Tarragona, la quinta provincia con más tasa de fallecidas por violencia machista

 

«La realidad es espantosa». Así define la situación de la violencia machista en Tarragona el abogado reusense Gerard Fort, especialista en atención a las víctimas de malos tratos. Fort es uno de los 113 abogados centrados en esta cuestión del Col·legi d’Advocats de Reus. Ayer mismo se celebró un examen para aquellos letrados que quieren formar parte del turno de oficio especializado en violencia machista o de género.

La reacción social a la sentencia que solo condenó a nueve años de prisión a los cinco integrantes de La Manada por violar a una joven en los sanfermines de Pamplona, puso aún más en el candelero una realidad, la de la violencia contra la mujer, en la que Tarragona está a la cabeza. El Tribunal Supremo elevó el viernes 21 de junio la pena a los cinco sujetos al dictaminar que la agresión a la chica había sido un delito continuado de violación y no un abuso sexual, como había considerado primero la Audiencia Provincial de Navarra y luego ratificado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Según datos del Ministerio del Interior, en 2018 se cometieron en la provincia 239 «delitos contra la libertad e indemnidad sexual», cuatro más que en 2017. De ellos 40 fueron «agresión sexual con penetración» (38 en 2017). También se especifican los datos de cinco municipios. En Cambrils hubo que lamentar seis «delitos contra la libertad e indemnidad sexual» (10 en 2017). En Reus fueron 34 cada año. En Tarragona pasaron de 38 a 42. En Tortosa 10 en 2017 y 9 en 2018. Y en El Vendrell 24 y 10.

En lo que respecta a la violencia machista, la intolerable cifra de 28 mujeres asesinadas desde 2003 coloca a Tarragona como la quinta provincia con más tasa de feminicidios (muertes por cada millón de habitantes). Solo la superan Melilla, Almería, Granada y Santa Cruz de Tenerife. 2003 fue el año en que se empezaron a contabilizar oficialmente las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.

Según cifras de la Delegación del Gobierno para la violencia de género, en 2018 se presentaron 3.165 denuncias por violencia machista en la provincia de Tarragona. Son menos que en 2017 (3.352), pero suponen un aumento del 39,30% respecto a cinco años antes: 2.272 en el año 2013. El año 2017 fue el de más denuncias desde 2009, último dato disponible. El año en que menos hubo fue en 2016, con 2.067.
808 órdenes de protección.

Frente a esas 3.165 denuncias, se dictaron 808 órdenes de protección en 2018, 125 menos que el año anterior: 933. El año en que los jueces apostaron más por dicha medida fue en 2009, con 1.001, seguido de 2017. 

Más allá de que la protección a las víctimas tenga que ser más eficaz y de que los políticos se pongan las pilas (solo se han aplicado una cuarta parte de las 290 medidas que aprobó hace año y medio el Pacto de Estado contra la Violencia de Género), ¿qué se puede hacer para paliar o combatir la violencia contra la mujer?
Una de las claves es la educación, según asegura Cristina Santos, responsable de la comisión de violencia de género e igualdad del Col·legi d’Advocats de Reus. Uno de los objetivos de la comisión es impartir charlas en colegios a los chicos y chicas, pero sobre todo a los profesores para que imbuyan a su vez que cualquier tipo de violencia machista es intolerable. «Queremos formar especialistas con visión de género en el mundo de la educación», resume Santos.

La abogada reclama también que se habilite un espacio en los juzgados de Reus que permita la privacidad entre abogado y víctima. Y que se evite el contacto visual entre la agredida y su agresor o los familiares de éste.

El Col·legi d’Advocats de Reus es pionero en atención integral y continuada a la víctima de violencia machista. El mismo abogado atiende a la mujer desde que se atreve a presentar una denuncia ante los Mossos o la Guàrdia Urbana de Reus hasta el momento del juicio pasando también por cuestiones civiles (divorcio, custodia de los hijos, pago de pensión...) o administrativas (ayudas a la mujer maltratada, por ejemplo). Santos se enorgullece de que la relación del Col·legi con la Urbana y los Mossos es «excelente».

Atreverse a denunciar es clave, pero lo es más aún seguir todo el proceso judicial, resistir a las presiones del entorno del agresor o incluso de la propia víctima. «Aparte de la valentía, la mujer tiene que enfrentarse a la brutal negativa de su familia a apoyarla. Le preguntan ‘¿has pensado bien si denuncias a...?», lamenta Fort.

A lo largo de su carrera, Fort ha tenido que atender a maltratadas de todas las edades (incluso a una mujer de 77 años que dijo «basta» tras toda una vida de sufrimiento) y de todos los estratos sociales. «No es cierto que el maltrato solo se produzca en familias desestructuradas», asegura, antes de advertir que es fundamental que la víctima sienta que estará protegida y acompañada durante todo el angustioso proceso de ruptura con el agresor y su entorno.

A Fort, como abogado del turno de oficio, le ha tocado defender a presuntos maltratadores. «No es agradable, pero es nuestro deber. El derecho a la defensa es un derecho constitucional y nadie es culpable hasta que lo decide un juez», sentencia el letrado.