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Los dos principales municipios de la demarcación –Tarragona y Reus– deberán contar con Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) antes de 2023. Como mínimo, esto es lo que se establece en el anteproyecto de ley de Cambio Climático que prepara el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que comportaría la necesidad de que ambas localidades adaptaran sus propios Madrid Central o, lo que es lo mismo, un entorno donde –con la excepción de los residentes– el tráfico de vehículos quedaría restringido a vehículos eléctricos o híbridos.
Según anunció recientemente el ejecutivo liderado por Pedro Sánchez (PSOE), el Gobierno obligará a los 150 municipios con más de 50.000 habitantes del Estado a establecer Zonas de Bajas Emisiones, con restricciones al tráfico rodado más contaminante.
El gabinete formado por socialistas y Podemos declaró en enero la Emergencia Climática en España, que también prevé «medidas fiscales disuasorias». En Catalunya hay otras 21 ciudades afectadas por la medida: Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Badalona, Sabadell, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Girona, Sant Cugat del Vallès, Cornellà de Llobregat, Sant Boi, Manresa, Rubí, Vilanova i la Geltrú, Castelldefels, Viladecans, El Prat de Llobregat, Granollers, Cerdanyola del Vallès y Mollet del Vallès.
La iniciativa ya estaba perfilada en el Plan Nacional de Calidad del Aire, donde se fijaba el año 2023 como el horizonte temporal para que entrara en vigor. Esa misma fecha, pero sin vinculación alguna, se recoge en el Anteproyecto de ley que salió a información pública. El Anteproyecto también solicitaba a los consistorios que aprobaran medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo, para mejorar y electrificar el transporte público y para fomentar del uso de medios de transporte eléctricos privados, incluyendo puntos de recarga.
«Sin sostenibilidad no hay futuro»
Desde el Ayuntamiento de Tarragona se ve con buenos ojos la propuesta. «Ahora mismo no podemos valorarla al detalle, ya que aún no la tenemos formalmente concretada porque se trata de un anteproyecto. Pero que las ciudades grandes tengan el control de las emisiones y medidas para bajar las emisiones y que haya una planificación al respecto nos parece una buena idea», afirma el portavoz del equipo de gobierno, Xavier Puig (ERC), quien añade: «Estamos haciendo muchas cosas que van en esta línea, precisamente. La cuestión de la emergencia climática es una prioridad de este gobierno. Por ello, la sostenibilidad es uno de los dos principios rectores de nuestra obra».
Asimismo, Puig resalta que «la idea de descongestionar el coche en el centro de la ciudad es una idea que es prioritaria para nosotros», ya que «sabemos que las ciudades sin sostenibilidad no tienen ningún futuro».
La medida, sin embargo, divide al sector económico. Desde Pimec, Raül Font considera que «se trata de una medida absurda en Tarragona», ya que «somos una ciudad abierta sin montañas que la rodeen y donde, además sopla Mestral muy a menudo». Por su parte, desde la Associació de l’Hostaleria, Javier Escribano considera que «estas medidas favorecerán la conservación de nuestros activos turísticos más importantes, como son las playas y el patrimonio histórico», por lo que «favorecerán la actividad económica, siempre que haya una buena red de parkings disuasorios».
