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El pleno del Ayuntamiento de Tarragona aprobó ayer, sin ningún voto en contra, congelar los precios de los servicios educativos municipales, que son las Llars d’Infants, la Escola d’Adults y la Escola de Música. Así lo tiraron hacia adelante los cuatro partidos con representación municipal, pese a que en el plan de ajuste económico se preveía un aumento del 3%.
La decisión entrará en vigor el próximo mes de septiembre, cuando se iniciará el próximo curso escolar. Ayer, el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), destacó el «esfuerzo» que está llevando a cabo la administración municipal, «especialmente tras los recortes que está llevando a cabo la Generalitat de Catalunya». En este sentido, el máximo representante de la corporación local remarcó que «hace años que la administración autonómica incumple con sus compromisos. Me consta que van pagando, pero lo cierto es que no hay forma de que la deuda que arrastra baje de los 12 millones de euros», lamentó el político socialista. En concreto, según los últimos datos, el Govern tiene pendiente de pago más de 12,2 millones de euros al Ayuntamiento.
Sin ayuda autonómica
Ya hace años que el Govern incumple con los compromisos que tenía firmados con la administración situada en la Plaça de la Font. Principalmente, la Generalitat ha dejado de pagar en Llars d’Infants, Escola de Música y la Escola d’Adults. En este sentido, el Govern arrastra impagos por valor de 766.000 euros al Consistorio en guarderías, un hecho que ha provocado que la administración municipal se haya unido junto a otras 35 localidades catalanas para llevar al Govern ante los tribunales para reclamar la cantidad establecida.
Hasta 2011, la Generalitat pagaba al Consistorio 1.800 euros por plaza y curso, pero desde entonces esta cifra se ha ido reduciendo, hasta el punto de que en la actualidad ya no paga nada. Toda esta situación también ha comportado que el pleno municipal aprobara el pasado 26 de enero, por unanimidad, una moción en la que se pedía al Ejecutivo de Artur Mas (CiU) que abone sus deudas con el Consistorio a corto plazo. Cabe destacar que el texto contó con el visto bueno de los siete concejales del grupo municipal de Convergència i Unió.
El pleno del Ayuntamiento de Tarragona aprobó ayer, sin ningún voto en contra, congelar los precios de los servicios educativos municipales, que son las Llars d’Infants, la Escola d’Adults y la Escola de Música. Así lo tiraron hacia adelante los cuatro partidos con representación municipal, pese a que en el plan de ajuste económico se preveía un aumento del 3%.
La decisión entrará en vigor el próximo mes de septiembre, cuando se iniciará el próximo curso escolar. Ayer, el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), destacó el «esfuerzo» que está llevando a cabo la administración municipal, «especialmente tras los recortes que está llevando a cabo la Generalitat de Catalunya». En este sentido, el máximo representante de la corporación local remarcó que «hace años que la administración autonómica incumple con sus compromisos. Me consta que van pagando, pero lo cierto es que no hay forma de que la deuda que arrastra baje de los 12 millones de euros», lamentó el político socialista. En concreto, según los últimos datos, el Govern tiene pendiente de pago más de 12,2 millones de euros al Ayuntamiento.
Sin ayuda autonómica
Ya hace años que el Govern incumple con los compromisos que tenía firmados con la administración situada en la Plaça de la Font. Principalmente, la Generalitat ha dejado de pagar en Llars d’Infants, Escola de Música y la Escola d’Adults. En este sentido, el Govern arrastra impagos por valor de 766.000 euros al Consistorio en guarderías, un hecho que ha provocado que la administración municipal se haya unido junto a otras 35 localidades catalanas para llevar al Govern ante los tribunales para reclamar la cantidad establecida.
Hasta 2011, la Generalitat pagaba al Consistorio 1.800 euros por plaza y curso, pero desde entonces esta cifra se ha ido reduciendo, hasta el punto de que en la actualidad ya no paga nada. Toda esta situación también ha comportado que el pleno municipal aprobara el pasado 26 de enero, por unanimidad, una moción en la que se pedía al Ejecutivo de Artur Mas (CiU) que abone sus deudas con el Consistorio a corto plazo. Cabe destacar que el texto contó con el visto bueno de los siete concejales del grupo municipal de Convergència i Unió.
