El Saló de Plens del Ayuntamiento de Tarragona aprobó ayer rebajar en un 90% el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que paga la Diputació por la propiedad de la Tarraco Arena Plaça (TAP), que asciende a unos 20.000 euros anuales y que se suman a los otros 14.000 que el inmueble abona por la basura. De esta forma, el Consistorio acepta la petición realizada por parte del presidente de la administración provincial, Josep Poblet (PDeCAT), para que el Ayuntamiento declarara que en el equipamiento se llevan a cabo «actividades económicas de especial interés o de utilidad pública», un hecho que, según las ordenanzas fiscales vigentes en la corporación de la Plaça de la Font, le da derecho a beneficiarse de la bonificación.
La medida contó con el apoyo del gobierno –PSC y PP– al que se le sumó Ciutadans. Units per Avançar se abstuvo y, sorprendentemente, votó en contra el PDeCAT, que es la formación que preside la corporación supracomarcal desde hace varias décadas. También se opusieron a la medida Esquerra Republicana e ICV, además de la CUP, que ayer no votó.
«Se beneficia a un privado»
El portavoz del Partit Demòcrata, Dídac Nadal, sorprendió a propios y extraños al rechazar la rebaja. «Los tarraconenses sufren una de las cargas fiscales más elevadas de todo el Estado, pero no he visto ninguna propuesta para rebajarlas», criticó el político de la formación soberanista, quien añadió: «La TAP es objeto de una concesión administrativa, por lo que es el gestor quien asume el pago del IBI. Con esta bonificación estamos beneficiando a un privado», recalcó Nadal, quien considera que la iniciativa aprobada ayer es «un despropósito».
De manera muy parecida se expresó Jordi Fortuny (ERC). «La propiedad pública del equipamiento queda desvirtuada por la gestión privada. La Diputació no ejerce la propiedad pública, ya que la TAP la gestiona una empresa con ánimo de lucro», aseguró el edil independentista, quien recordó que «en ese emplazamiento se venden hamburguesas. Ahora podríamos estar incurriendo en una competencia desleal con los establecimientos del entorno que también lo hacen».
Fortuny recordó que «los organizadores del Concurs de Castells tuvieron que pagar 3.000 euros por cada día de actuación para usar el espacio». Laia Estrada (CUP) calificó la medida de «vergonzosa». Las tres formaciones siguen la línea del informe del Cap de Gestió Tècnica de Cultura, que indica que no debería aceptarse la bonificación porque «la explotación del espacio corresponde a un promotor privado», además de que «la mayoría de las actividades son de pago».
Inversión de 27 millones
El alcalde Ballesteros (PSC) justificó su decisión de bonificar a la Diputació –un ente del que es vicepresidente– debido a que «realizó una inversión de 27 millones, alberga 200.000 personas al año y genera un impacto económico de diez millones al año».
En la línea favorable a la rebaja del impuesto han realizado informes la Cap Administrativa d’Exaccions sobre la Propietat Immobiliària y el Cap Administratiu de Promoció Comercial, que considera que el emplazamiento «ejerce como locomotora de atracción de público», un hecho que, según indican, «genera un aumento de las ventas de los comercios del entorno».
Rubén Viñuales –que es diputado provincial– justificó su apoyo al gobierno porque la TAP «es una instalación única en España» y acusó a ERC y PDeCAT de «ver conspiraciones judeo masónicas» y de sufrir «trastornos bipolares» por votar diferente en la Diputació y el Ayuntamiento sobre el mismo tema.
