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Tres condenados por el vertido y el hundimiento de la gabarra 'Savinosa'

La contaminación no salió del límite del puerto y los trabajos de limpieza se prolongaron durante cinco meses
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La gabarra se fue a pique por la zona de popa. Buena parte quedó hundida bajo las aguas del puerto.  Foto: Txema Morera/DT

La gabarra se fue a pique por la zona de popa. Buena parte quedó hundida bajo las aguas del puerto. Foto: Txema Morera/DT

Fue uno de los peores episodios de contaminación marina que se han producido en los últimos años en Tarragona. El hundimiento en 2008 de la gabarra Savinosa yel posterior vertido de más de mil toneladas de combustible a las aguas del puerto generó, además, un «grave riesgo medioambiental». Las labores de limpieza se prolongaron durante más de cinco meses. Ahora, finalmente, todas las partes personadas en el caso penal han llegado a un acuerdo. Éste contempla tres meses y un día de prisión –substituible por el pago de una multa de 910 euros– y una multa de 605 euros como responsables de un delito ecológico por imprudencia grave. Además, durante medio año no podrán ejercer profesión y/u oficio consistente en la constitución o participación accionarial en sociedades cuya actividad sea la consultoría medioambiental de buques. Los condenados son César P.A., capitán de la gabarra; Victoriano O.A., gerente de Boteros y Amarradores de Tarragona SL, y Antonio A.G., marinero bombero.

La sentencia, a la que ha tenido acceso el Diari, señala que la madrugada del 9 de septiembre de 2008 la gabarra estaba amarrada en el Moll de Reus del puerto de Tarragona y se fue a pique por popa. Su actividad principal era el repostaje de combustible a otros buques. La embarcación, de 38 metros de eslora, cuatro de calado y 1.100 toneladas de peso muerto, tenía capacidad para 800.000 litros de fuel y 310.000 de gasóleo. Debido a que era monocasco, a partir del 23 de octubre del mismo año tenía que ser apartada del servicio de suministro de carburantes.

 

Licencia casi caducada

Pese a conocer los acusados la próxima expiración de la vida útil de la gabarra, la maniobra habitual de atraque en el muelle la llevaba a cabo el acusado Antonio A.G. sin asistencia de los servicios de práctico y sin oposición del capitán acusado. La maniobra de atraque que realizaban implicaba reiterados golpes en el cintón –listón que rodea el casco de los barcos– de la aleta de babor. Los mismos, con el paso del tiempo, provocaron una fisura de 21 centímetros, que afectó a uno de los tanques de lastre, que estaba vacío. Al hallarse la gabarra a plena carga, el agua se coló por la fisura, provocando el hundimiento. «Ello sucedió sin que nadie diera aviso previo de su desestabilización previa al hundimiento ni se efectuara ningún tipo de labor de achique», señala la sentencia.

Horas antes del hundimiento, mientras el agua se colaba por la fisura, sólo había una persona de guardia, de la que no consta nombre ni calificación profesional ni técnica, perteneciente a la empresa Boteros y Amarradores. El acusado Victoriano O.A. no se cercioró de que los capitanes hubieran dispuesto de medios para controlar que la tripulación mínima exigible estuviera a bordo durante la noche anterior al siniestro, por lo que nadie pudo apercibirse de la desestabilización de la gabarra ni adoptar medidas en evitación de accidente o, en el peor de los casos, para minimizar la entidad de la contaminación.

Según los datos de la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos, la carga antes del hundimiento era de unas 760 toneladas de fuel oil y 280 metros cúbicos de gasoleo, además de 1,5 m3 de aceite térmico y cuatro de gasóleo de carga de consumo.

Inicialmente, la inundación del dique de popa fue muy lenta, hasta que el nivel de hundimiento de la grieta y la entrada de agua por los tubos de aireación la aceleraron. No fue hasta ese momento cuando un marinero que estaba en la gabarra se percató de ello y abandonó el buque.

Tras el hundimiento hubo contaminación del medio marino ya que se produjo una fuga de fuel al mar, inicialmente desde los tubos de aireación de popa. Pero posteriormente saltó la tapa del tanque de carga número 1 y la cantidad vertida aumento significativamente. La tapa saltó por la falta de estanqueidad de la misma, que no había sido verificada por ninguno de los acusados ni en especial por el encargado director de tal cometido, Antonio A.G.

 

Planes de emergencia

El 9 de setiembre se activó el Pla d’Emergències de la Generalitat, el Pla Interior de Contingències de l’Autoritat Portuària de Tarragona y el Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marina Accidental, el cual se mantuvo activo hasta el día 24 del mismo mes.

La contaminación ocasionada por el vertido se extendió por las dársenas de los muelles Reus, Rioja, Castella, Aragó y Lleida, sus defensas y otras instalaciones del muelle, así como al varadero, la escollera y los cascos de diversos buques atracados.

Como consecuencia de las operaciones de limpieza se recuperaron 662,1 m3 de fuel oil y 183 de gasóleo, lo que implica que el combustible que se quedó en el mar fue de 137,9 y 101, respectivamente. «Esto implicó un grave riesgo de afectación al ecosistema marino», recalca la sentencia. El Instituto Nacional de Toxicología consideró que desde el momento de las fuga de combustible –con anterioridad a las labores de limpieza– se había generado un grave riesgo medioambiental ya que podrían haberse visto afectados los ecosistemas marinos y sus usos.

 

La limpieza

La contaminación no llegó a salir de los límites del puerto. Tras la limpieza sólo quedó una pequeña afectación a las aguas, subsuelo y plancton marino, que implica bajo riesgo medioambiental y circunscrito a la zona del Moll de Reus.

La Autoritat Portuària incoó un expediente informativo –suspendido por la pendencia de la causa penal–, que concluyó con propuesta de sanción por once infracciones leves, siete graves y cuatro muy graves. La gabarra tuvo que ser reflotada el 20 de septiembre para llevar a cabo estudios técnicos sobre la causa de su hundimiento.

Salvamento Marítimo, a consecuencia de las labores de limpieza, tuvo unos gastos de 875.088 euros, si bien llegó a un acuerdo extrajudicial con Boteros y Armadores y cobró 450.000 euros. Por su parte, también pagó 68.639,22 euros a la Autoritat Portuària.

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