Ricomà se aprieta el cinturón

El gobierno municipal activa el plan B. Solo 24 horas después de que el pleno municipal de este pasado martes rechazara incrementar un 5% la tasa de la basura y un 3,9% el IBI para ingresar 2,6 millones de euros adicionales en 2022 –y aún con la duda sobre lo que pasará con los ocho millones de la plusvalía–, ayer el área de Serveis Centrals movió ficha y ordenó –de urgencia– a los altos mandos municipales apretarse el cinturón al máximo hasta final de año.

Según ha podido saber el Diari, el concejal de Serveis Pressupostaris, Jordi Fortuny (ERC), envió este miércoles una circular interna a los jefes de departamento de la corporación local en la que expone que la reciente declaración de nulidad de algunos artículos del impuesto de la plusvalía por parte del Tribunal Constitucional «tendrá un impacto negativo en los recursos del presupuesto de 2022 en caso de no ser compensada». Por ello, en plena elaboración de las cuentas del próximo ejercicio, el primer teniente de alcalde ordena «reducir, en lo que resta de año, todos los gastos no imprescindibles para su funcionamiento» de los capítulos de bienes y servicios y transferencias corrientes.

El objetivo, según relata Fortuny en su escrito, es «lograr la liquidez necesaria en el remanente de tesorería de 2021 y poder cubrir parte de los recursos perdidos» por la incertidumbre sobre la plusvalía, la no subida impositiva bloqueada por la oposición, la pérdida de 500.000 euros por los tributos de las químicas a raíz de la segregación de La Canonja y los 533.000 que se dejarán de percibir por el IBI de las autopistas.

Por ello, Serveis Centrals informa en la circular que se ha decidido «adelantar la fecha límite de la disponibilidad de crédito» de los departamentos del 19 de noviembre al próximo lunes, día 8. A partir de ese día «solo se tramitarán aquellos gastos que sean consecuencia de contratos en vigor y de aquellos que correspondan a los gastos propios del mes en curso, con consignación presupuestaria adecuada y suficiente».

El Estado dice que «se corregirá»

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), anunció ayer que el Gobierno Central aprobará cambios normativos para «corregir» el llamado impuesto de la plusvalía municipal tras la sentencia del Tribunal Constitucional. Montero intervino ayer en el pleno del Congreso de los Diputados para defender el proyecto de presupuestos de 2022 antes del debate de las siete enmiendas a la totalidad del texto presentadas, donde avanzó que «en el momento que se estudie la sentencia», se llevará al Consejo de Ministros «un texto legal para corregir elementos que se hubieran declarado inconstitucionales».

Con este cambio legal la ministra quiso dar «tranquilidad y seguridad» a los contribuyentes y garantizar la financiación de las entidades locales, «que son las que reciben los recursos de este impuesto», afirmó la política de la formación socialista.

7,5 millones en plusvalía este año

Pese a las palabras de la ministra, lo cierto es que el escepticismo impera ahora en el Ayuntamiento de Tarragona. Para este año estaban presupuestados cinco millones de euros en ingresos por el impuesto que grava el incremento de los terrenos de naturaleza urbana, pero en lo que va de 2021 ya se han logrado más de 7,5. Por esto, para 2022 se habían previsto 8, que ahora están en el aire lo que, junto a la no subida del IBI y de la basura, dificultan la elaboración de unos números a los que a día de hoy les faltan más de 11 millones de euros para poder garantizar actividades como Tarraco Viva, el Concurs de Focs, las fiestas populares o las subvenciones a entidades deportivas, sociales o culturales.

Pese a ello, Fortuny enfatiza que su voluntad es aprobarlos antes de final de año. «Espero que no se retrasen. Es mejor tener un presupuesto que no cumpla con todas las expectativas que todos quisiéramos a uno de prorrogado, en el que sufriría mucha gente», indica el máximo responsable económico municipal, quien reivindica que todo su área «está trabajando para poder salvar los muebles» y garantizar gasto más allá del pago de nóminas, contratos, servicios y amortizaciones bancarias.

Para ello, primero se tendrá que conocer la cantidad que se logrará de la nueva plusvalía y atraer una abstención de la oposición. «Esperamos que durante estas semanas reflexionen por el bien de la ciudad, no de este gobierno», indicó ayer el primer teniente de alcalde, quien avisa que «no descartamos mucha austeridad» en las cuentas del próximo año. En este sentido, para intentar minimizar los daños, Fortuny envió ayer la circular que pretende racionalizar los gastos de los próximos 60 días e intentar arrastrar un remanente que, el año pasado, fue de 12 millones de euros.