El Ayuntamiento de Tarragona estudiará a lo largo de las próximas semanas la posibilidad de privatizar la futura gestión de las instalaciones del Anillo Mediterráneo de los Juegos de 2017. Así lo aprobó ayer el pleno municipal, tras recibir hace pocos días una propuesta por parte de la empresa Santagadea Gestión SL para construir y explotar durante cuarenta años varios equipamientos de la zona deportiva de Campclar.
La compañía, con sede en Madrid, ha presentado esta semana un estudio de viabilidad económica al Consistorio en el que expone su voluntad para llevar a cabo una inversión de 15,6 millones de euros para construir varias instalaciones, a cambio de explotar los equipamientos y de recibir un canon anual durante cuatro décadas por parte de la corporación local de 2,7 millones de euros. Esta empresa es la accionista mayoritaria de la concesión para la explotación de los bajos comerciales del estadio del Sporting de Gijón: el Molinón. Precisamente, esta operación –que se firmó en mayo de 2015– también es para cuarenta años y es en contraprestación por la reforma del estadio asturiano.
La piscina la hará el Estado
En concreto, la firma especializada oferta a la administración municipal tarraconense la posibilidad de asumir la construcción y la posterior gestión de la piscina olímpica y la reforma del actual complejo deportivo de Campclar, así como edificar una residencia para deportistas y una ciudad del fútbol.
Por lo que se refiere al centro acuático, Santagadea propone llevar a cabo una inversión de 5,4 millones de euros, que servirian para hacer realidad la piscina olímpica descubierta con sus graderías y asumir la remodelación de las actuales instalaciones, tanto por lo que se refiere a la zona de agua como al pabellón inaugurado a mediados de la década de los años ochenta por el alcalde Josep Maria Recasens (PSC).
Cabe destacar que, ayer, el concejal responsable de los Juegos de 2017 –Javier Villamayor (PSC)–descartó que esta empresa lleve a cabo esta actuación, ya que «su financiación ya está comprometida entre la Diputació y el Estado». En esta línea, el pasado 10 de junio el Gobierno Central anunció una aportación de tres millones de euros para el evento deportivo, que se destinará para la construcción de la esperada piscina olímpica. Asimismo, la reforma de las actuales instalaciones se pagará mediante una aportación de la Diputació.
Pese a ello, el responsable del ejecutivo socialista no descartó que el Consistorio acepte la colaboración privada para llevar a cabo la gestión futura de los equipamientos que formarán parte del Anillo Mediterráneo. «Ahora empezamos el proceso de estudio de esta fórmula, que en caso de materializarse no quiere decir que se conceda a esta empresa, ya que se convocaría un concurso público» enfatizó Villamayor, quien remarcó que «se trata de una fórmula perfectamente legal que permitiría a los usuarios del Patronat Municipal d’Esports de disponer de más y mejores servicios sin que se les incremente el precio de sus abonos».
Después de los Juegos
Por ello, a lo largo de los próximos meses el ejecutivo de la Plaça de la Font (PSC, PP y Unió) valorará la fórmula que llevará a cabo para la gestión del legado posterior a los Juegos, así como si acepta la propuesta recibida para construir la residencia destinada para los deportistas y los campos de fútbol.
«Se trata de un cambio de escenario que, justo ahora, empezaremos a estudiar» indicó ayer Villamayor, quien remarcó que si finalmente se construye la residencia y la ciudad del fútbol «no tienen por qué estar acabadas para los Juegos del próximo año», ya que son espacios que no serán usados durante la celebración del evento deportivo que se llevará a cabo entre el 30 de junio y el 9 de julio de 2017.
En este sentido, la oferta presentada por parte de la compañía Santagadea prevé una inversión de 6,4 millones de euros para la residencia de deportistas, que estaría situada dentro del plan parcial donde está previsto que se construya el centro comercial de IKEA.
Por lo que se refiere a los campos de fútbol, su coste sería de 4,6 millones de euros y significaría alzar un estadio de fútbol a once de césped natural, otros dos de fútbol a once de césped artificial y otros dos de fútbol a siete de césped artificial.
¿Más deuda?
A lo largo de las últimas semanas varios han sido los departamentos municipales que han realizado informes sobre la oferta presentada por la empresa. En el de Pressupostos i Compatibilitat se indica que «en caso de que el concesionario de la obra no asuma el riesgo operacional, el coste de las actuaciones computaría como deuda municipal, ya que se consideraría avalado por parte del Ayuntamiento».
Esta situación provocaría que «se debería solicitar autorización al órgano competente en materia de tutela financiera, ya que debe tenerse en cuenta de que la ratio de deuda viva está, actualmente, por encima del 110%, que es el límite a partir del cual no es posible recurrir a operaciones financieras a largo plazo» se remarca en el informe realizado por los técnicos del Consistorio.
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