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La situación de «equilibrio inestable» en la que viven las arcas de la Plaça de la Font provoca que, a día de hoy, el Ayuntamiento de Tarragona esté en vilo por conocer las liquidaciones de los anticipos que el Gobierno Central paga mensualmente a los consistorios por los impuestos estatales en los que las administraciones municipales tienen participación. Según las previsiones de inicios de año, en el presupuesto de 2019 se incluyeron 36,7 millones de euros de aportación estatal, lo que significa más de un 20% de los ingresos totales previstos por la corporación local hasta el 31 de diciembre, que ascienden a 174,5 millones de euros.
Sin embargo, la situación «ajustadísima» que, según el concejal de Hisenda y Serveis Centrals –Jordi Fortuny (ERC)–, hay actualmente entre los ingresos y los gastos municipales provoca que si, finalmente, el Estado aporta menos de lo previsto, esto pueda ocasionar que el Consistorio cierre los números de este año con déficit, lo que tendría consecuencias devastadoras para la economía municipal, ya que –por ejemplo– se acabaría el grifo del acceso al déficit por parte del Ayuntamiento.
«En 2018 finalizamos el año con un saldo positivo de solo 400.000 euros, lo que es una cifra realmente muy baja para un presupuesto de casi 180 millones de euros», indica Fortuny, quien considera que el porcentaje ideal sería tener unos números en positivo equivalentes al 5% del presupuesto o, lo que es lo mismo, más de seis ó siete millones de euros. «Esto nos permitiría tener un colchón por si fallan las liquidaciones estatales. Ahora, en cambio, estamos pendientes de saber cómo va la recaudación de ingresos, ya que un millón de menos respecto a lo presupuestado podría ocasionarnos acabar en negativo y no tener posibilidad de financiación bancaria para el año que viene», afirma el máximo responsable económico de la Plaça de la Font, por lo que se vería afectadas las inversiones.
Unos tres millones al mes
Desde principios de año, el Estado paga cada mes unos tres millones de euros al Ayuntamiento como anticipo por la cantidad que le corresponde por la participación en los tributos que cobra directamente el Gobierno Central. Pese a ello, a finales de año se llevarán a cabo las liquidaciones de los ingresos estatales, lo que podría comportar un incremento o una disminución de los números presupuestados.
De entre los 36,7 millones de euros en ingresos previstos en las cuentas por parte de inyecciones estatales, la mayor parte –27 millones– corresponden al Fondo de Compensación de Financiación, que es la herramienta principal de aportación de la administración central a los Consistorios para su gestión ordinaria. Asimismo, según se desprende de los presupuestos municipales, para este año se esperan casi otros diez millones que deben cobrarse en base a a la recaudación de algunos tributos.
Así, las cuentas municipales contemplan contar a lo largo de este año con unos 3,1 millones de euros por la parte que corresponde del IRPF, así como otros 2,9 por el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y otros 2,7 por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Estos tres serían los principales tributos, que se ven complementados, principalmente, por otros cuatro: el de hidrocarburos –del que se esperan más de 400.000 euros–; el de tabaco –unos 277.000–; el IAE adicional –147.000–; y el del alcohol –33.000–.
Mejor que el plan de ajuste
El peligro de perder el grifo del crédito también existe por la parte de la deuda que arrastra el Ayuntamiento, que actualmente es de unos 180 millones de euros, lo que significa un 103% de los 174 millones de ingresos corrientes. El límite legal para poder tener préstamos es del 110%, una cifra que el Consistorio sobrepasó entre 2014 y 2017. «Es lo que nos hemos encontrado. Trabajamos para que este índice baje del 75% a final de este mandato», afirma Jordi Fortuny.
Lo cierto, sin embargo, es que los números del Consistorio hasta el pasado 30 de junio son mejores de los previstos en el plan de ajuste económico en el que se encuentra el Consistorio desde 2012, según se indica en un informe de seguimiento que fue avalado en el pleno municipal del pasado 30 de agosto.
Los números elaborados por los técnicos municipales indican que, respecto a lo previsto, el Consistorio ha ingresado un 4,07% más de lo esperado, mientras que ha tenido un incremento de los gastos de un 2,7%, por lo que el saldo es de un 1,37% positivo. En este informe se detalla que el periodo medio de pago a proveedores es de 19 días –cuando el límite legal es de un mes–, mientras que también revela que el Consistorio «presenta capacidad de financiación positiva» pese a presentar un índice de endeudamiento superior en un 11% a lo previsto.
