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La Guàrdia Urbana de Tarragona ha sancionado a lo largo de los últimos días con una multa de 300 euros a seis personas que, pese al confinamiento, aprovechan el estado de alarma para tirar en las islas de contenedores objetos de grandes dimensiones –como muebles, neveras, colchones o todo tipo de electrodomésticos– pese a que la recogida de este tipo de enseres no se volverá a realizar hasta que se vuelva a la normalidad.
A raíz del encierro obligatorio decretado desde el pasado fin de semana por parte del Gobierno Central como medida preventiva para evitar la propagación del Covid-19, la práctica mayoría de la población pasa ahora todo del día en casa. Esto se traduce en que una parte de los tarraconenses hace limpieza y, aprovechando el permiso para bajar la basura, comprar bienes de primera necesidad o pasear al perro, se desprende de productos de grandes dimensiones, dejándolos en la vía pública. Esto es un grave error.
Las medidas de seguridad decretadas por el protocolo contra el Covid-19 también se extienden al servicio de la limpieza de la vía pública y de la recogida de la basura. Por ello, el Ayuntamiento decretó el pasado miércoles los servicios mínimos esenciales para la recogida de los residuos urbanos. Además, siguiendo las indicaciones de la OMS, en la mayoría de servicios hay un único operario. Por ello, entre otras medidas, se ha suspendido el servicio de voluminosos, ya que es una tarea que implica de la participación de dos empleados. «Lo que queremos, precisamente, es cumplir con el protocolo de seguridad y que no haya contacto entre trabajadores», indica el concejal encargado de la basura y de la limpieza viaria, Jordi Fortuny (ERC), quien resalta que la Policía Local será «implacable» en el control de los voluminosos. «Si se coge in fraganti a alguien, se le sancionará», advierte. La justificación de la apertura del expediente será por la vulneración del artículo 98.3 de la ordenanza de convivencia ciudadana, que reza que «los materiales residuales voluminosos, o los de pequeño formato pero en gran cantidad, deben ser entregados al servicio de recogida de desechos».
Campaña informativa
Por todo lo expuesto, hasta que no se derogue el decreto estatal que limita la movilidad individual, los operarios del servicio de la basura de la empresa FCC vaciarán cada día el contenedor de rechazo pero, en lo referente a las materias selectivas, esta se realizará en función de la necesidad que haya. Asimismo, también se ha suspendido el servicio de Deixalleria fija y móvil. «Hay gente que está dejando residuos en las calles y esto obliga a los servicios de limpieza a recogerlos, con lo que ello conlleva de exposición del personal a los contagios. Rogamos que la ciudadanía se quede en casa por su propia seguridad y por la de los trabajadores del servicio de limpieza», añade Fortuny, quien reconoce que «estamos viviendo unos días difíciles y complicados», pero que esto, «en ningún caso», debe traducirse en el abandono de enseres de gran tamaño en las islas de contenedores.
«Cada día estamos recogiendo dos toneladas de voluminosos como muebles y otros enseres que se dejan junto a los contenedores. Esto no puede ser. La Guàrdia Urbana y los inspectores medioambientales ya están haciendo la labor para detectar los infractores que están incumpliendo la norma», añade el segundo teniente de alcalde, quien considera que «pese a que estos días hagamos otras actividades, el confinamiento no es sinónimo de desmontar la casa y sacarla a la calle».
En consecuencia, a partir de esta próxima semana el Consistorio iniciará una campaña informativa para frenar el abandono de productos voluminosos en la vía pública. Aparte de potenciar la iniciativa de manera institucional y en las redes sociales, en cada isla de contenedores se colocará un cartel en el que se indicará, textualmente y con letras de gran tamaño, que «debido al estado de alarma queda suprimida la recogida de muebles y enseres», por lo que la administración local alertará de que «queda prohibido dejar residuos fuera de los contenedores», señalando que la sanción a la que se exponen los posibles infractores en caso de no respetar la directriz será de 300 euros.
