Sólo 25 tarraconenses se acogieron a la ley de segunda oportunidad el año pasado

«Esta ley libera de deudas a personas que han perdido todo menos las deudas», explica Jaume Campà, abogado, economista y firme defensor de que hay que conseguir que la Ley de Segunda Oportunidad sea conocida por la ciudadanía. No le falta razón; este mes se cumplen tres años de la aprobación de una ley que fue acogida con gran entusiasmo pero a la que recurrieron solo 25 personas el año pasado en la provincia de Tarragona. En 2016 apenas lo habían hecho 5.

Aunque Catalunya es la comunidad autónoma con más casos, 450 el año pasado (1.276 en el conjunto de España), las cifras chirrían si se comparan, por ejemplo, con los más de 55.000 casos de Francia o los más de 100.000 de Alemania y del Reino Unido.

Deuda sobre deuda

La ley permite que las personas físicas con deudas inferiores a los cinco millones de euros, tanto particulares como empresarios, puedan iniciar, con la asistencia de un abogado, un procedimiento extrajudicial de acuerdo con sus acreedores y, en última instancia, abrir un procedimiento judicial que puede terminar con el perdón de la deuda.

Los potenciales beneficiarios son ciudadanos que se hipotecaron en el peor momento de la crisis, particulares ahogados por préstamos personales (que pidieron para pagar el coche, el alquiler, otros préstamos...), emprendedores fracasados que avalaron su proyecto con bienes personales o autónomos obligados a cerrar sus negocios.

Hasta la aprobación de la ley sólo las empresas contaban con un recurso legal para declararse en quiebra, mientras particulares y autónomos estaban condenados a morir con ellas. Podían ser perseguidos de por vida por sus acreedores, aunque ya no tuvieran nada. Eso sí, hay que saber que con la segunda oportunidad no desaparecen todas las deudas; el juez no puede exonerar de las deudas públicas, es decir, las contraídas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

Deudores «de buena fe»

Las personas que quieran recurrir al mecanismo deben reunir varias condiciones, la primera Campà la resume como ser «deudores de buena fe» y, asegura, «la inmensa mayoría lo son». Entre las características a cumplir, los beneficiarios no pueden haber sido condenados en los diez años precedentes por delitos contra el patrimonio, el orden socioeconómico, la falsedad documental, la hacienda pública, la seguridad social y el derecho de los trabajadores, y no haberse acogido a este mecanismo en los cinco años anteriores.

También deben haber intentado llegar a un acuerdo extrajudicial con los acreedores para aplazar la deuda y fijar un calendario de pago inferior a diez años o su liquidación con bienes propios.

Tarragona ha sido pionera

Pero si, a priori, hay tal cantidad de posibles beneficiarios, muchas víctimas de la crisis y la postcrisis, ¿por qué apenas se habla de esta ley? Campà lo tiene clarísimo: «Porque no interesa a los acreedores», principalmente bancos y prestamistas. Justo en ese punto los abogados catalanes y, muy en particular los tarraconenses, están haciendo un esfuerzo por dar a conocer la norma. 

De hecho, el Col·legi de l’Advocacia de Tarragona ha sido pionero en crear una Secció de la Segona Oportunitat presidida por Lluís Badía y el mismo Campà. Son el único colegio de abogados con una sección específica dedicada en exclusividad al tema, lo que les ha llevado a compartir su experiencia con otros profesionales de distintos puntos de España y a participar en programas de formación. También asesoran a los compañeros que llevan estos casos. 

El año pasado firmaron un convenio con el Ayuntamiento de Tarragona con el fin de subvencionar y patrocinar acciones encaminadas a la difusión de esta ley. Este convenio también fue el primero que se ha formalizó en Catalunya.

Asesoría directa y gratuita

En la sección se brinda asesoría gratuita y directa a los ciudadanos y se les explica, por ejemplo, si su caso es susceptible de acogerse a la ley o si tienen derecho a solicitar justicia gratuita. De hecho, que se contemplara el beneficio de la justicia gratuita en estos casos también fue iniciativa de la sección de Tarragona.

Quienes acuden son atendidos personalmente por Badía y Campà, ambos expertos en la ley, quienes trabajan en esta labor de manera voluntaria. A pesar de la limitada difusión de la ley, Campà explica que ya hay jueces que están dictando sentencias que son un auténtico ejemplo «de sensibilidad social y humana». Es una manera de reivindicar, asegura, «que la justicia de los telediarios no es la justicia de cada día».