font, en el que el máximo responsable jurídico de la corporación local reconocía, antes de recibir la resolución de ayer, que «mantener la pancarta Llibertat Presos Polítics es contrario al principio de neutralidad institucional de la doctrina fijada por la Junta Electoral».

 En su informe, realizado a instancias del grupo municipal de Ciutadans, Font realiza una profunda crítica sobre el significado de «partidismo» fijado por la administración electoral. «De acuerdo con su doctrina, es partidista cualquier actuación no compartida de forma unánime por la sociedad. O, lo que es lo mismo, teniendo en cuenta que la unanimidad social no existe, la neutralidad institucional equivaldría a la prohibición absoluta de exteriorización de ninguna idea, reclamación o reivindicación», afirma el secretario general, quien lo ejemplarizó con las pancartas Volem Acollir o los carteles contra la violencia de género. «El principio de neutralidad debería ser impedir actuaciones específicas por parte de las administraciones que otorguen beneficios a formaciones políticas concretas, en detrimento del resto», reza finalmente el alto funcionario.