Agentes de la Policía Nacional, Mossos d'Esquadra e Inspección de Trabajo desmantelaron en La Canonja una supuesta organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual de mujeres. La banda también se dedicaría a la prostitución coactiva y al blanqueo de capitales. Durante el dispositivo conjunto se detuvieron a siete personas y cinco víctimas de explotación sexual liberadas.
El prostíbulo estaba regentado por una persona de nacionalidad belga, siendo ayudado por dos españoles. Las víctimas de explotación sexual eran de diversas nacionalidades. Se da la circunstancia de que las mujeres víctimas -una colombiana y tres rumanas- eran obligadas a la prostitución mediante la coacción de no darles comida y en uno de los casos -una ciudadana de Nigeria- sufrió abusos sexuales por parte de la gerencia.
El supuesto cabecilla era el ciudadano belga, de 72 años, quien ya había sido arrestado dos veces por la Policía Nacional y cuatro por la Guardia Civil. Ahora está acusado de abusos sexuales, trata de seres humanos con fines de explotación sexual y otro relativo a la prostitución. De estos dos últimos delitos también están acusados un subcabecilla vecino de Tarragona de 20 años y el encargado del local, vecino de Vic de 46 años y arrestado 13 veces por la Policía Nacional y una por la Guardia Civil.
Por su parte, los otros cuatro arrestados, todos ellos ciudadanos belgas -dos hombres de 47 y 51 años y dos mujeres de 49 y 51-, están acusados de blanqueo de capitales, crimen organizado y relativo a la prostitución. Tres de ellos cuenta con antecedentes policiales
Con el apoyo del Juzgado encargado de la causa se realizó un estudio y análisis del entramado económico que había detrás de esta organización criminal, localizándose seis empresas, de las cuales hay tres con una implicación directa e intensa, supervisándose infinidad de datos fiscales, económicos, propiedades mobiliarias, préstamos y cuentas corrientes todo ello para poder comprobar el delito de blanqueo de capitales. A esta organización criminal se le atribuye un patrimonio general en torno a los 2.160.000 euros.
La operación ha sido desarrollada por agentes del Grupo I de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Tarragona, por Mossos d'Esquadra y por funcionarios de la Inspección de Trabajo de Tarragona.
El caso lo lleva el Juzgado de Instrucción número 4 de Tarragona.
